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La campaña presidencial del 2022 de Gustavo Petro estaría a solo $130 millones de superar los topes permitidos de ingresos y gastos en ambas vueltas electorales. Así lo indica la información que ya recopiló el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la investigación que sigue por posible financiación irregular y dentro de la cual estaría a punto de tomar decisiones de fondo en máximo cinco semanas.
En efecto, se les sigue el rastro a varios millones adicionales que no habrían sido reportados y con los que sobrepasaría, por lejos, el límite para campañas de ese tipo en las pasadas presidenciales.
Con la reactivación de la investigación, hace dos semanas, el CNE tomó los testimonios de varios de los testigos electorales que participaron en la campaña de Petro, a quienes se les pidió información sobre la retribución de su trabajo. Uno de los llamados a declarar fue Cristian Uscátegui, una de las cerca de 73 mil personas que vigilaron la votación y las que se les habría pagado $60 mil por día de trabajo, además de alimentación y transporte. Pero esos gastos no aparecen en la contabilidad reportada.
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Según le contó Uscátegui a El Espectador, los testigos electorales se vincularon a la campaña a través de un aplicativo de la compañía Ingenial Media, que prestó servicios de consultoría informática en 2022: “Ahí había un formulario de aceptación. La campaña nos incluía, nos daba un correo de respuesta y empezamos a hacer parte. Al inicio fue un voluntariado y se dividía en varios frentes de trabajo: testigos electorales, jurados de votación, comunicaciones, publicidad y logística. Y hubo pagos en las tres jornadas electorales, es decir, en marzo para Congreso y consulta interpartidistas; en mayo, para la primera vuelta; y, en junio, para la segunda vuelta”.
Otro testigo le afirmó a este diario que su trabajo sí fue voluntario. “Puedo dar fe de eso”, dijo Edgar Murillo. Esas dos versiones llegaron al CNE, pero, según Uscateguí, la defensa de Ricardo Roa –entonces gerente de la campaña y ahora cabeza de Ecopetrol– desestimó sus denuncias porque supuestamente “no eran objetivas”.
Según el testimonio de Uscátegui, la contratación de los testigos fue coordinada por Xavier Vendrell, el polémico estratega español cercano a Petro sobre el cual tampoco hay reporte de pago por esta actividad. Además, indicó que los giros se hacían a través de la firma Sured, lo cual ratificó con correos y conversaciones de chat.
Precisamente, el pasado 9 de enero, el CNE emitió un auto en la que solicitó a varias compañías de giros un reporte sobre los movimientos que hubiesen tramitado del 1 de marzo al 31 de octubre de 2022. El Espectador consultó al CNE, desde donde se señaló que esa información aún no llega.
El lío con los testigos no es lo único. En los audios que se conocieron del exembajador en Venezuela Armado Benedetti, hace seis meses, se habla del supuesto ingreso de $15.000 millones adicionales; mientras que Nicolás Petro –hijo del presidente y procesado por presunto enriquecimiento ilícito– le dijo a la Fiscalía que habrían entrado “millones”, aunque no habló de una cifra exacta.
De otro lado, tras la inspección judicial realizada por la Fiscalía a Fecode el pasado 24 de enero, se encontró que la organización de docentes donó otros $500 millones para la contienda, pero que entraron a través de Colombia Humana. Así sería posible que la campaña se salve de que la plata entregada por este sindicato sea sumada a sus cuentas, pero, desde el CNE, aseguraron que no hace falta contar ese ingreso para que se hubiesen superado los topes legales.
En la primera vuelta, el Pacto Histórico le inyectó a la campaña de Petro $19.534 millones y, en la segunda vuelta, $11.606 millones, según las cuentas oficiales entregadas por la misma campaña, que fueron firmadas por Roa, así como por María Lucy Soto Caro, quien fue la auditora interna.
Los topes establecidos para las presidenciales de 2022 fueron de $28.536 millones para la primera vuelta y de $13.347 millones para la segunda, según la resolución 0694 de 2022 del CNE. Pero los gastos en ambas se aproximan al 99 % de los topes establecidos, de acuerdo con la investigación. Incluso, para este punto, los magistrados tendrían hallazgos que se darían a conocer en marzo, en la ponencia que deberá ser sometida a votación ante los ocho integrantes de la sala plena.
Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), los magistrados a cargo del expediente, declararían en la ponencia que la campaña sí superó los topes y se prevé que la mayoría podrían apoyarla, a excepción de Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde), que son de partidos afines a Petro. Así, serían 5 votos a favor y 3 en contra, aunque los magistrados investigadores necesitarían 6 para aprobar su ponencia.
Este 2024 se cumple un año desde que se abrió la investigación a a la campaña, que tiene folios en paralelo en la Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación de la Cámara. Hay que decir que si en marzo el órgano declara que sí se violaron lo topes, técnicamente, solo podría imponer sanciones administrativas a los partidos políticos. Pero con base en esa decisión, quien fue gerente de campaña, Ricardo Roa, y los donantes podrían incurrir en penas de hasta ocho años de prisión, siempre y cuando haya decisión penal. Igualmente, la campaña podría recibir una multa por el valor de lo excedido.
En un siguiente paso, el CNE tendría que compulsar copias y cada uno de los actores involucrados en la presunta violación de los topes serían investigados por distintos organismos. Roa sería llamado desde la Fiscalía y, en el caso de Petro, por su fuero presidencial, continuaría con su investigación en la Comisión de Acusación. Por ahora, se espera a la decisión del organismo, que sería pública pronto.
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Por Laura Duarte Sandoval
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