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Nunca ha existido algo tal como un “oasis” para periodistas en la Tierra, pero Estados Unidos fue, durante décadas, lo más cercano que tuvieron a esa idea decenas de personas del gremio. Allá fueron a parar reporteros de El Nacional y otros medios cerrados por el régimen venezolano, así como cubanos hostigados en La Habana. La sala de redacción de Confidencial, de Carlos Fernando Chamorro, llegó a operar desde el exilio en Miami, huyendo de la persecución en Nicaragua. Hoy, sin embargo, todos los que se fueron ven con horror cómo ese “refugio” al que llegaron se convirtió en lo mismo de lo que escapaban.
“Desde que asumió el cargo hace seis meses, Donald Trump ha combinado años de ataques verbales contra periodistas con nuevas acciones concretas para limitar la libertad de prensa. Muchas de estas tácticas no son nuevas: es la misma estrategia que hemos visto emplear a los depredadores de la libertad de prensa en todo el mundo. Pero es evidente que Trump ha amplificado este fenómeno”, señaló Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras, alarmado por la situación para la prensa en el país.
Luego de que llamara a la prensa “enemiga del pueblo”, nadie esperaba que los medios tuvieran tranquilidad durante la segunda presidencia de Trump. Sin embargo, ni el pronóstico más pesimista apuntaba a los niveles de asedio vistos en estos primeros seis meses. El caso de Mario Guevera, un periodista de origen salvadoreño que fue encarcelado en el sur de Georgia tras cubrir las protestas contra las políticas migratorias de Trump, exhibió los nuevos alcances del gobierno frente a la prensa.
Guevara hace parte de esa ola de periodistas que llegó a Estados Unidos buscando refugio, luego de ser atacado en una manifestación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, mientras trabajaba para La Prensa Gráfica en 2003. Desde su llegada a Estados Unidos, el reportero construyó en los últimos 20 años una audiencia propia a partir de sus reportajes sobre migración, llegando a acceder a centros de control migratorio y revelar las condiciones precarias que se viven allí.
El pasado 14 de junio, mientras cubría las protestas contra Trump en Georgia, Guevara fue arrestado en la ciudad de Doraville por “obstrucción a un agente del orden”, “caminar en la vía vehicular” y “reunión ilícita”. Aunque los cargos fueron retirados pronto, el sheriff del condado de Gwinnett presentó nuevos cargos por delitos como tráfico, lo que hizo que Guevara continuara bajo arresto. Aunque estos nuevos cargos también fueron retirados, el salvadoreño continúa bajo arresto, convirtiéndose en “el único periodista en prisión en Estados Unidos como represalia directa por sus reportajes”, de acuerdo con José Zamora, director regional para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
El teléfono de Guevara desapareció y ninguna agencia ha respondido por este, pero lo que es peor: se ha usado su situación migratoria para someterlo por su cubrimiento en las protestas. Los agentes del Servicio de Inmigración (ICE) buscan deportarlo, pese a que el reportero cuenta con un permiso de trabajo y tiene la “Green Card” gracias al patrocinio de su hijo, quien nació en Estados Unidos hace 21 años.
“En estas últimas tres semanas, he estado en cinco cárceles diferentes y creo que el gobierno está intentando manchar mi historial para deportarme como si fuera un delincuente”, dice Guevara.
Copiando el modelo Chávez contra la prensa
Al encarcelamiento de Guevara se suman otras tácticas contra la prensa copiadas de gobiernos autoritarios, como explicó Weimers, que no se vieron durante su primer mandato de Trump. Entre estas destaca el castigo por el uso de palabras “indeseables”, como le ocurrió a la Associated Press (AP), agencia que fue bloqueada del acceso a la Oficina Oval por resistirse a llamar “Golfo de América” al Golfo de México. Es una acción semejante a la prohibición general a los medios en Rusia para llamar “invasión” a la invasión a Ucrania en 2022.
Trump también ha cooptado los medios y se los ha dado a aliados económicos y políticos, tal y como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela tras el cierre de RCTV, que fue reemplazada por el canal estatal TVes, o con la venta de Globovisión, que fue vendida a un grupo de empresarios cercanos al chavismo. Tras ganar una demanda contra Paramount, propietaria de la cadena de noticias CBS en Estados Unidos, Trump facilitó la llegada de David Ellison, un hombre cercano a él y director ejecutivo de la compañía Skydance Media, al control de la empresa.
Por supuesto: las tácticas no solo son exclusivas de la izquierda. Al desmantelar la National Public Radio (NPR) y la Public Broadcast Service (PBS), Reporteros Sin Fronteras recordó cómo el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil intentó desmantelar la Empresa Brasil de Comunicação (EBC), una de las emisoras públicas más importantes del país. Y las demandas a los medios como la que lanzó Trump contra Paramount recuerdan las operaciones de asfixia económica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra El Faro.
“El gobierno de Trump ha emprendido la campaña más flagrante contra la libertad de expresión que he visto en mi vida. Este es un gobierno revanchista que ha atacado a sus críticos”, señala Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.
La pregunta es: ¿cómo hizo Trump para dominar a la prensa en su segundo mandato? El secreto de su eficacia está en que, a diferencia de su primer gobierno, Trump ahora cuenta con un Departamento de Justicia alineado y un presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) dispuesto a ejecutar su agenda. Sin embargo, el quiebre también se da en cómo los dueños de los medios reaccionan al asedio de Trump.
Jeff Bezos, propietario de The Washington Post, ordenó reducir la sección de opinión del periódico. La ABC, por otro lado, resolvió un caso de difamación incluso antes de que Trump asumiera el cargo. Ambas decisiones estuvieron motivadas por el miedo a represalias económicas, lo que dibuja un escenario todavía más siniestro para la prensa en el país.
“(Estos casos) le han dado poder”, dijo Andrew Jay Schwartzman, abogado especializado en regulación de medios y asesor principal del Instituto Benton para Banda Ancha y Sociedad, a The New York Times.
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