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La situación del gas en Colombia es complicada desde hace tiempo, pero en este momento hay coyunturas que podrían agravar la situación, y una de las más críticas es la llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año.
El fin de semana el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un borrador de decreto que busca cambiar algunas de las reglas de juego en el mercado del gas. El ministro Edwin Palma aseguró que la medida pone límites a la especulación en el mercado secundario (donde las empresas revenden el gas que ya habían contratado, pero no necesitan) y evita que en momentos de estrechez “algunos agentes disparen sus precios para obtener ganancias injustificadas”.
La medida, según expertos del sector, tiene ventajas, pero también podría ser contraproducente en un momento en el que se necesita aumentar la oferta para estar preparados para enfrentar El Niño.
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¿Por qué el fenómeno de El Niño complica el panorama del gas?
En condiciones normales, cerca del 60 % de la energía en Colombia se genera con hidroeléctricas. Pero cuando disminuyen las lluvias y baja el nivel de los embalses, la alternativa son las plantas térmicas, que funcionan con gas, carbón y combustibles líquidos. Colombia logró superar el último fenómeno de El Niño, que comenzó a finales de 2023, sin un solo minuto de racionamiento, pero el camino estuvo marcado por la incertidumbre. Esta vez el panorama es más complejo: no solo preocupa el abastecimiento de energía, sino también el de gas.
Colombia importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también ha sido necesario acudir a fuentes externas para abastecer parte de la demanda de hogares, comercios, industrias y vehículos, ante la caída de la producción local por la declinación de los campos. De acuerdo con cifras de Naturgás, del total del gas que consumió el país en 2025, incluyendo a las térmicas, el 20 % fue importado. Este año la cifra será mayor.
En este momento Colombia solo cuenta con una regasificadora, SPEC GNL, ubicada en Cartagena, con capacidad para importar hasta 475 millones de pies cúbicos de gas al día. De ese total, cerca de 220 millones de pies cúbicos se están utilizando para atender la demanda de hogares, comercios, industrias y vehículos, porque el sector térmico no los necesita. Pero, como explicó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, en un escenario en el que sea necesario encender plenamente las plantas térmicas, solo quedarían libres 25 millones de pies cúbicos.
Por eso, actualmente avanzan varios proyectos de regasificación que aumentarán la capacidad de importación. El sector, de la mano del Gobierno Nacional, ya se está preparando para enfrentar el fenómeno de El Niño. El Ministerio de Minas y Energía emitió una circular, en la que establece recomendaciones para el uso eficiente de la energía en las entidades públicas.
Además de las preocupaciones por el abastecimiento, la estrechez del mercado ha impulsado un aumento en los precios del gas, golpeando el bolsillo de las industrias y de los hogares. Es en este contexto que el Ministerio de Minas y Energía publicó el proyecto de decreto.
¿Es necesario y conveniente intervenir en el mercado?
El borrador de decreto introduce cambios estructurales en la comercialización de gas y en la formación de precios. El Ministerio de Minas y Energía sostiene que el comportamiento reciente del sector evidencia condiciones estructurales que justifican la “intervención del Gobierno” para garantizar el abastecimiento de gas y proteger a los usuarios.
Con esta iniciativa habría más transparencia en la importación de gas, los comercializadores tendrían que declarar su potencial de importación y estarían obligados a desagregar los componentes del precio, incluyendo el costo en origen, el transporte, la regasificación, el margen de comercialización, entre otras medidas.
Uno de los puntos más polémicos es que el borrador desarrolla el concepto de “situación de estrechez en la oferta” para que, en este escenario, se puedan establecer reglas especiales. Para Julio César Vera, experto del sector y presidente de Xua Energy, esta es una intervención regulatoria directa sobre la formación de precios. “El decreto reafirma el principio de que los precios y sus actualizaciones se pactan libremente en condiciones normales, pero establece un régimen de control estricto que se activa cuando se declara la situación de estrechez en la oferta”.
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Con esta medida, en los casos de escasez, el precio de los contratos de gas interrumpibles no podrá superar el precio promedio de los contratos firmes (los que aseguran que el gas estará disponible incluso en eventos extremos). El Ministerio de Minas y Energía argumentó que entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 el gas natural registró incrementos significativos en estos contratos.
En este escenario, la cartera también podrá fijar un margen máximo de comercialización, es decir, establecer cuánto puede cobrar una empresa por intermediar y vender gas. Después de la cuarta transacción, quedaría prohibido vender el gas a un precio superior al que se compró. El Ministerio también quedaría habilitado para definir cuánto pueden cobrar como máximo las empresas por importar. Otro punto clave es que en caso de estrechez en la oferta, las refinerías no estarían priorizadas como demanda esencial.
