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La Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá emitió en pleno dos fallos —hasta ahora desconocidos— que dan cuenta de cómo el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron, desaparecieron y desplazaron a campesinos para quedarse con tierras en Meta y Cundinamarca. Las decisiones judiciales, tomadas en marzo y junio de 2024, vuelven a poner sobre la mesa el nombre de un poderoso político, que la Fiscalía ya investigó, pero al que no le han podido hasta ahora probar su alianza con los paramilitares de Carlos y Vicente Castaño en los Llanos Orientales.
Se trata de Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, el octogenario líder político que fue gobernador de Guaviare en dos oportunidades y que en 2023 intentó volver al cargo en una alianza regional con el Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en la recta final de la campaña desistió de esta aspiración política aduciendo temas de salud y seguridad. Ahora, en las sentencias de restitución, figura como posible intermediario en un negocio que terminó beneficiando a testaferros de la casa Castaño Gil y de poderosos narcotraficantes del Meta y Guaviare.
La finca de Nebio Echeverry
El primer fallo judicial en el que es mencionado Echeverry tiene que ver con la venta forzada de un lote de la finca El Vendaval, ubicada en Paratebueno, Cundinamarca. Ese inmueble ha sido señalado ante la justicia por exjefes paramilitares como centro de reuniones de algunos líderes de ese grupo criminal. Incluso, una sentencia contra el exjefe paramilitar Manuel de Jesús Piraban, conocido en el mundo criminal como Jorge Pirata, señala que los paramilitares se asentaron a las afueras de Paratebueno, previo a un acuerdo con ganaderos y personas de notable influencia en la región, entre ellos Nebio Echeverry y Benigno Santamaría, administrador de El Vendaval.
Según el fallo de restitución de tierras, conocido por este diario, Santamaría, quien ha sido señalado por exparas como hombre de confianza de Vicente Castaño, habría presionado para que una mujer campesina le vendiera a la fuerza sus tierras a señalados testaferros de los paras. La campesina señaló durante el proceso judicial que, en 1993, le compró a Echeverry el predio Las Gaviotas, que hace parte de la finca El Vendaval. Allí, dijo la mujer, construyó una tienda de venta abarrotes, hasta 1997, cuando habría empezado la persecución en su contra por parte de Santamaría.
La mujer, a quien este diario protege su identidad, afirmó ante la justicia que, al no ceder a las presiones de Santamaría, en la noche del 3 de febrero de 1997, hombres armados asesinaron a su hija. Según la víctima, los paramilitares actuaron siguiendo las órdenes de Santamaría, quien pretendía quedarse con su predio y murió sin enfrentar la justicia por esta acusación, en 2018. Ese crimen fue confesado en una versión libre ante fiscales de Justicia y Paz por Luis Miguel Hidalgo, o El Ratón, integrante del Bloque Centauros de las AUC, en ese momento al mando de varias fichas del Clan Castaño. Entre ellos, Daniel Rendón, o Don Mario; Miguel Arroyave, Arcángel y el propio Jorge Pirata.
Incluso, en los organigramas de la fuerza pública (que son retomados en el fallo judicial) figura como miembro del Bloque Centauros de las autodefensas en Paratebueno Orozman Orlando Osten Blanco, o Rodrigo Flechas, quien actualmente es el tercero al mando de las AGC o Clan del Golfo, según las autoridades. En agosto de este año, la Fiscalía le suspendió las órdenes de captura a Osten Blanco por los acercamientos de paz entre el Estado y esta estructura criminal.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá: “La mujer (campesina) comentó que firmó unos papeles en el año 1998. Los documentos le fueron presentados por parte de Benigno Santamaría, por la venta de las mejoras por ella construidas en Las Gaviotas. La reclamante de tierras es analfabeta, no recuerda detalles de ese negocio ni el pago de contraprestación por la venta de la posesión del terreno. Al poco tiempo de firmarse los documentos, la reclamante se desplazó forzadamente del predio Las Gaviotas, dejándolo en manos de un sobrino y un suegro de Benigno Santamaría”.
¿Pero qué tendría que ver Nebio Echeverry en este asunto de tierras además de su relación laboral con Benigno Santamaría, administrador de El Vendaval?: que el exgobernador figura como opositor de la solicitud de restitución de tierras, ya que la venta del predio Las Gaviotas, entre Echeverry y la mujer víctima, nunca quedó plasmada en una escritura pública. Así las cosas, el predio aún figura a nombre de Echeverry. Para la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, esa oposición presentada por el poderoso político es “interesante para el estudio de la decisión judicial”.
