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Los problemas relacionados con el empleo generan preocupación en el país, y más con el duro golpe de la pandemia. Según cifras del DANE, en mayo la tasa de desempleo fue del 10,6 %, lo que se traduce en 2,64 millones de desempleados. Todavía hay que crear 298.000 puestos de trabajo y sacar del desempleo a otras 52.000 personas, si se quiere, cuanto menos, igualar las cifras registradas antes del covid-19. Aun logrando esto, los retos laborales abundan.
La tasa de desempleo es tan solo un abrebocas de la larga lista de problemas que tiene el mercado laboral colombiano, pues una mirada más completa diría que casi la mitad de los trabajadores no gozan del amparo de la formalidad (garantía de un salario mínimo, vacaciones y acceso a prestaciones como salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar); que el desempleo está mucho más marcado en las mujeres que en los hombres (porque las cargas del cuidado del hogar recaen en una abrumadora medida sobre ellas); que los mecanismos para proteger a los trabajadores contra el despido son deficientes, y que el sistema de formación para el trabajo no conecta con las demandas del sector productivo (se están educando profesionales para labores que las empresas no solicitan, y en las que sí, no hay suficiente personal). Estos, entre otros temas.
De cara a la transición de gobierno, en la que Gustavo Petro asumirá la Presidencia, surge la pregunta de cuáles son los cambios necesarios para que se registren mejoras en esta materia.
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Según Darío Maldonado, quien fue uno de los jefes que tuvo la Misión de Empleo en Colombia (conjunto de profesionales que por un año hicieron un riguroso análisis a la realidad del mercado laboral), no es posible decir cuáles son los cambios más urgentes que se necesitan, pues el problema de raíz viene de años y se ha complejizado con el paso del tiempo. En suma, en esto no hay soluciones mágicas.
Es más, menciona que la carga por mejorar el mal funcionamiento del mercado laboral no recae exclusivamente en los hombros del presidente, sino que en gran medida estos sobre los poderes Legislativo y Judicial. Maldonado resalta que no hay otra forma de dar solución a esta pregunta que no pase por una discusión nacional, en la que se involucren los protagonistas y, en conjunto, se diseñen las políticas que permitan reparar esas averías.
Para la Misión de Empleo, el mercado laboral en Colombia funciona como un reloj, en donde el movimiento de un solo engranaje afecta todo su mecanismo. Es por esto que no basta solo con aliviar, por ejemplo, los problemas de las pensiones o el desempleo, sino que se requieren soluciones transversales que involucren a todos los actores.
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La propuesta de los expertos fue que haya una gran conversación nacional, en donde se identifiquen esos problemas y se analicen las posibles soluciones (una serie de reformas que tendrían que ser aprobadas por el Congreso), teniendo en cuenta que estas pueden ser beneficiosas para unos, pero no tanto para otros. Es decir, un esfuerzo de calibración milimétrica en donde se vea su efecto en lo micro, pero también en lo macro.
El rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial), Víctor Julio Díaz, cree que en esta gran reforma es clave que, en el mandato de Petro, se actualice el Código de Trabajo, pues el vigente está desde el año 1950. Además, se requiere que el Congreso expida un Estatuto del Trabajo. En suma, se necesita una actualización y conformación de un marco legal que propenda por garantizar los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta las necesidades que han traído las nuevas formas de trabajo.
Otro de esos cambios, según el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, es la creación de un Sistema Nacional de Cuidado que “reconozca, redistribuya y reduzca” los tiempos del cuidado no remunerado de las mujeres. Esto brindaría más condiciones para que participen del mercado laboral y se reduzca la brecha de género.
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Una parte de la solución de la brecha (en temas de representatividad, especialmente) se ha buscado por medio de las llamadas “cuotas de género” (sobre todo en el Gobierno). Pero para Jaramillo estas no son tan convenientes, como sí lo sería la creación de incentivos para la contratación femenina. De hecho, este es uno de varios ejemplos en los que coincide con la Misión de Empleo: lo que necesita el país no son soluciones cortoplacistas, sino reformas estructurales que ataquen los problemas de raíz.
Todo lo demás serían paños de agua tibia, incluso una promesa con la que Gustavo Petro da a entender que en su gobierno el desempleo podría llegar al 0 %, pues permitiría que el Estado actúe como empleador de última instancia, “ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios”.
Si el análisis de estos expertos es acertado, los cambios que requiere el mercado laboral no se darían en un solo mandato y tampoco con la sola voluntad de un presidente. Se necesita una gran concertación que cuente con la participación de los principales actores en este asunto, además del respaldo del Congreso.
No parece haber otra fórmula que la de construir sobre lo construido en los próximos años, siendo clave en esto que el gobierno entrante construya la plataforma sobre la que se cimentarán las reformas necesarias a futuro.
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