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El documento de algunas víctimas sobre ejecuciones extrajudiciales en el Casanare plantea una idea muy fuerte y es que, en la JEP, no hay verdad ni justicia, sino impunidad. ¿Cómo recibieron las críticas?
El documental hace parte de una serie de críticas que las víctimas han tenido, no solamente en relación con el caso sobre ejecuciones extrajudiciales, sino con el modelo global de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debo decir que las víctimas llevan décadas esperando justicia frente a este tipo de casos y por eso considero que es natural que haya un nivel de preocupación, incluso de rabia, con algunos pasos que se han ido dando. Esto nos recuerda la lucha de las víctimas contra la impunidad. A inicios de mayo, antes de la emisión del documental, habíamos escuchado a varias víctimas en Yopal (Casanare) y ellas manifestaron algunas ideas que después se han ido proyectando en el documental. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos nota de esas inconformidades.
Para que seamos un poco más específicos, sobre todo para la gente que no sabe qué dice el documental, ¿cuáles son las críticas que ha escuchado en las audiencias?
Hay un primer tema respecto al alcance de la verdad que documenta la JEP. El tipo de análisis que hacemos en hechos individuales a veces es un poco limitado, comparado con el modelo de la justicia ordinaria. Lo que se suele decir es que la JEP no hace un análisis caso a caso, sino que hace un análisis de patrones de macrocriminalidad. Hay algunas perspectivas de las víctimas que dicen: “Nosotros aquí no estamos encontrando una verdad más allá de la que estableció la justicia ordinaria”. Yo discrepo respetuosamente de esa afirmación o matizaría sus alcances. Es cierto que algunos casos se habían esclarecido en la justicia ordinaria, pero antes no se había hecho las conexiones que tenía un caso con el otro, como sí lo ha hecho la JEP.
¿De cuáles conexiones habla?
Reconstruir una historia donde dimos cuenta de más de 300 ejecuciones extrajudiciales y las hemos unido en una sola narrativa en torno a unos patrones de macrocriminalidad. Ese es el gran aporte de la JEP, además de dar cuenta de algunos máximos responsables frente a ese fenómeno. Algunas personas jamás habían sido llamadas por la justicia ordinaria o habían sido llamadas en un momento a una entrevista previa sin que se analizará a detalle su responsabilidad en un patrón a gran escala. Un gran ejemplo es el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la XVI Brigada del Ejército de Casanare, quien solo estaba vinculado por dos hechos en la justicia ordinaria. Nosotros determinamos, no sólo esos hechos, sino el rol que habría tenido el general como coautor mediato de un aparato organizado de poder, o sea, de un número importante de asesinatos cometidos en el marco de este fenómeno.
En ese sentido, ¿también han avanzado en el esclarecimiento del papel que tuvo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)?
Nosotros precisamos el rol del DAS en el subcaso de Casanare. Una persona que había sido condenado en la justicia ordinaria como Orlando Rivas, quien había sido director seccional del DAS, solo fue sentenciado en el marco de unos hechos puntuales sin dar cuenta del involucramiento estructural que tuvo el DAS en la comisión de los asesinatos extrajudiciales y la posible conexión de este Departamento con algunos hechos cometidos por grupos paramilitares, tema que estamos analizando en otro macrocaso. La JEP logró esclarecer el fenómeno, las máximas responsabilidades, los aparatos detrás de los hechos y esclarecer lo que estaba detrás de estos más de 300 asesinatos. Entonces por eso matizaría las afirmaciones se hacen en el documental, respecto a qué es lo que se logra en la JEP.
Una de las críticas más fuerte del documental es la reacción de las víctimas a medidas restaurativas como la siembra de árboles en Chingaza por comparecientes y también por el general (r) Torres Escalante. ¿Cómo entender esas críticas, si se supone que ha sido un proceso concertado con las víctimas?