Aunque en un inicio Echeverry se presentó como opositor en el proceso restitución, su abogado posteriormente señaló ante los estrados judiciales que, además de ser el propietario de la hacienda El Vendaval, se atendría al resultado final del proceso. Incluso, pidió que se le devolviera el predio Las Gaviotas a la mujer víctima. Sin embargo, para el Tribunal esa postura de Echeverry viola la Ley de Víctimas de 2011, la cual prohíbe que terceros presenten este tipo de solicitudes si se presentaron como opositores del proceso de restitución de tierras.
“La oposición de Echeverry solo puede ser considerada bajo el plano formal, ya que lo único que pretende es que no se lo tenga como persona asociada al conflicto armado interno en Paratebueno. De manera enfática, insistió en el desconocimiento de los hechos que ocasionaron el asesinato de la hija de la reclamante, así como su desplazamiento forzado. Echeverry hizo un recuento de sus estados financieros para la fecha de adquisición de El Vendaval, desde 1985, culminando con la entrega del documento en el cual la Fiscalía le precluyó en 2014 la investigación en su contra por el delito de concierto para delinquir”, recuenta el fallo judicial.
A renglón seguido el documento retoma la sentencia contra el exjefe paramilitar Jorge Pirata en la que se advierte que El Vendaval fue un centro de operación paramilitar clave en la expansión del grupo criminal durante los años noventa: “No debe dejarse de lado que fue Benigno Santamaría (el empleado de confianza de Nebio Echeverry) quien facilitó la llegada de Vicente Castaño al municipio de Paratebueno, autorizando la entrada de la Casa Castaño a la finca El Vendaval, siendo este el hito fundamental sobre el que se erigieron los paramilitares en Paratebueno y los Llanos Orientales”.
Además de ordenar la restitución a favor de la mujer, el Tribunal le pidió a la Fiscalía que estos hechos “sean debidamente investigados, procurando que no queden en la impunidad (…) la verdad se configura como una garantía que les asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como también a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad del conflicto (…) la satisfacción de este derecho conlleva determinados deberes estatales en la investigación y esclarecimiento, por lo general, cubiertos bajo un manto de duda y con dificultades probatorias, junto con la individualización de los responsables, sin olvidar la necesaria difusión pública”.
Los asesinados primos del exgobernador Nebio Echeverry
El segundo fallo, emitido en marzo de 2024 por el mismo tribunal, deja al exgobernador Echeverry como posible intermediario en un negocio que terminó beneficiando a señalados testaferros del jefe paramilitar Vicente Castaño y de narcotraficantes del Meta y Guaviare. El caso es tan particular que los reclamantes de tierras de este proceso quedaron, ante los ojos de los magistrados de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, como posibles aliados del Bloque Centauros de las Autodefensas y no como víctimas de ese grupo criminal. Pero vamos por partes para entender este asunto.
El 25 de julio de 2000, los hermanos Olmedo y Julio Ceballos Cadavid, primos del exgobernador, fueron secuestrados por miembros del Bloque Centauros de las AUC a la entrada de la finca Villa Andrea, ubicada en las afueras de Villavicencio, Meta. Luego de seis angustiantes días, sus familias conocieron que sus cuerpos fueron encontrados en el municipio de San Carlos de Guaroa, ubicado a 89 kilómetros de la capital del departamento.
A inicios de septiembre de ese año, los padres de los hermanos Ceballos Cadavid empezaron a recibir amenazas por parte del mismo grupo paramilitar. ¿Con qué fin?: forzarlos a vender siete inmuebles de la empresa familiar (Inversiones Ceballos Cadavid), ubicados entre los Llanos Orientales y Bogotá. Eso sucedió el 22 de septiembre de 2000, cuando hombres armados llegaron a casa de los Ceballos Cadavid, en el norte de la capital del país, y los “forzaron a suscribir siete escrituras públicas a favor de terceros, al parecer testaferros de las AUC, con la finalidad de realizar todos los actos necesarios de compraventa de los predios a cargo de la empresa, incluyendo la finca Villa Andrea, despojada material y jurídicamente”, señala el fallo judicial.
