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La última semana de enero, el filósofo y teólogo Diego Alonso Marulanda tomó las riendas de la dirección de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). En entrevista cuenta que han ido puliendo los protocolos para atender los casos de violencias basadas en género que se han venido registrando en la universidad y señala que en el caso de las cinco estudiantes que denunciaron a un profesor por presunto acoso sexual, reunieron los elementos suficientes para apartarlo del cargo. (Lea: “La prioridad para las universidades es la salud mental”: rector de U. del Rosario)
En cuanto a las decisiones anunciadas por el gobierno, como los 500 mil nuevos cupos en educación superior, puntualiza en que es una buena meta, todavía no hay claridad en la forma cómo se conseguirá esta meta e insiste en que “no es simplemente ofrecer la oportunidad de que los jóvenes vengan a las instituciones de estas grandes ciudades, sino que las universidades, en el nuevo modelo que estamos presentando, vayamos a los territorios”.
Las universidades han experimentado una serie de gastos desde la pandemia, además, en algunos casos decidieron no incrementar los precios de las matrículas. ¿Cómo es el estado financiero de la institución?
La pandemia lastimó la estructura del modelo de desarrollo, dejó también desde el punto de vista laboral menos oportunidades; entonces ahí las universidades nos vimos en aprietos y, todavía hoy, estamos sintiendo el coletazo de la pandemia en términos financieros. Nos tocó de alguna manera aportar unos recursos que no teníamos presupuestados en términos de software, de plataformas virtuales, de capacitación e inclusive de tecnología, como cámaras, por ejemplo. Hoy apenas estamos recuperando esa fuerza económica.
Uno de los temas que cobró mayor relevancia durante la pandemia fue el de salud mental. ¿Qué estrategias han empleado para apoyar a los estudiantes?
Antes de la pandemia, desde el consejo directivo, la institución constituyó un comité interdisciplinar de salud mental. Recogimos todas las capacidades que teníamos como universidad, la articulamos y ese comité empezó a operar y a diseñar las rutas de atención. Hay unos programas permanentes de 24 horas de escucha y que están encaminados a entender que todo está en relación. Hemos querido aumentar la capacidad en el tema del deporte, lúdico y cultural. Asimismo, nos hemos dedicado a conversar con las familias y estamos trabajando en un botón de emergencia que está disponible en el portal web, el cual nos va a permitir entrar en relación directa con quien manifiesta necesidad de acompañamiento, pero al mismo tiempo de salvaguardar un poco el tema de la identidad, ya que hemos notado que muchos jóvenes no piden ayuda por pena.
Otro de los temas relevantes se centra en las violencias basadas en género. Recientemente, El Colombiano publicó el caso de cinco estudiantes que denunciaban presunto acoso sexual por parte de un profesor. ¿Cuál es la ruta que han empleado para estos casos?
Como lo hacemos con la mayoría de los casos, activamos la ruta de atención y establecimos un debido proceso frente a este caso en particular. Tuvimos los elementos para apartar totalmente al profesor del currículum. Lo primero que hicimos fue escuchar estas voces de las personas que estaban manifestando y, fruto de esa conversación, se crearon tres mesas de cocreación, en las que hemos podido mejorar el protocolo junto con los estudiantes, los profesionales y otras personas que se han ido vinculando, como la Secretaria de la Mujer. En uno de estos ejercicios, por ejemplo, se planteó la iniciativa de crear un campus seguro, pues los estudiantes nos decían que había algunos lugares que les falta un poco de iluminación o cámaras.
En acceso a educación superior, Colombia tiene dos grandes referentes: Ser Pilo Paga y Generación E. ¿Cuál es su opinión sobre estos programas?
Los dos programas fueron muy importantes y se diferencian, por supuesto, por el alcance que tuvieron. En cuanto a Ser Pilo Paga, la UPB fue una de las universidades que más recibió estudiantes en el país y nos deja unas lecciones aprendidas muy interesantes, como la capacidad de acompañar integralmente a estos jóvenes, porque no es simplemente el tema de la matrícula, sino también aportar unos recursos humanos, científicos, tecnológicos, en aras de hacerle un acompañamiento significativo a estos jóvenes que, en la mayoría de los casos, venían de territorios muy alejados. En el caso de Generación E, contamos con menos alumnos, pero tenemos el propósito de que se gradúen. Para ello, contamos con un programa y una unidad específica para hacerle acompañamiento y seguimiento. (Puede leer: “Contribuimos a que no aumente la deserción en el país”: rectora U. Manuela Beltrán)
¿En qué consisten las estrategias que han empleado para contrarrestar la deserción y el abandono de sus estudiantes?
