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Hace unos días, la directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres informó que los equipos anticorrupción de la entidad, junto con la Secretaría de Transparencia, descubrieron a 59 empresas de nombre distinto pero con el mismo representante legal y la misma dirección, con 220 contratos en medio país. También encontraron que, en La Guajira, operadores no pesaban ni medían a los niños para detectar desnutrición, sino que se inventaban los datos.
Pone así Cáceres el dedo en la llaga de la gran corrupción. Estos entramados de fundaciones y empresas con objetos sociales tan amplios como difusos contratan por todo el país y sacan, sin que los vean, la mayor tajada al erario público.
Hay otras señales positivas de saneamiento institucional en la Unidad de Protección, en Defensa y en Medio Ambiente, pero no son suficientes. Según Transparencia por Colombia, la entidad que lleva 25 años luchando contra ese mal que debilita la democracia y agrava la desigualdad social, el gobierno sólo ha conseguido mover la aguja un poco. Entre 2022 y 2023, el país mejoró un punto (de 39 a 40 puntos) en la percepción de la corrupción y rompió un estancamiento de cinco años en esa medición. No obstante, seguimos en la zona crítica, pues lo óptimo sería acercarse a 100 puntos.
¿Por qué avanzamos tan poco? La Estrategia de Lucha Contra la Corrupción contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo ha ido implementándose a paso de tortuga. Esta prevé mayor transparencia y equidad en la distribución de los dineros de la OCAD paz, que tanto se han malgastado; facilitar el acceso a la información pública e impulsar la rendición de cuentas de los gobernantes. Falta además proteger legal y físicamente a denunciantes, es un paso indispensable en Colombia a donde organizaciones criminales como La Cordillera o el Clan del Golfo se han metido en la contratación estatal, según ha encontrado la Policía y lo han denunciado congresistas. También es central en esta lucha que el Estado recupere el dinero mal habido. Nada sacamos con enviar a la cárcel a los corruptos si a los tres años salen a comprar apartamento en Miami.
El liderazgo para transformar la cultura de la corrupción que permea tantas esferas del país no se puede limitar a unos regaños esporádicos del presidente a sus funcionarios. Ni siquiera a botar al que pesquen, como sucedió con el director de la unidad de Atención de Desastres, luego de que se comprobaran contrataciones escandalosas en esa entidad.
Obviamente lo primero es dar ejemplo, y ahí el gobierno Petro se ha rajado: denuncias sobre financiación irregular a su campaña, los enredos de billetes del embajador, la mano derecha, el hijo, el hermano…
Pero lo segundo que falta es un liderazgo impetuoso que empuje la discusión, no desde el tono moralista de yo soy bueno contra los malos, sino desde el pragmatismo. Es un liderazgo técnico, como el de la directora del ICBF, pues solo equipos dotados con herramientas para procesar el enorme volumen de información de la contratación pública están en capacidad de identificar esas mallas de corruptela que capturan porciones de Estado por todo el país.
Es un liderazgo cultural para hacer sentir a la gente que este país de la rapiña le permite sí a los avispados comprar carro de lujo y viajar a Europa, pero sus hijos pagan el costo de tener que vivir en un país inseguro, contaminado, de carreteras rotas, estancado.
El Gobierno debe elevar la conversación pública hasta convencer a la ciudadanía que ser honesto es buen negocio y que, como dice la campaña que lanzó Transparencia, “ser corrupto no es normal”.
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