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En las próximas semanas (antes de que acabe marzo), el Tribunal Administrativo de Santander deberá tomar una decisión muy importante: ordenar (o no) el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco, el lugar que recibe el 64 % de las basuras del departamento.
La preocupación para los siete municipios, incluidos los del área metropolitana de Bucaramanga, que actualmente disponen sus basuras allí, es que a la fecha no han encontrado alternativas. “Afortunada, o desafortunadamente, la única opción sigue siendo el relleno sanitario El Carrasco para unas mil toneladas diarias de basura”, dice Helbert Panqueva, gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), encargada de este lugar. (Puede ver: Descubren una nueva especie de mamífero en Perú)
Hoy el relleno funciona gracias a una declaratoria de calamidad pública que va hasta junio. En diciembre del año pasado, sin embargo, el juez 15 Administrativo de Bucaramanga falló un incidente de desacato en el que recordó, una vez más, que el lugar debe ser cerrado. De acuerdo con su decisión, se ha realizado un uso indebido de figuras como “la expedición de decretos de emergencia sanitaria, existencia de situación de riesgo de calamidad pública y calamidad pública, por cuanto a la fecha no se ha dado cumplimiento integral a la sentencia respecto al cierre definitivo de El Carrasco y la búsqueda de un nuevo lugar”. El caso pasó, entonces, a manos del Tribunal Administrativo de Santander, que tendrá la última palabra.
¿Por qué los jueces hablan de un desacato? ¿Por qué dicen que se ha realizado un uso “indebido” de figuras como, por ejemplo, la calamidad pública? Aunque parezca algo reciente, el lío con este relleno sanitario tiene más de dos décadas. (Puede ver: Uno de cada siete tiburones de aguas profundas estaría en riesgo)
El eterno problema de Santander
El problema comenzó a inicios de los años 2000, cuando habitantes del barrio Porvenir, de Bucaramanga, ubicado a menos de un kilómetro del relleno, interpusieron una acción popular denunciando múltiples afectaciones como contaminación de las fuentes hídricas, especialmente de la quebrada La Iglesia, por el vertimiento de lixiviados (el líquido que se genera cuando se descomponen los desechos), además de los malos olores y la concentración de, reportaban entonces, miles de gallinazos (Coragyps atratus).
Todo eso, dice la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental encargada del control de este lugar, se debía al incumplimiento que había entonces del Plan de Manejo Ambiental del relleno. Por eso, y por la “vulneración de los derechos e intereses colectivos de los habitantes de los barrios vecinos a El Carrasco” que eso significaba, el 11 de marzo de 2011 un juez ordenó el cierre del relleno. (Puede ver: En 2024 se vivió el febrero más caluroso jamás registrado)
Esa orden, dada hace ya más de diez años, nunca se cumplió. La razón es relativamente sencilla de entender: no se han encontrado alternativas para disponer la gran mayoría de las basuras de Santander. “Opciones en este momento no hay (…) Ya se ha logrado demostrar que no es por negligencia, capricho ni intereses personales, sino que no han sido viables las opciones que han analizado”, dice el gerente de la EMAB.
Con “opciones” el funcionario se refiere a las ocasiones en las que el departamento buscó acatar la orden judicial y cerrar El Carrasco. El 14 de agosto de 2021, cuando se cumplía el límite de cierre que otro juez había ordenado, los 16 municipios que disponen su basura allí decidieron cumplir la orden, pero esto se tradujo en calles llenas de basura, malos olores y carroñeros en las esquinas. Las autoridades intentaron dos cosas: enviar la basura a Aguachica (Cesar) y a Medellín (Antioquia).