Para Vera, el proyecto de decreto tiene ventajas, como la corrección de distorsiones en los precios, “eliminando una anomalía reciente del mercado colombiano: que el gas interrumpible, pese a tener menor confiabilidad, se haya transado a precios superiores al gas en firme”. Asimismo, considera que la medida podría frenar la especulación, pues al limitar los márgenes en el mercado secundario y restringir las reventas con sobreprecios se evita que el costo del combustible se infle artificialmente. La cartera detalló en la memoria justificativa que algunas transacciones en el mercado secundario han superado en más del 100 % el valor original.
En esa misma línea, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y consultor del sector minero-energético, coincide en que la medida puede ayudar a reducir la especulación, limitar el traslado de mayores precios a los usuarios y proteger la competitividad de la industria y de la generación térmica.
Entre otras ventajas de la propuesta en general, Vera resalta la importancia del gas importado como una alternativa regulada para cubrir el déficit actual y la obligación de que el gas que no están utilizando las refinerías salga nuevamente al mercado. Según el Minminas, en 2025 las refinerías tuvieron un consumo inferior al declarado ante el Ministerio de Minas y Energía como producción comprometida, y esas cantidades de combustible no se pusieron a disposición del mercado.
Pero también hay riesgos. Vera y Cabrales advierten que al limitar los márgenes de ganancia, algunos agentes podrían perder el incentivo económico para comercializar el gas que les sobra y tomar la decisión de retener volúmenes. “Esto podría afectar la eficiencia en la reasignación del gas durante períodos críticos, precisamente cuando el sistema requiere señales claras de disponibilidad y flexibilidad contractual”, advierte el profesor de la Universidad de los Andes.
“El mercado secundario tiene precios altos porque se refleja la escasez del gas. En la propuesta del Gobierno, sería discrecional del Ministerio de Minas y Energía cuándo intervenir, cómo intervenir y qué precio ponerle al gas. Cuando el mercado está apretado hay que soltarlo, no apretarlo más: la salida no es determinar precios en un mercado en el que no hay oferta. La propuesta no viene bien, además, en un momento en el que se están construyendo plantas de importación, pues podría afectar la inversión”, aseguró Castañeda, presidente de Andeg.
Agrega que si el Gobierno considera que hay abusos en los precios, el camino no es la intervención de precios, sino una investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Para el presidente de Xua Energy hay otro riesgo regulatorio: asignarle al Ministerio de Minas y Energía la responsabilidad de calcular y fijar márgenes “justos” mediante actos administrativos genera alta incertidumbre para el mercado. Si los márgenes definidos son demasiado bajos, podrían desincentivar la importación de gas a través de interconexiones internacionales.
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¿Qué está pasando con Canacol Energy?
Sobre la mesa hay otro tema central, que no se relaciona con el proyecto de decreto, pero que sí puede afectar al mercado.
Canacol Energy solicitó ante la Corte de Alberta, en Canadá, terminar anticipadamente contratos de transporte y suministro de gas natural en Colombia. De acuerdo con cifras de Naturgás, esa empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios, pero su producción promedio en abril se ubicó en 75 millones de pies cúbicos diarios. La compañía abastece siete departamentos de la región Caribe y algunos municipios de Norte de Santander.
La producción ha caído (en julio de 2023 estaba en 196 millones de pies cúbicos diarios) por factores técnicos y operativos, pero para el gremio no se justifica una terminación anticipada de contratos, pues, sostiene, existen distintos caminos para manejar la situación. Según Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, “hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas”.
La eventual suspensión de los compromisos de Canacol podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas natural. Según Naturgás, una decisión de ese tipo tendría impactos directos sobre los hogares, la industria y la generación térmica, además de afectar la competitividad del país.
El gremio le ha solicitado al Estado colombiano que, en caso de que la Corte canadiense autorice la solicitud de Canacol, ejerza las facultades legales contempladas en el régimen de insolvencia empresarial transfronteriza (Ley 1116 de 2006), particularmente la excepción de orden público, para evitar decisiones que puedan comprometer la continuidad de los servicios públicos. Hasta ahora la Superintendencia de Sociedades no se ha pronunciado sobre el tema.
La audiencia en la que se evaluará la solicitud de Canacol Energy será el viernes 15 de mayo. El país estará pendiente de esta decisión, que será clave para el abastecimiento de gas y la estabilidad energética de Colombia.
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