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Los números han estado en el centro de la discusión del paro arrocero. Las cuentas no les dan a los productores y temen que su actividad deje de ser rentable, por eso salieron a bloquear las vías de nueve departamentos.
Naturalmente, la discusión se ha centrado en una cosa: el precio. Pero detrás de esa cifra hay otros asuntos que involucran a todos los eslabones de la cadena. Para este punto nadie es ajeno al tema, ya sea porque se vio afectado por los bloqueos de estos nueve días o porque en su mesa no falta el arroz.
Y es que en el país una persona consume un promedio de 46 kilos de este cereal al año. Los departamentos de la costa son en los que hay mayor consumo, con cerca de 60 kilos, según las cifras de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). El grano también representa 53,45 % del consumo total de cereales.
Al cierre de esta edición, había un principio de preacuerdo entre los productores y el Gobierno alrededor del precio mínimo para el arroz paddy verde (o sea, en grano). Sin embargo, no se había anunciado aún el fin de la movilización nacional ni se conocían los detalles de los puntos negociados.
La solución de fijar un precio mínimo
¿Por qué hablamos del consumo del grano? La razón es que, a diferencia de pasadas crisis del sector, esta vez en la solución al paro arrocero atraviesa a los consumidores, no solo a los productores o industriales.
Esto se da por cuenta de la propuesta más sólida que ha presentado el Ministerio de Agricultura para ponerle fin a las preocupaciones de los productores: fijar un precio mínimo para el arroz paddy verde, que es el cereal sin procesar.
Se trata del borrador de una resolución publicada el domingo 13 de julio, un día antes de que arrancara este paro (el segundo del año; el primero fue en marzo). Este documento establece una fórmula de pago al productor basada en costos reales y que varía dependiendo de las condiciones regionales.
De acuerdo con el documento, en promedio, el precio quedaría en $1.400.184 por tonelada y también se establecería un valor por carga. Ambas cifras cambian según la zona del país en la que se produce (Bajo Cauca, Centro, Costa norte, Llanos y Santanderes).
El precio más alto es el del centro del país (Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca), con $1.645.386 por tonelada, y la más baja es para los Llanos (Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada), con $1.508.638 por tonelada.
Los pormenores del cálculo, análisis técnico, jurídico y financiero de la resolución que somete al régimen de libertad regulada el precio ha sido el centro de las dos jornadas de negociación que ha habido, hasta ahora, entre los delegados de la movilización arrocera y el equipo del Ministerio de Agricultura.
Ponerle una base a lo que cuesta el grano en verde podría no tener un impacto tan visible en el consumidor final, pues detrás está toda la cadena de procesamiento con sus costos y ganancias. Pero una de las propuestas con las que llegó la cartera a la mesa es la de regular también el precio del arroz blanco, ese que compran los colombianos en supermercados y tiendas.
La idea no se la inventó el Ministerio, fue el resultado de una reunión de concertación que se dio el pasado viernes entre el Gobierno, Fedearroz (en representación de los productores) e Induarroz (en representación de la industria).
Ahora la propuesta está en discusión y socialización de la mesa de negociación. Definir el régimen de libertad regulada para el precio mínimo de referencia para el arroz blanco es un elemento que se incluiría a la resolución cuyo borrador ya es conocido, de acuerdo con Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.
¿Pagar más por el arroz blanco?
Expertos consultados por este medio se mostraron a favor de la propuesta de añadir un valor mínimo para el grano ya procesado. Una de las razones es que eso permite que se regulen varios eslabones de la cadena y no quede a la libre determinación de cada sector.
Además, si solamente se deja la intervención a la materia prima, podría ocurrir que se incentive la importación masiva o el contrabando de arroz más barato. Y si no se actúa, se desestimularía la industria nacional y dejaría sin efecto la protección al productor rural, apuntan Carlos Duarte y William Segura, investigadores del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana Cali.
Pero antes de profundizar en los elementos que deben complementar el tema de precios, vale la pena revisar las consecuencias que podría traer estos ajustes para el último eslabón de la cadena: el consumidor.