Pero ambos caminos tenían un gran problema: eran muy costosos. Para entender esto, basta conocer el caso de Floridablanca, municipio del área metropolitana de Bucaramanga de poco más de 260.000 personas, para el que disponer los residuos en estos lugares aumentaba el costo de $107.000 por tonelada, a $258.000 si se enviaba a Aguachica y a $568.000 si era a Medellín. Por esto, lo que han hecho los municipios es declarar la calamidad pública, figura que les permite seguir usando el relleno, pese a la orden judicial de 2011 de cerrarlo. (Puede ver: Otra deuda con las mujeres: reconocer su aporte en la conservación)
Actualmente, solo siete municipios disponen las basuras en El Carrasco: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, California, Matanza y Rionegro. Históricamente, han sido 16, pero desde el cierre ordenado en 2021, municipios como Lebrija y Los Santos, que disponen menores cantidades, decidieron llevarlos a otros rellenos como el de San Gil y Pamplona, para evitar que se abrieran investigaciones contra los alcaldes. “Sin embargo, ahora, casi todos, están pidiendo la posibilidad de volver a El Carrasco, porque llevar sus basuras a otros municipios ha generado mayores gastos y riesgos”, afirma Panqueva.
Aunque la solución a la que apuntan las órdenes judiciales es que Santander debe buscar otro lugar para un nuevo relleno, esto no se ha logrado en más de dos décadas. En 2021 se identificaron varios lotes que, se creyó, podrían servir, pero no fue posible concretar ninguna. En Lebrija, por ejemplo, se encontró uno, pero la comunidad se negó a recibir los residuos. Caso similar se presentó en la vereda Chocoita, en Girón; un sitio al que se le otorgó licencia ambiental en 2011 para operar, pero donde la comunidad se opone, pues los camiones llenos de basuras tendrían que atravesar el municipio para llegar a su destino final. Este último caso también pasó por un juzgado, donde se falló a favor de los habitantes. Ante este panoramá, ¿qué hacer?
Soluciones difíciles
Hoy El Carrasco es un sitio distinto al de los años 90, pues los olores y la presencia de carroñeros han disminuido, dice la EMAB. Según ellos, ya no existen las condiciones ambientales que provocaron que un juez ordenara el cierre del relleno en 2011. El gerente sostiene que en El Carrasco hay un correcto manejo de los residuos sólidos y lixiviados.
Esa teoría la respalda también la autoridad ambiental, que le explicó a El Espectador que ha observado “un mejoramiento en los procesos de construcción de canales de control pluvial y captación de lixiviados, así como el funcionamiento de la planta de tratamiento de lixiviados. Sin embargo, no podemos desconocer ni pasar por alto una orden judicial de obligatorio cumplimiento”. Es decir, a pesar de que la situación ha mejorado, la orden se debe acatar. (Puede ver: Rechazan la muerte de un puma en Villa Caro)
La EMAB considera una opción: que el Gobierno nacional expida un decreto transitorio en el que se suspenda la acción sancionatoria y les dé un periodo de tres a cinco años para poder desarrollar un proyecto de un parque tecnológico en donde, entre otras cosas, haya una estación de preclasificación de los residuos y un biodigestor para generar biocombustible.
Esto último es una idea que también respalda Consuelo Ordóñez, exdirectora de la EMAB y actual directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá, para quien, más allá de crear un nuevo relleno sanitario, se tienen que mirar alternativas más innovadoras. “Lo más malo que ha podido pasar es que no se ha pensado en una tecnología distinta a solo enterrar los residuos, y pasar a una que nos permita tener mayor volumen de aprovechamiento. Siempre habrá una cantidad que hay que disponer en el modelo actual, pero hay que pensar en aprovechar mejor esos residuos, como en el caso de México, donde los utilizan para producir combustible para los hornos de las cementeras, por ejemplo”.
Para esa transición a soluciones más tecnologías se requiere algo elemental: inversión, y en este momento este factor también está en vilo. Como El Carrasco tiene la orden judicial de cierre, no tiene licencia para operar; por esta razón, los municipios son los que deben asumir el valor de la disposición de los residuos sólidos y no los habitantes a través de una tarifa. “Si los municipios hacen unas inversiones serias, si miran en qué tipo de alternativas tecnológicas pueden ir avanzando e ir migrando progresivamente, seguramente puede haber una solución, pero sin tarifas es complicado”, agrega Ordóñez.
Mientras eso sucede, y aunque técnicamente, según el gerente de la EMAB, el relleno tiene diseñada una capacidad para operar por diez años más, si el Tribunal Administrativo de Santander confirma en los próximos días “que hay que cerrar, no hay nada que hacer”.
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