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Desde que se puso al frente del buró principal del Palacio de Liévano, el gabinete de Carlos Fernando Galán no ha dejado reposar la calculadora y las hojas de Excel para cuadrar las cuentas y hacer realidad su plan de gobierno. Después de cuatro años de administración de Claudia López, la ciudad realizó un esfuerzo económico considerable para atenuar los efectos adversos de la pandemia, cumplir los compromisos de tener obras en marcha de la magnitud del metro y financiar el laureado, aunque costoso, programa de los Jóvenes a la U -ahora Jóvenes a la E-.
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La dimensión del gasto, en su momento, hizo que la administración anterior tuviera que acudir al Concejo de Bogotá en dos oportunidades para solicitar cupos de endeudamiento que superaron los $20 billones. Si bien el dinero se utilizó en gasto social y para efectuar obras que la ciudad continúa necesitando, la cobertura de los recursos fue insuficiente para hacer frente al número de obligaciones para las vigencias futuras.
Tanto es así, que como tema habitual en los debates que precedieron las elecciones para la Alcaldía de Bogotá en 2023, se hablaba de que al alcalde entrante le esperaba un margen estrecho de ejecución, por cuanto se tendría que dedicar a ejecutar los contratos que firmó la saliente alcaldía. En efecto, Galán, quien además tenía un discurso de “construir sobre lo construido”, resultó el vencedor de la contienda, y desde el 1° de enero asumió las riendas de la capital del país, con las premisas de poner en cintura a los contratistas incumplidos y acabar las obras en curso en el menor tiempo posible.
En ese camino, con apenas dos meses en el poder, Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se encontraron con que 76 proyectos, con contratos corriendo, entre ellos algunos de la importancia estratégica como el de la troncal de la Av. 68, tenían problemas de financiación. Hacían falta $2 billones para completar obras que, para colmo, tenían problemas y retrasos de más de cuatro años.
En su momento, el director del IDU, Orlando Molano, mencionó que en el empalme se tocó el tema, pero fue solo hasta que asumió como director cuando realmente vio la proporción del asunto. El primer intento para equlibrar la cartera fue a través del diseño de un Plan Distrital de Desarrollo (PDD) que le permitiera a la nueva administración ajustar un poco las cuentas y obtener nuevos recursos para tapar un hueco que, a cada prórroga de los diferentes contratos, se hacía más grande.
Según el director del IDU, lo anterior se consiguió de manera parcial. Para el caso de las obras comprometidas, como la troncal de Transmilenio de la 68, representa un caso especial. Además de presentar un déficit de $500.000 millones, la obra ha mostrado atrasos importantes que han derivado en nuevas solicitudes de prórroga por parte de los contratistas. Tanto es así, que una obra que estaba planeana para entregar a finales de 2025, finalmente se entregará en 2027. Y eso si se consiguen los recursos necesarios para resolver el inconveniente financiero.
“Es importante recalcar que por instrucciones del alcalde se incluyeron recursos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, y Transmilenio adelanta la gestión necesaria para garantizar que se cubra el déficit identificado en las troncales en construcción. Es por ello que el IDU se concentrará en terminar estas obras y entregar una mejor movilidad”, se comprometió el director Molano.
Obtener nuevos recursos para tapar el hueco, sin embargo, no fue posible. Una álgida discusión en el cabildo distrital hizo que se hundieran tres impuestos incluidos en el PDD original, con los cuales la nueva administración pretendía recolectar $1,5 billones. De tal modo que lo único que consiguió Galán con su Plan de Desarrollo, en materia de financiación, fue la de redirigir y gestionar algunos recursos para garantizar que, por lo menos, las necesidades económicas más urgentes de las obras se lograran gestionar.
Tapando el hueco
Meses después de la aprobación del Plan la calculadora del alcalde y su equipo no dejaba de trabajar. Tras el fracaso con los nuevos impuestos, como el de la luz, con los que pretendía llenar las arcas, la administración optó por el instrumento de armonización presupuestal para obtener $473.000 millones adicionales para la vigencia 2024, respecto al presupuesto que había aprobado el Concejo anterior, en 2023.
Según informó el IDU a El Espectador, en ese momento se destinaron $150.000 millones para solucionar las deudas más urgentes en las obras desfinanciadas para impedir que se congelaran. En cuanto a los retrasos, en términos generales, se calcula que son de dos años en promedio; no obstante, hay algunos de más de tres o cuatro años. Este es el caso de las obras de valorización de los acuerdos de 1995, 2005, 2013 y 2018.
“Hay obras como los andenes y las ciclorrutas de las calles 92 y 94 entre carrera 7 y autopista Norte; el puente peatonal de la calle 112 con carrera 9; la ampliación de la calzada norte de la Av. La Sirena (calle 153), desde la autopista Norte hasta la av. Boyacá; la intersección de la calle 127 con Av. Boyacá; la Av. Laureano Gómez (carrera 9) entre calles 170 y 193, y otras más que tienen retrasos importantes”, dijo Molano. Pese al panorama, el IDU presentó avances: “A partir de la articulación con las diferentes entidades del Distrito, los consorcios, las interventorías y las empresas de servicios públicos se han logrado solucionar algunos de los problemas que presenta cada obra y de esta manera poder acelerar los proyectos” explicó a El Espectador Orlando Molano.
