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No deja de ser triste notar que el sistema inmunológico de algunos economistas no ha podido generar defensas ante el virus del apego fanático por las reglas fiscales y las calificadoras de riesgo. Los contagiados por ese virus logran pasar desapercibidos —tal vez como asintomáticos— cuando el país se columpia con los vaivenes usuales de la economía, en parte porque en tiempos de relativa estabilidad —ahora prácticamente todos los tiempos diferentes a los actuales—, el público general no les para bolas.
Pero hoy, cuando estamos más cerca que lejos de un escenario de recesión o depresión económica, con una crisis social intensa, es más importante que nunca mantener la distancia social con esos predicadores de dogmas económicos, defensores de la inflexibilidad en la política fiscal.
Las reglas de política económica pueden ser útiles, como la regla que limita el déficit fiscal (la regla fiscal); sin embargo, hay que quitarles el aura de sagradas. Ganan las reglas sobre la discreción si atienden mejor el objetivo de brindar bienestar a los ciudadanos. Y eso depende de las circunstancias. No dejaríamos prendido el piloto automático mientras el avión se dirige hacia una tormenta, ¿cierto? El balance de si optamos por reglas o por discreción debe estar en constante revisión. Dirán algunos que depende de la tormenta. Bueno, la crisis de la pandemia del coronavirus es vista por organismos internacionales como la peor crisis económica desde la gran depresión de los años 30. No vamos camino a un chaparrón ligero.
Preocuparse entonces por una regla fiscal diseñada para tiempos de relativa estabilidad es absurdo. Aunque hemos avanzado en el consenso de enfrentar la crisis con intervenciones del Gobierno y gastos extraordinarios, falta más. Se habla de que el gasto en Colombia para enfrentar la emergencia representa hasta ahora 1,5 % del PIB. Otros países, al mismo tiempo, tienen ya previsto destinar más del 10 % de su PIB; el vecino Perú es uno de ellos.
Por último, en el asunto de mitigar la obsesión por las reglas, es importante desmitificar las calificadoras de riesgo, que parecen los cancerberos de la tan respetable y moralmente erguida disciplina fiscal de los fanáticos. Aunque no hay duda de que una mala calificación puede hacer más costoso el endeudamiento del Estado colombiano, se habla menos de que las calificaciones de estas firmas protegen los intereses de los acreedores, no de todos los ciudadanos, mucho menos los de los más pobres.
El bienestar de los vulnerables o la disponibilidad de equipos médicos no hacen parte de los objetivos misionales de las calificadoras. Así, cuando defienden la disciplina fiscal, incluso si esta significa un fuerte apretón social en momentos de crisis, solo buscan que no se toquen los recursos para pagarles a los acreedores de la deuda externa. No son entidades estrictamente técnicas, son políticas.
Ojalá las calificadoras entiendan que lo peor para sus clientes sería el derrumbe de las economías sin una respuesta fiscal asertiva, y ojalá entiendan que dejar de lado la regla fiscal es lo mejor para la gente y también para sus acreedores. Si son miopes y condenan al Estado colombiano por salvar a su población vulnerable: ¡triple C para ellas!
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst; profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
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