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Arrancó el segundo paro arrocero del año. El primero fue en marzo y terminó con una serie de acuerdos entre la cartera de Agricultura y los productores. Las razones siguen siendo las mismas: los precios del arroz paddy verde (arroz sin procesar) han caído tanto, que los agricultores sostienen que están perdiendo dinero en las cosechas.
El paro indefinido empezó el lunes a las 7:00 de la mañana. De acuerdo con Dignidad Agropecuaria, una de las entidades promotoras de la movilización, hay 10 puntos de concentración en el país, principalmente en Huila, Tolima, Córdoba, Norte de Santander, Casanare, Meta y Arauca. Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria e integrante del Comité Nacional del paro, asegura que en los próximos días habría manifestaciones en Cesar, Santander y al sur de La Guajira.
Las cifras del Ministerio de Agricultura indican que los precios que la industria les paga a los productores por el arroz paddy verde cayeron un 11,8 % en 2024. En cambio los costos de producción siguen subiendo: el arrendamiento de los predios para las plantaciones, la logística, el agua y los insumos.
Las estimaciones de Fedearroz indican que mientras el año pasado la carga del grano (125 kg) se vendió alrededor de $225.000, este año está alrededor de $170.000 en Tolima y en $158.000 en los Llanos Orientales. La caída promedio del valor ha sido cercana al 25 % frente a la misma fecha de 2024. Los arroceros de Huila y Tolima estiman que los productores están perdiendo entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada.
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En Colombia el cultivo de arroz está influenciado por las lluvias. La mayor parte de la siembra se realiza en el primer semestre del año, entre marzo y mayo, cuando se puede implementar el sistema secano (aprovechando el agua lluvia). Mientras que las siembras del segundo semestre, entre agosto y octubre, dependen de los sistemas de riego. La mayor cosecha del año se da entre julio y septiembre (producto de las siembras entre marzo y mayo, que dependen de las lluvias).
Los inventarios de arroz aumentan tras los picos de cosecha y disminuyen en los meses siguientes. El comportamiento de los precios ha sido históricamente volátil, y según la cartera, “las fluctuaciones responden no solo a la oferta y la demanda, sino también a la especulación y a la acumulación de inventarios”.
Hasta ahora los análisis del Ministerio indican que la principal razón de los bajos precios son los problemas estructurales internos en la cadena productiva. De todas formas, un complejo contexto internacional podría complicar todavía más el panorama de los arroceros por dos situaciones, principalmente.
La primera es que India liberó restricciones a sus exportaciones de arroz blanco partido, pero como ese país es el principal exportador mundial, la medida puede poner en riesgo a Colombia.
“Este escenario podría traducirse en una caída significativa de los precios internacionales, dado el aumento repentino en la oferta global, lo que intensificaría la competencia con otros países exportadores, como Tailandia y Vietnam. Para Colombia esto implicaría una mayor disponibilidad de arroz a precios considerablemente más bajos, facilitando su ingreso masivo al mercado nacional y generando distorsiones en el comercio local”, dice un documento reciente del Minagricultura.
La cartera agregó que aunque Colombia tiene un arancel del 80 % para este producto, existe el riesgo de que sea introducido de manera irregular en la frontera con Ecuador por las limitaciones en los mecanismos de control aduanero.
La segunda es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción mundial de arroz alcanzará un máximo histórico en 2025-2026, con 555,6 millones de toneladas. El aumento tiene que ver con los mejores rendimientos y la ampliación de la superficie sembrada en India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam.
Gracias a ambos factores, el Minagricultura dice que existe un riesgo de que el incremento de la oferta reduzca el precio e incentive las importaciones en mercados como el de Colombia. Dicho de otra forma, la situación podría ponerse peor.
Antes de que arrancara el segundo paro arrocero, el Ministerio de Agricultura se estuvo reuniendo con la cadena para buscar soluciones a la realidad de los productores. Una de las alternativas que ya puso sobre la mesa la entidad es someter al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios.
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Las soluciones que planteó el Minagricultura
El domingo, un día antes del inicio del paro, la cartera publicó un borrador de resolución que establece un precio mínimo para el producto, basado en costos reales de producción y condiciones regionales. Además, el documento declara la existencia de indicios graves de distorsión de mercado de arroz paddy verde en el país.
El monto, en promedio, quedaría en $1.400.184 la tonelada y también se establecería un valor por carga. Ambos montos (por tonelada y por carga) son diferenciales: varían según la zona del país en la que se produce (Bajo Cauca, Centro, Costa norte, Llanos y Santanderes).
El precio más alto es el del centro del país (Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca), con un valor de $1.645.386 por tonelada, y la más baja es para los Llanos (Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada), con $1.508.638 por tonelada.