Posteriormente se utilizaron recursos de Transmilenio por $176.665 millones para reforzar lo obtenido en la armonización y atender, sobre todo, las obligaciones más críticas, como las de la troncal de la Av. 68. Este futuro corredor de Transmilenio se entregará dos años después de lo previsto debido a los problemas de ejecución que han tenido los contratistas y, por supuesto, al déficit de financiación, el cual es el más crítico de todos los 76 proyectos, que rodea el medio billón de pesos. Sin embargo, estas dos nuevas entradas se quedaron cortas, y un abismo de cerca de $1,8 billones separaba las expectativas de la nueva administración con la realidad. La Secretaría de Hacienda, con sustitución de fuentes, liberó otros $50.000 millones y la alcaldía de Galán no vio más remedio que acudir a la deuda.
De acuerdo con los cálculos de expertos, la capital solo podía permitirse una solicitud de un nuevo cupo de endeudamiento por hasta $6 billones. Sobre este punto, Henry Amorocho Moreno, profesor de hacienda pública y tributación de la U. del Rosario, dice que la ciudad, en efecto, ya no se puede endeudar más. “La sostenibilidad de la deuda a finales de 2023 estaba por el 58 %, con un límite máximo del 80 %. Cuando se habla del cupo de $14 billones, para llegar allá se está superando por un margen muy estrecho la capacidad de pago. Hay que administrar el cupo de endeudamiento desde ya y buscar nuevos ingresos, posiblemente bajo una reforma tributaria territorial o mirar las cajas de recursos descentralizados”, señaló a este diario.
No obstante, la necesidad de inversión en proyectos sociales incluidos en el PDD, y el problema de financiación de las obras, hizo que el Distrito finalmente solicitara un cupo de endeudamiento de $9,5 billones. De estos recursos, $4,2 billones tendrán como destino las arcas del IDU para intentar solucionar los problemas económicos de las obras en Bogotá.
Bogotá superará su tope de deuda
De ser aprobado el cupo de endeudamiento en la plenaria del Concejo, la ciudad habrá efectuado su tercer movida crediticia en menos de cuatro años. Adicional a los dos cupos que solicitó Claudia López el pasado cuatrienio, cuya cuantía superó los $40 billones, la solicitud de asumir nueva deduda por parte de la administración pone a la ciudad al tope de su capacidad crediticia.
De acuerdo con expertos, tras la gestión de López, la ciudad solo podía permitirse la solicitud de un nuevo cupo de hasta $6 billones. No obstante, la necesidad de destrabar las obras desfinanciadas, y la apuesta social de la administración de Carlos F. Galán, empujaron a la nueva administración a solicitar $9 billones ($7,69 del nuevo cupo para su cuatrienio y $1,89 de saldos sin comprometer que dejó López). En la plenaría del Concejo se definirá si el Concejo da luz verde al proyecto de acuerdo, lo que pondría a Bogotá a optimizar sus recursos.
¿Si alcanza para todo?
Pese a la considerable cantidad de recursos que recibiría la administración distrital, una vez el cupo de endeudamiento quede aprobado en la plenaria del Concejo, para algunos hay serias dudas sobre la suficiencia de este cupo para solucionar el déficit. En el cabildo, concejales como Daniel Briceño advirtieron que la cantidad, a la espera de aprobación, solo cubriría unos $801.000 millones de los $2,1 billones que necesitan las obras para llegar a buen puerto. Por lo tanto, según las cuentas del cabildante, todavía faltarían $1,2 billones para terminar los proyectos y, por consiguiente, ponerle fin al suplicio de polisombras, trancones e incomodidades que padecen los habitantes de una ciudad en obra.
En tal caso la Alcaldía todavía tendría que maniobrar aún más, pero ahora con menos dinero en el horizonte, ya que la última bala, la del cupo de endeudamiento, se gastó apenas en el primer año de gobierno. Frente al cuestionamiento que vino desde el recinto de los Comuneros, el IDU respondió que el dinero faltante, después del cupo de endeudamiento, serían algo más de $600.000 millones.
Lo anterior, dado que la entidad incluye al dinero que recibirá por concepto de deuda, los recursos por $1 billón que recibiría Transmilenio, también vía deuda, y los dineros que se obtuvieron por la armonización presupuestal y otros recortes efectuados por Hacienda. Sin embargo, ante la falta del dinero, la entidad señaló que continuará trabajando para obtenerlos, y añadió que la próxima maniobra irá encaminada en la definición del presupuesto para la vigencia 2025.
De hecho, de los recursos que llegarán con el cupo de endeudamiento, se destinarán transferencias para la adquisición de predios en el marco del cable aéreo de Potosí; la avenida Suba-Cota, que mejorará el acceso por el borde noroccidental de la ciudad; el puente vehicular Tibanica, que mejorará la conexión entre Bogotá y Soacha; la Av. Jorge Gaitán Cortés y tres proyectos de cicloinfraestructura.
Con una ciudad que ya se encuentra al tope de su capacidad crediticia, hay otros problemas por resolver en materia de movilidad. Por ejemplo, todavía falta ver cómo se cubrirá el hueco para el funcionamiento del transporte público por cerca de $800.000 millones, después de que el Gobierno Nacional dejara en vilo la transferencia económica a la ciudad para fomentar el modelo sostenible de transporte que se ha venido implementando. Asimismo, los recursos para construir la futura ALO Norte (incluida en el PDD) y los estudios para desplegar un corredor de alta capacidad para la carrera séptima (también incluidos en el PDD) continúan siendo una incógnita.
Dicho lo anterior, aún queda mucha tela por cortar, y sobre trabajo, para la calculadora del alcalde Galán y su equipo, estirar hasta donde más se pueda los recursos obtenidos, vigilar de cerca a los contratistas y su ejecución para evitar más prórrogas —y, por ende, más dinero gastado— y sobre todo gestionar con prudencia la deuda, es menester para llevar a buen puerto las obras y mantener la estabilidad de las finanzas de la ciudad.
Estas son las obras con mayores retrasos y problemas de financiación.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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