Ese proceso que impulsó la JEP, donde están acreditadas 472 víctimas, corresponde solo al subcaso Casanare. Sin embargo, esto nos lleva a un debate profundo entre las diversas percepciones que pueden tener las víctimas, no solo en este macrocaso, sino en todos los demás. O sea, nunca vamos a tener una visión unificada de las víctimas. Y la JEP tiene que dialogar con todas sus posturas, tanto con quienes están a favor del proceso, como con las que rechazan profundamente esos reconocimientos. La JEP no puede excluir a las perspectivas que critican el modelo. Tiene que dialogar con ellas en el mismo modelo que nosotros estamos impulsando en el proceso, y estas críticas tienen que tener la vocación de fortalecer el proceso.
¿Pero qué pasó puntualmente con el caso de Siembras de Vida?
El documental menciona que la siembra de árboles es la sanción del general (r) Torres Escalante o de otros máximos responsables, pero eso no es cierto. Ese proyecto no puede ser la sanción. La sanción se tiene que establecer en una decisión judicial y hasta el momento no han surgido las decisiones judiciales que establezcan sanciones. Además, es un proyecto exploratorio de carácter voluntario, cuyo objetivo es evaluar en la práctica las condiciones necesarias para formular e implementar sanciones propias dentro de la línea restaurativa ambiental del sistema restaurativo. Hay lecciones aprendidas.
¿Por ejemplo?
Se tiene que fortalecer la participación de las víctimas en su diseño e implementación. También debo aclarar que Siembras de Vida no es el proyecto restaurativo del macrocaso de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Máximos responsables, de todos los macrocasos de la JEP podían participar en él, en el marco de estas exploraciones que se podían hacer. Entonces, era una iniciativa orientada de modo general a la recomposición del tejido social, a través de actividades de restauración de los ecosistemas en un proceso que involucra víctimas.
Las víctimas también criticaron que, para ellas, un proceso restaurativo en Chingaza (Cundinamarca) no representaba mucho para ellos que viven a kilómetros de Casanare. ¿Qué responde al respecto?
Las críticas también se han concentrado en el lugar donde se han hecho estos proyectos. Por ejemplo, las víctimas han resentido la falta de conexión que ellas ven entre esta siembra de árboles en Chingaza (Usme) y la reparación de los daños en Casanare. Por el carácter exploratorio que tienen estos proyectos restaurativos iniciales es posible que una institución como la JEP, que está construyendo un modelo único en el mundo y que no tiene antecedentes, cometa cierto tipo de fallas al inicio de estos procesos. Es parte de este aprendizaje institucional en el que estamos. Por eso las críticas que han hecho las víctimas sobre la falta de participación, la falta de consulta y los desafíos con el lugar de estos proyectos exploratorios las estamos atendiendo.
¿Víctimas de otros casos también levantaron la mano en contra de Siembras de Vida?
De víctimas de otros macrocasos no tengo ahora esa información. Yo creo que, dado que el máximo responsable de Casanare participó en este proyecto restaurativo, Torres Escalante, para las víctimas fue de especial impacto. Pero creo que todo esto ha mostrado algo positivo, que es la organización. Las víctimas que han ido participando en el subcaso Casanare, muchas de ellas no se conocían entre sí, y ellas mismas dicen haber “conformado una familia”. Yo creo que ese es un logro importante del Acuerdo de Paz y se refleja entonces en que ellos tengan esta sensibilidad frente a Siembras de Vida.
En medio de todas estas críticas se supo que Torres Escalante estaba dispuesto a devolver sus medallas. ¿Qué más ha pasado con este tema?
Debo aclarar que, durante varios encuentros privados entre víctimas y victimarios, han salido también varios asuntos, pues varias de las familias han dicho que no están satisfechas con los encuentros y otras que sí. Por eso, hace un tiempo tomé la decisión de abrir una ruta para que el general devuelva una medalla y el tema se está dialogando con las víctimas. Estamos cuidando con el mayor detalle ese acto y por eso solo lo vamos a hacer cuando sepamos que están todas las condiciones para que tenga un potencial restaurativo. Además, esperamos que en ese acto se desarrolle una ampliación del reconocimiento del general Torres que es algo que también están esperando las víctimas.
¿La lección que han aprendido es que no se puede reparar a víctimas de ejecuciones extrajudiciales sembrando árboles?