Dado el panorama, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advierte que los controles de precio no son lo ideal, pues es “tirar una moneda al aire: puede que resulte, como puede que no”.
Hay dos escenarios posibles, el más fatalista terminaría por proteger a los productores, pero podría amenazar la rentabilidad de los molinos y de los comercializadores si el precio se fija por debajo de los márgenes de rentabilidad del negocio.
Esto podría ser un problema porque si los molineros no tienen suficiente capital, van a comprar menos paddy verde, lo que dejaría a algunos productores sin poder vender la cosecha.
Lo otro que puede suceder es que el nuevo precio mínimo haga que suba mucho el costo al consumidor. Esto disminuiría el consumo y como la cadena vendería menos producto también le compraría menos a los arroceros.
“La salud de los productores de alimentos depende de la salud de los consumidores porque si el precio sube, el consumo se resiente y eso se devuelve como un tsunami irremediablemente para toda la cadena”, advierte Bedoya.
Aunque hay quienes le restan preocupación a este asunto porque actualmente el costo no está muy alto. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reporta que entre junio de 2024 y 2025 ha caído el precio del arroz en -3,82 %.
Mientras que las cifras del Ministerio de Agricultura indican que los precios que la industria les paga a los productores por el arroz paddy verde cayeron 11,8 % en 2024. Y Fedearroz apunta a que la reducción en el último año ha estado por el orden de 25 %, cosa que no han visto los compradores en las mismas proporciones.
De todos modos, está la posibilidad de que la libra de arroz cueste más en la tienda de barrio.
Frente a esto, desde el IEI de la Universidad Javeriana Cali sostienen que es mejor pagar ese precio, a desproteger y echar a pique la industria en su conjunto y volvernos importadores de arroz o vivir todos los años la misma crisis que “se resuelven con paños de agua tibia y siempre terminan favoreciendo solo un tramo del encadenamiento”.
Ahora, hay quienes son más optimistas como Jorge Torres, experto en temas arroceros y ex decano de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia. Para él, el comprador no pagaría mucho más porque “hay grupos que tienen ganancias extraordinarias y es posible que sus márgenes se reduzcan. Pero es una industria muy eficiente, tras 60 años de una actividad permanente y exitosa”.
Torres añade que si el precio favorece al consumidor porque no sube o lo hace muy poco, eso podría aumentar la demanda. De ese modo, los molineros venderían más arroz y subirían las ganancias de la cadena.
Por su parte, el gerente de Fedearroz le dijo a este medio que la industria, en la reunión del viernes, estuvo dispuesta a colaborar. La condición es que haya protección a la producción de la industria nacional frente a situaciones como las importaciones y el contrabando, especialmente.
Además, el arroz es un producto de consumo inelástico, por lo que la cantidad demandada de un bien o servicio no cambia significativamente con el precio, de acuerdo con Cristian Yepes Lugo, director del área de Negocios, Política y Estudios Globales en la Universidad de La Salle.
Más allá del precio: un problema estructural
Ahora bien, los expertos coinciden en que fijar los precios del paddy verde y el grano blanco no puede ser la única solución para la crisis de los arroceros.
Yepes aclara que la medida está justificada por la coyuntura, pero que es importante que sea temporal “mientras se resuelven los asuntos estructurales del sector”.
Desde el IEI de la Javeriana de Cali proponen medidas complementarias a las relacionadas con los precios, se trata de:
- Regular temporalmente las importaciones para evitar la competencia desleal.
- Combatir el contrabando con controles inteligentes.
- Mejorar la competitividad de los molinos nacionales e industrializar a las asociaciones de pequeños productores.
- Promover el consumo de arroz colombiano.
- Monitorear la cadena en tiempo real con una mesa técnica interinstitucional.
Ser competitivos en el mediano plazo es clave, especialmente porque en 2030 las importaciones de Estados Unidos llegarán sin arancel. Esto preocupa a la industria nacional porque en principio los precios al productor cayeron por un exceso de demanda.
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