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En Medellín, Robocop fue presentado en agosto de 2021 como una de las soluciones a la inseguridad en la ciudad, ya que nada podría escaparse a su vigilancia al contar con cámaras móviles de reconocimiento facial, identificación de placas, predicción del delito, sensores térmicos y audio interactivo, con la capacidad de funcionar 24 horas, en lugares críticos, gracias a paneles solares.
Sin embargo, su implementación no ocurrió en dos meses como se prometió, y solo uno de los 40 que llegarían a la ciudad entró a operar como piloto, por lo que la Personería de Medellín abrió una investigación contra dos funcionarios que estarían involucrados en la adquisición del sistema de monitoreo: Ana María Betancur Martínez, asesora de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, y Edwin Muñoz Aristizábal, gerente de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU). Debido a esto, la Alcaldía detuvo el proyecto de implementación del nuevo sistema.
“Los organismos de control revisan cada una de las actuaciones en el marco de la adquisición de la tecnología. Para estos casos, la ESU ha atendido oportunamente todos los llamados y ha aportado toda la información requerida. Además, como medida de transparencia hacia la ciudadanía, la entidad ha determinado esperar a que estos procesos finalicen para continuar con la comercialización de nuevos Robocop para Medellín”, indicó la ESU a El Espectador.
La adquisición de este sistema fue hecha por la Empresa de Seguridad Urbana el 13 de mayo de 2021, a través de la empresa Unión Eléctrica S. A., mientras que en agosto de ese año se hicieron las evaluaciones de costos de funcionamiento y adquisición de los 40 Robocop, que en un principio prometió el alcalde Daniel Quintero.
Aunque no se conocen muchos detalles de la investigación, la Personería tendría la mira puesta en los costos de la implementación del Robocop, ya que en una primera fase el proceso estuvo a cargo de la ESU, que luego entregó todo el sistema a la Secretaría de Seguridad de Medellín para que se encargara de su adaptación y operación.
Es por ello que en el caso de Ana María Betancur Martínez, quien es asesora por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, la ESU ha aclarado que ella “no tuvo ninguna vinculación con el proceso de adquisición de los equipos y su requerimiento tuvo, como finalidad, aclarar los términos del proceso de respuesta de un derecho de petición respecto al tema, y tan pronto sea prudente por la reserva que exigen las autoridades, se dará a conocer en detalle”.
Lo cierto es que hasta el momento tampoco se ha podido cumplir con lo prometido. Aunque el Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil (Simin) fue presentado hace nueve meses, solo hasta abril entró en operación uno de los aparatos, que ha sido ubicado de manera temporal en la Terminal del Sur, el estadio Atanasio Girardot, el centro de eventos Plaza Mayor y los corregimientos de San Antonio de Prado, Santa Elena y San Cristóbal, entre otros. Pese a ello, tampoco se conocen los resultados.
Pero este no es el único sistema de monitoreo con el que cuenta Medellín. El Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias tiene 2.890 cámaras, 400 de ellas con sistema de reconocimiento de placas, así como hay 11 subsistemas de atención y reacción, junto a un equipo de 30 visualizadores especializados en seguimiento, identificación y localización de objetivos en territorio, con el que según la Secretaría de Seguridad se ha aumentado en un 30 % las capturas en flagrancia frente a 2021 y una reducción del 8 % en los homicidios, en comparación con las cifras del primer semestre del año pasado.
“Tuvimos una reducción de homicidio entre el 30 y 40 %. Rompimos con los pactos criminales, que de alguna manera permitían que se hicieran domicilios en el barrio y ajustes de cuentas”, señaló el alcalde Daniel Quintero.
El problema, según la Policía Metropolitana de Medellín, es que no han bajado los hurtos. En 2021 se presentaron 10.002 robos en el primer semestre en la ciudad, mientras que lo que va corrido de 2022 se han reportado 12.905 casos, lo que no solo preocupa a las autoridades, sino además a la ciudadanía.
¿Son efectivas las medidas?
Para Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación de Antioquia (IPC), es equivocado intentar mejorar las condiciones de seguridad en Medellín desde un enfoque únicamente punitivo. Según ella, las cámaras no serían necesarias si en un primer lugar se implementaran políticas que impacten de manera estructural la educación y el empleo en la ciudad.
“Hace mucho rato se viene insistiendo desde diferentes sectores para que en Medellín haya un compromiso real en aras de implementar políticas públicas con enfoque de seguridad humana, donde se garanticen los derechos a la población y donde la apuesta sea porque los y las jóvenes que no tienen oportunidades no vean como única opción el unirse a grupos armados ilegales para su sustento económico”, indicó Osorno.
Expertos en seguridad también creen que hay falencias. Andrés Preciado, docente en seguridad y criminalidad de la U. Eafit, indicó a El Colombiano que no se han tenido en cuenta otros factores, como el personal que se requiere para analizar los datos que recopilen estas tecnologías. “Debe estar apoyado por integrantes de la Sijín y personal de fuerzas especiales. De lo contrario, no dará los resultados esperados”. Por lo pronto, mientras avanza la investigación de la Personería, se esperan conocer resultados, así como más detalles de cómo funcionarán estas nuevas tecnologías en la ciudad.