Este es un camino que no tiene respuestas fáciles frente al desafío de cómo impulsar las sanciones propias. Y es un camino que tiene que tener en cuenta tanto lo sustantivo, que se lo que se vaya a hacer en lo restaurativo, como lo procedimental y dialógico, que acompañe el proceso. Puede haber un proyecto restaurativo que, en lo sustantivo, nos parezca muy poderoso, como sembrar árboles, desminado, reforestar, construir carreteras y escuelas, entre otras. Pero si el procedimiento tiene fallas, va a impactar en el desarrollo de la sanción propia. Por eso entonces, si bien hay unas críticas muy fuertes frente a Siembras de Vida, el proyecto, como proyecto exploratorio, cumplió su rol: demostrarnos que hay que tener mucho más cuidado en la forma en cómo se desarrolla el diálogo con las víctimas. Estas lecciones ya las estamos teniendo en cuenta en los diversos diálogos para impulsar proyectos restaurativos adicionales en Casanare.
¿Por qué no se consultó con las víctimas de Casanare previo a su formulación e implementación el proyecto Siembras de Vida?
Porque se concibió como un proyecto con destinatarios amplios y sin conexión con un macrocaso particular. Entonces, creo yo, que hay desafíos y unas lecciones aprendidas. Creo que eso debió haber sido absolutamente claro para la sociedad desde el comienzo y esto involucra cierta complejidad técnica para transmitírselo a la sociedad. Las víctimas veían una parte, la siembra de árboles, como si eso condensara todo ese proyecto.
¿Qué responder ante las críticas de que los comparecientes no le dicen toda la verdad a la JEP?
Nosotros, en la Sala de Reconocimiento, nos hemos concentrado en los máximos responsables de los hechos. Determinamos que eran 25 en el subcaso Casanare y 23 de ellos ya reconocieron responsabilidad. Si bien algunos pueden tener participación en hechos concretos, la verdad es que están imputados por un rol más de dirección en el patrón. Es decir, un comandante o muchos de estos máximos responsables no necesariamente estuvieron en el lugar de los hechos. Por eso, cuando les pregunta qué pasó o cómo fue el último momento de la vida de un familiar, ellos no tienen esa información. No pueden esclarecer los detalles que algunas víctimas quieren conocer sobre las circunstancias de los asesinatos de cada uno de sus familiares.
Por eso, en un segundo encuentro privado que hicimos con víctimas, hace como mes y medio, convocamos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para que involucrara a comparecientes que no eran máximos responsables, como personas del Gaula Casanare y de un pelotón del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, que pudieron, de alguna manera, responder a algunas de las demandas de verdad de las víctimas. Tuvimos, entonces, algunos avances allí que estamos analizando, pero entendemos que no son suficientes. Estas críticas se mantienen y se van a mantener por los desafíos que tiene este modelo para dar cuenta de una verdad total, frente a cada hecho individualmente considerado.
¿Han encontrado alguna resistencia por parte de los exmilitares o militares?
No tengo conocimiento de que nos haya pasado algo similar. Por el contrario, algunas personas que no han sido determinadas como máximos responsables, digamos algunos soldados, oficiales, u oficiales de bajo rango, lo que han empezado a decirle a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es que hay algunas verdades que pueden completarse, o que algunas verdades son insuficientes o están incompletas, y eso muestra que el modelo tiene algunas salidas, pero nunca va a ser una respuesta total o va a haber el esclarecimiento total de lo ocurrido en el hecho ha hecho. Entonces, esto nos pone de presente que detrás de estas críticas están los desafíos propios de un modelo que no va a poder llegar a una respuesta individualizada en todos los hechos y que es un modelo que privilegia el análisis de los patrones de macrocriminalidad, las máximas responsabilidades, y romper de esa manera el negacionismo que existió frente a los hechos.
