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Desde una celda en el patio de extraditables de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, uno de los más temidos capos del narcotráfico en el departamento de Nariño espera que su proceso de extradición a los Estados Unidos se defina en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de José Albeiro Arrigui Jiménez, alias Contador, capturado en febrero de 2020 y a quien se le atribuyó tener nexos con el cartel de Sinaloa y haber tenido bajo su mando cerca de 200 hombres armados en Tumaco. Además de que una corte de Texas lo requiere por delitos de tráfico de cocaína, el joven capo mafioso tiene una cuenta pendiente con la justicia colombiana.
El Espectador conoció detalles de la investigación que la Fiscalía adelantó en contra de Arrigui, a quien se consideró como el que asumió el control del narcotráfico en Nariño, tras la muerte de alias Guacho, en diciembre de 2018. Según el ente investigador, Contador, desde agosto de 2017 y hasta febrero de 2020, estuvo al frente de una organización criminal denominada la Gente del Orden y que, durante ese lapso, estuvo enfrentado a la disidencia del Frente Óliver Sinisterra, comandada por el propio Guacho, quien se presume murió en una operación militar.
Según el expediente de la Fiscalía, los hombres de Contador, hacían control territorial de esta zona clave para la salida de los alijos de cocaína por el Océano Pacífico y que tenían destino Centro América. Para sustentar estas acusaciones la Fiscalía cuenta con interceptaciones de comunicaciones, declaraciones de testigos tanto protegidos como los que no solicitaron protección de las autoridades. Pero no solo eso. También estaba inmerso en el tráfico de armas, desapariciones forzadas y tenía nexos con uniformados de la Fuerza Pública (Policía y Ejército).
Dos hechos que la Fiscalía tiene claro ordenó Contador, como jefe de ese grupo criminal son, primero, el asesinato del excombatiente de las Farc Jorge Granja Rodríguez, en Tumaco (Nariño), el 21 de diciembre de 2018. Y segundo, el desplazamiento forzado del líder comunitario y defensor de derechos humanos de ese municipio Angelo Urrieta Ibarra. “Usted era considerado como un fantasma para las autoridades judiciales, pero pudimos identificarlo gracias a un testigo que lo conoció luego de una reunión que usted mismo citó”, reveló el fiscal del caso durante las audiencias contra Contador.
Sobre el primer crimen, el asesinato del excombatiente, la Fiscalía señala que Contador ordenó su asesinato a través de Mario Lata, cabeza militar de la Gente del Orden, “la cual controlaba el mundo criminal en Tumaco entre 2017 y 2020. Los armados emboscaron a la víctima, que para ese momento pertenecía al partido de la Farc, y lo asesinaron”. Sobre el segundo hecho, el desplazamiento del líder social, la Fiscalía cuenta con una declaración del propio Mario Lata, quien también amenazó al defensor de derechos humanos, que adelantaba proyectos productivos en zona rural de Tumaco.
Las pruebas en su contra
Un testigo protegido fue la primera carta que reveló la Fiscalía en contra de Contador. Según el relato de esta persona que, según el ente investigador, en el pasado ha entregado información sobre el mundo criminal en este departamento, dio detalles sobre sus alias, pasado criminal y hasta de su familia. El testigo señaló que Contador llegó a Tumaco con sus seres queridos en los años noventa, en plena bonanza cocalera. “Ellos son de Caquetá. Contador es muy joven, pero tiene mucho dinero y poder. Sabe cómo hacer las cosas para que no lo detecten, es un fantasma”, aseguró el testigo.
Uno de los datos más importantes que entregó este testigo es que Contador en el pasado habría sido colaborador de la DEA, entregando información. “Por eso sabe cómo debía moverse para no calentarse (para que las autoridades no lo identificaran o estar fuera del radar). Ese man vivían en Cali y tenía una empresa que movía ganado, pero eso es pura fachada”, concluyó el testigo. El fiscal del caso corroboró la información de los negocios de Contador y se encontró con dos empresas relacionadas con la ganadería como de su núcleo familiar.
Otro testigo bajo reserva señaló, que declaró con el acompañamiento de una procuradora para asuntos penales, que Contador y su gente tenían, en las inmediaciones al resguardo indígena de Pilví, una fosa común en donde picaban a la gente para desaparecerla. “Yo conozco el sitio donde enterraban a la gente, he visto como llevan a gente a esa zona amarrada (…) Ellos controlan todo en la zona (…) tienen relaciones con el Ejército y la Policía, quienes les avisan cuando van a hacer un operativo para que no los capturen”, puntualizó ese segundo testigo.
Interceptaciones telefónicas
En el expediente contra Contador la Fiscalía cuenta con decenas de interceptaciones en las que no figura Contador, pero si sus hombres de confianza. En una de esas conversaciones que fueron intervenidas por las autoridades se escucha que, en agosto de 2017, Contador mantuvo una reunión con un mexicano, pero no se dan más detalles sobre ese hecho. Las otras escuchas telefónicas tratan sobre los movimientos de sus hombres y de cómo Contador le daba órdenes y que dan cuenta que Contador era el jefe de esa estructura ilegal.
Sobre este proceso penal, El Espectador no pudo constatar por qué no ha sido llamado a juicio Contador. Lo que sí es claro es que su proceso de extradición avanza en la Sala de Casación Penal, expediente que está a cargo de la magistrada Myriam Ávila Roldán. En estos momentos, su despacho tiene varias de las pruebas entregadas por la defensa de contador como la acusación del Gobierno de los Estados Unidos por ser el responsable, aparentemente, de varios envíos de cocaína que terminaron en las calles de ese país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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