Los exjefes paramilitares Don Mario, Jorge Pirata; Dumar de Jesús Guerrero Castillo, o Carecuchillo; Jesús Emiro Pereira Rivera, o Huevo de Pisca de Justicia y Paz, le dijeron a la Fiscalía que “la orden de acabar con la vida de los Ceballos Cadavid fue dada por Vicente Castaño Gil, líder de las AUC, en retaliación por la pérdida de un camión cargado con una tonelada de droga, aclarando que en ningún momento las víctimas directas tenían vínculos con la organización, ya que quien al parecer resultó involucrado era un conductor de una de las mulas que Olmedo Ceballos administraba”.
Sin embargo, los magistrados del tribunal no le dieron credibilidad a esta versión de los paramilitares por varios factores. Primero, porque revisaron las cuentas bancarias y declaraciones de renta de la familia Ceballos de Cadavid y, a su criterio, no tienen cómo justificar la adquisición de esos siete bienes: la finca Villa Andrea, cuatro inmuebles en Bogotá y dos predios en Paratebueno y San José del Guaviare. Además, dice el tribunal, “Solo existe una escritura pública, sin una conexión real, donde se actuó en nombre de terceros y se llevaron a cabo diversos actos que plantean serias dudas sobre la legalidad de los negocios y la participación de los grupos armados”.
A renglón seguido, los magistrados dieron más detalles que justifican sus sospechas de que la familia Ceballos Cadavid no andaba en buenos pasos: “Es evidente que Inversiones Ceballos Cadavid se constituyó con un capital de $70 millones. Es altamente improbable que en tan solo tres años de su constitución haya realizado operaciones comerciales por un total de $1,057 millones, sin siquiera utilizar apalancamiento financiero. Esto se ve respaldado por el hecho de que no hay pruebas de garantías reales en los documentos de registro de las propiedades (…) y que no se encuentran algunas de sus declaraciones de renta de la época”.
El tribunal logró establecer, además, que una de esas propiedades, el predio El Algarrobo en Paratebueno (Cundinamarca), había quedado en manos de la empresa familiar luego de una seguidilla de vendettas entre narco paramilitares en el Llano. En 1998, dos años antes del asesinato de los primos del exgobernador, paramilitares del Bloque Centauros asesinaron a Néstor Hernán López, narcotraficante de la entraña del asesinado zar esmeraldero Yesid Nieto y socio de Vicente Castaño en el narcotráfico. Además de matarlo, las AUC le robaron sus bienes, entre ellos, El Algarrobo.Pero el asunto no para allí.
El Tribunal también recibió el testimonio de una mujer, quien señaló que entre 1995 y 1997 también fue presionada por los paramilitares para vender El Algarrobo a una empresa del narco Néstor López. Un episodio en el que reaparece como intermediario un hombre que ya mencionamos en este artículo: Benigno Santamaría, el administrador de la finca El Vendaval, propiedad de Nebio Echeverry Cadavid. Además, un testigo que declaró en el proceso de restitución señaló que, en 1999, negoció con el entonces gobernador Echeverry y Benigno Santamaría, un porcentaje que conservaba del predio El Algarrobo y de otros predios en Paratebueno.
El Tribunal también recogió el testimonio de una integrante de la familia Ceballos Cadavid, quien señala que Nebio Echeverry Cadavid es primo de los asesinados hermanos Olmedo de Jesús y Julio Ceballos Cadavid, quienes a su vez fueron señalados por testigos en el proceso de restitución de tierras como voceros y testaferros de los paramilitares. Además de ese vínculo de sangre, los magistrados también encontraron que el exgobernador y sus primos fueron dueños del predio Agua Bonita en San José del Guaviare, el cual también quedó en medio de estos negocios entre posibles testaferros de los paramilitares de Vicente y Carlos Castaño.
Aunque el fallo no deja claro qué hechos rodearon los asesinatos y los despojos de tierras, los magistrados del tribunal le pidieron a la Fiscalía General que investigue y procese penalmente a las personas que estuvieron relacionadas con las compras, aparentemente irregulares, de los predios Villa Andrea (en Villavicencio), el Algarrobo (en Paratebueno) y Agua Bonita (en San José del Guaviare). Este diario intentó contactarse con el exgobernador Echeverry, a través de sus familiares y su abogado, para conocer su versión sobre los hechos mencionados en estos fallos de restitución de tierras. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Lo que sí está claro es que, aunque Nebio Echeverry Cadavid ha aparecido mencionado en varios expedientes como posible financiador y testaferro del Bloque Centauros de los paramilitares, hasta el momento las autoridades judiciales jamás han podido comprobar ese señalamiento.
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Por David Escobar Moreno
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