Quiero reiterar uno de los grandes logros que ha alcanzado la Jurisdicción es mostrar que esto fue sistemático. Mostrarlo era el tema más polémico que existía en el debate público, porque muchas voces decían: estos eran manzanas podridas, estas eran circunstancias excepcionales. Pero decir que fueron sistemáticas y que fueron crímenes de lesa humanidad rompe la percepción que existía antes del Acuerdo de Paz. Y por eso nuestra esperanza, desde la Sala de Reconocimiento, es que en la llamada ruta no sancionatoria que impulsa la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y en el Tribunal para la Paz puedan existir espacios para complementar las respuestas a esas demandas con comparecientes que pertenecieron a otras unidades, que nosotros no hemos priorizado tan a detalle o con otras personas, que no son máximo responsables, pero que tienen más datos sobre cómo ocurrió la ejecución de los hechos.
¿Usted cree que con el lanzamiento del proyecto de Siembras de Vida se apresuró el presidente de la JEP?
Mi respuesta contundente es que no. No creo que haya sido apresurado porque a pesar de los desafíos que tuvo Siembras de Vida, estos proyectos restaurativos exploratorios han estado antecedidos de meses de preparación. En un contexto donde la JEP no había recibido un apoyo tan claro por parte del gobierno para impulsar las políticas públicas en el marco de las cuales se materializan las sanciones propias. Entiendo que afortunadamente esa situación ha cambiado, pero la JEP no podía esperar más sin impulsar algún tipo de camino que permita el alistamiento para la ejecución de las sanciones propias, entonces en este proyecto intervino la cooperación internacional, diversas instituciones.
Estamos evaluando la posibilidad de formular proyectos restaurativos con cinco componentes: uno, el acceso a la ruta de reparación integral, articulándonos con la Unidad de Víctimas para la inclusión de ellas en el Registro Único y para mirar los casos de quienes no han recibido reparación; dos, el escenario asociado a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en asociación con la Unidad de Búsqueda, en el que desarrollan actividades en cementerios de la zona, actividades de búsqueda donde se han ido involucrando algunos de los comparecientes; tres, la línea de medio ambiente, naturaleza y territorio, y esto ya nos pone en el escenario de Casanare y en el desafío de cómo sería la restauración ambiental en ese departamento, cuál sería su sentido y alcance.
Cuatro, la línea de memoria y reparación simbólica, la cual tiene que ver con los desafíos de cuáles van a ser los espacios de memoria y en dónde. Por ejemplo, hay víctimas que dicen: “nosotros quisiéramos que en instalaciones militares se hiciera eso”. Otras víctimas dicen que les gustaría que eventualmente en un parque o en cierto espacio de Yopal se haga esto u otro; Y cinco, otros componentes en infraestructura rural y urbana que tendrían que definirse. Entonces, nosotros hemos empezado diálogos con las víctimas en el marco de estos cinco ejes y a comienzos de noviembre vamos a tener otra jornada de dos días en Yopal para socializar, deliberar y construir con las víctimas propuestas de sanción restaurativa
¿A usted le preocupa que, a raíz de las críticas, las víctimas se retiren de la JEP?
Esa es una preocupación global que tiene la JEP, en general, con todos sus macrocasos y con toda la justicia restaurativa que impulsa el sistema, porque son procesos voluntarios. Nosotros no hemos obligado a nadie a participar en estos procesos. No son procesos restaurativos libreteados, donde nuestro propósito sea propiciar que venga gente a echarle flores a la JEP. Nuestro objetivo es propiciar caminos restaurativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas. Esperamos que los pasos que estamos dando desde el despacho, con diversas decisiones que tenemos que tomar, sean pasos que ayuden a responder a algunas de las críticas que plantean las víctimas, dudas y percepciones que pudieran ser incompletas sobre lo que está pasando.
Nosotros comenzamos con un informe que presentaron víctimas en este subcaso, que aludían a cerca de 15 hechos y en el primer año teníamos acreditadas alrededor de 50 víctimas. Ya hoy vamos en 500 y seguimos recibiendo solicitudes de acreditación. Lo que quiero resaltar es que hay víctimas que todavía confían en la JEP y hay víctimas que tienen muchas críticas a la JEP y que no queremos que se retiren del proceso. Queremos seguir dialogando sobre esas críticas, creemos que esa voz crítica tiene un rol importante para lo que hacemos. Nosotros no queremos censurar esas críticas.
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