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A medida que se extiende la cuarentena empieza a oler peor.
Ampliar la cuarentena baja el contagio y gana tiempo para acondicionar el sistema de salud. Se entiende. Pero ahora ya estamos viendo que, ante esta primera gran crisis de seguridad pública que no es de corte militar, el Estado está respondiendo con la fórmula de seguridad de siempre.
La receta consiste en un caldo de injusticia y desconfianza frente a la mitad más pobre de la población, turbio para que no se sepa de qué está hecho, cargado en favor de los grandes empresarios y financieros, con una buena dosis de miedo y un fuerte sabor a autoritarismo. Va adornado, eso sí, con decenas de decretos para que parezca democrático y legal.
Aromatizan el brebaje para que no huela a lo que debería oler sabiendo lo que lleva. Anuncian giros de miles y millones a las familias del Sisbén y trillones de almuerzos para escolares que no están estudiando para que parezca que hay solidaridad. Pero es misérrimo el apoyo a los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos, comparado con los subsidios que les dio, por ejemplo, Perú, una economía comparable a la nuestra; y no cesan las denuncias desde Boyacá, Popayán, Barranquilla, de que los almuerzos no llegan a todos, ni completos.
Divulgan que habrá chorros de dinero para que los bancos les presten a empresarios, pero vamos viendo que, sin condonación de créditos a quienes preserven los empleos, las empresas pequeñas y medianas están prefiriendo cerrar antes que profundizar su quiebra con deudas. ¿Por qué no empieza por ellas la “recuperación responsable y gradual de la actividad económica”? ¿Podrán ser menos responsables que la minería? ¡Por favor!
El último toque de la receta es aceitar todo con autoritarismo, para que la gente sienta que hay un “salvador” que pone orden y, al tiempo, para enviar el mensaje de que no se tolerarán disidentes (salvo los protegidos por el favor oficial). La respuesta más efectiva al clamor social son multas, cárcel y policías espantando a vendedores ambulantes quienes, al contrario de los supermercados de cadena, no pueden vender comida. (¿Suena conocido, no?).
Una sola medida, la de exceptuar a chances y loterías en esta extensión de cuarentena, devela el carácter real de esta batalla.
Le parece al Gobierno que 50.000 chanceros manoseando plata y entregando números casa por casa por los barrios populares de las ciudades colombianas son menos peligrosos para esparcir el virus que sesentones y niños paseando un rato en un parque vacío (como hoy se permite en varias ciudades del mundo).
¿El chance es esencial para la supervivencia nacional? ¿Por qué habilitar este negocio que puede propagar el coronavirus y explota la desesperación de la gente cuándo más necesita dinero?
El presidente Duque explicó que del chance salen impuestos para la salud y eso lo justifica. En otras palabras, que los más pobres contribuyan en proporción mayor. ¿No aportan hoy ya a la salud las apuestas online? ¿Será que el lobby de los chanceros tiene un partido amigo en Palacio?
La excepción a la apuestas “esenciales” es apenas una prueba rápida de la poción.
El Gobierno toma sus decisiones con poca transparencia y no explica por qué excluye a unos y a otros no. Se presenta solidario y magnánimo como si a todos favoreciera, pero en realidad privilegia siempre a la gran banca e industria. En casi todos los frentes, opta por la amenaza con castigo más que por la pedagogía. Queda divinamente en el exterior por su talante democrático, pero sin la fatídica receta no podría sostenerse un solo día en el poder.
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