Otro aspecto importante de la resolución es que propone que todo comprador, obligatoriamente, reporte cada semana los precios pagados por el arroz, entre otros datos. Por su parte, que los comercializadores de arroz blanco en Colombia (mayoristas o minoristas) informen de manera clara el país de origen del producto en los empaques, puntos de venta físicos y plataformas digitales. De este modo se podría dificultar la entrada a la cadena del arroz de contrabando, que es otra de las preocupaciones.
Para Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, la medida es un paso importante y necesario para proteger a los productores de arroz frente a las dificultades de producción que enfrentan. Para el experto, la baja en los precios tiene que ver con la “configuración de un posible oligopolio en la comercialización, que es un poder desproporcionado de los compradores (es decir, los industriales)”.
Duarte añade que está de acuerdo con que se busque corregir las distorsiones en tiempo real, teniendo en cuenta los costos reales y por condicionamientos regionales.
Aunque este es el camino que traza el Gobierno, no todos los productores ven con buenos ojos el cálculo de precios que hace el Ministerio. La razón principal es el bajo margen de rentabilidad que tendrían los arroceros con el precio base, de acuerdo con Gutiérrez. “Tenemos unas diferencias porque se fueron por lo bajo”, dice.
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De todas formas, el director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria reconoce que la determinación de un precio mínimo ayuda a que se mantenga la siembra porque esquiva la inestabilidad que han vivido en el último año los productores: “Un año medio ganan, al otro se quiebran y al siguiente se vuelven a quebrar”.
De otro lado, la nueva medida del Minagricultura, que por ahora está en borrador, no deroga la resolución de abril de este año —que fue producto del primer paro—, con la que se sometió al régimen de libertad vigilada a todos los eslabones de la cadena productiva del arroz. Por eso los productores, la industria y los comercializadores deben seguir reportando precios y costos.
El proyecto de resolución estará para comentarios hasta el 18 de julio. La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) es uno de los gremios que están revisando la información para dejar sus sugerencias. Si bien la entidad espera que la medida tenga éxito, pone sobre la mesa que ya se había implementado una propuesta similar y no funcionó, porque la industria no se acogió y no pagó lo establecido.
El sector privado podría intentar evadir el sistema comprando informalmente o por fuera del registro, especialmente en zonas remotas donde hay poca presencia estatal, según Duarte.
El Espectador consultó la perspectiva de la industria, representada por Induarroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
De entrada, la implementación de la medida sería todo un reto por la dificultad de que los compradores reporten la información correctamente y de que exista la articulación que se necesita. “Para superar estos retos será necesario contar con un sistema robusto de verificación de datos, capacitación del personal encargado del control y recursos suficientes para sancionar rápidamente los incumplimientos”, resalta el académico de la Universidad Javeriana de Cali.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aseguró que están proponiendo una discusión pública, y que el Gobierno busca proteger y fortalecer la producción y la industria nacional. La cartera dijo que también está trabajando con el Ministerio de Comercio, la DIAN y otras entidades, como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ha recibido solicitudes para investigar posibles prácticas anticompetitivas o de competencia desleal.
Otras peticiones del paro
La cartera ha convocado a reuniones para promover el diálogo entre los diferentes actores, pero algunos promotores del paro que no asistieron al encuentro programado el lunes, entre ellos los de Dignidad Agropecuaria. La organización dijo a este diario que tomó la decisión porque ya ha habido muchas discusiones y en este punto los productores quieren negociar soluciones puntuales.
El pliego de peticiones de Dignidad Arrocera Nacional, Dignidad Agropecuaria Colombiana y Arroceros de Colombia incluye la solicitud de que se regule inmediatamente el precio del arroz en punto de compra, “en un monto que garantice un valor justo que debe recoger mínimo los costos de producción y una tasa de utilidad para el productor”.
Otra de las solicitudes es que el Gobierno cumpla de inmediato los acuerdos del paro de marzo de 2025, incluyendo la ampliación de los beneficiarios y el pago del apoyo a la comercialización, y que se cree un Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) arrocero que arrope a todos los productores del grano que lo requieran.
Entre las peticiones también está la renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que facilitan las importaciones, con bajo arancel desde Estados Unidos y libremente desde países como Ecuador y Perú. También piden que haya una mayor lucha frente al contrabando, aspecto sobre el que el Ministerio de Agricultura hará un anuncio este martes desde Rumichaca, Nariño.
Ahora bien, hay problemas estructurales del sector que se deben atender, como el acceso a crédito, seguros agrícolas, asociatividad y otras políticas públicas que promuevan la organización colectiva de pequeños productores para que se industrialicen y tecnifiquen la producción, afirma Duarte.
El paro es una medida desesperada de los arroceros. Los mismos productores se pueden ver perjudicados por la movilización, teniendo en cuenta que la recolección de la mayor cosecha del año arranca este 15 de julio. Como señala Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, los bloqueos de las vías dificultarían el transporte el arroz.
La primera movilización de marzo de este año duró nueve días, pero los productores y organizadores del paro esperan que esta edición termine lo más pronto posible con acuerdos que les garanticen una actividad económica rentable.
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