Reunimos las lecciones que nos habían quedado de los programas y actividades que teníamos antes de la pandemia y los recopilamos en una iniciativa que se llama SAFI, la cual consiste en un sistema de acompañamiento de formación integral, desde el punto de vista académico, orientación vocacional o el tema del método. En cuanto al tema económico, tenemos un programa de UPB en familia, que nos ha permitido un acompañamiento importante a todos los estudiantes que nos han manifestado necesidades financieras. Hoy contamos con un comité de casos especiales donde los alumnos cuentan su situación y, de acuerdo a la capacidad de la universidad, a la gestión de recursos que tenemos con otras entidades o a través de nuestra fundación solidaria, hemos dado una respuesta.
Hablemos de las metas de educación propuestas por este Gobierno. La principal es la de conseguir 500 mil nuevos cupos en educación Superior. ¿Cómo ven desde la UPB este objetivo?
Lo primero que celebramos es que muchos jóvenes tengan esta gran oportunidad y ojalá fueran más cupos. Lo que estamos viendo, y lo hemos identificado desde el G10, que es el grupo constituido por las diez primeras universidades acreditadas en el país, es que no está claro el cómo se va a conseguir este objetivo. En la UPB estamos muy interesados y ya venimos conversando con el gobierno y con el nuevo director del SENA con el propósito de explicarles que desde hace 50 años venimos haciendo presencia en los territorios; hoy tenemos más de 3.500 egresados de comunidades indígenas, sobre todo del sur del país, de comunidades afros y de raizales. Entendemos que no es simplemente ofrecer la oportunidad de que los jóvenes vengan a las instituciones de estas grandes ciudades, sino que las universidades, en el nuevo modelo que estamos presentando, vayamos a los territorios. No es solo cumplir un número. Hoy el tema de la calidad nos tiene que ocupar una reflexión. Pienso que esa es la gran pregunta: 500 mil cupos sí, pero con calidad académica.
Hace poco el Ministerio de Educación publicó la nueva hoja de ruta para el trámite de licencias de calidad para la Educación Superior, que es mucho más ágil. ¿Esta medida afectaría la calidad?
Lo que hemos visto desde el grupo G10 y el G8, el cual convoca a las universidades de Medellín, es que el ministerio tiene que depositar una confianza fruto de toda esta historia que traemos como universidades acreditadas y los programas que están ya acreditados. Me parece que en esos casos si pudieran evitar una tramitología, porque son vueltas y un montón de documentos que se pudieran evitar. Se podría lograr un consenso de tal manera que quien ya tiene una tradición reconocida y reacreditada en términos de calidad debía entrar en una modalidad de mayor flexibilidad. En estas diligencias es donde las universidades perdemos tiempo y capacidad para responder significativamente a los retos que se nos plantean como país. En cuanto a quienes están empezando el proceso, sería bueno que pasaran por ese nivel de exigencia, como nos tocó a las primeras universidades que nos sometimos voluntariamente a estos ejercicios.
El artículo 95 de la reforma tributaria y el aporte que deben hacer las universidades a los estudiantes con créditos Icetex también ha generado debate. ¿Cómo tomaron esta medida en la institución?
Para todos esta medida fue una gran sorpresa. Además, tiene consecuencias para el desarrollo de nuestras instituciones, en particular de las privadas, que no recibimos apoyos directos del gobierno, de lo público, y de alguna manera nos toca mantenernos a partir de las matrículas. Nosotros armamos un presupuesto y los excedentes los invertimos en bienestar, en tecnologías, en nuevos edificios y una decisión de esas, no construida en comunidad y en diálogo, va a generar sorpresa y grandes problemas porque no lo teníamos presupuestado. Nos toca realmente arañar y hacer un montón de esfuerzos para los cuales no estábamos preparados. El sector político no puede tomar decisiones simplemente de un solo lado, la invitación es para que se mantenga esa conversación y se lleguen a esos niveles de claridades y de actuación conjunta. (Le puede interesar: “Crear una Superintendencia de Educación aumentaría la burocracia”: José Consuegra)
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