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Nadie discute con la idea de que el mercado laboral colombiano necesita una reforma. El marco de leyes que pone las reglas de juego entre empleadores y trabajadores ya tiene más de 60 años y, con la llegada de nuevas formas de trabajo, tecnologías y recomendaciones internacionales, se hace urgente que el país se actualice en la materia. La pregunta del millón es ¿cómo hacerlo?
Desde el Gobierno de Gustavo Petro se ha priorizado el debate alrededor de una reforma laboral, documento que fue radicado en el Congreso en marzo. Para su construcción se realizaron encuentros con diferentes sectores, así como una mesa de concertación en la que tuvieron asiento empleadores, Ministerio del Trabajo y centrales obreras (finalmente el documento pasó sin ser concertado).
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Ahora el tránsito de la reforma en el Congreso está a la espera de que se radique su ponencia, proceso que se ha dilatado, pues en un primer momento se tenía pensado para la mañana de este martes. Luego pasó a las dos de la tarde del mismo día y, la más reciente actualización indica que esto no sucederá sino hasta la mañana del miércoles. ¿La razón?: la falta de acuerdos entre los ponentes, lo que pone evidencia lo que ya se sabía desde hace meses y es que la reforma laboral tiene a algunos contentos y a otros no tanto.
Los contentos
Entre los contentos están las centrales obreras, las cuales aplauden los avances que plantea la reforma en la dignificación del trabajo. Parte de esto tiene que ver con el reconocimiento de la jornada nocturna desde las seis de la tarde, el pago de un recargo de hasta el 100 % por los días de descanso en los que se labore, así como una regulación clara para el trabajo doméstico, el agro colombiano, ajustes en las indemnizaciones y mayores garantías para el derecho a la huelga y la unión sindical.
Según el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, la reforma tiene un gran potencial de mitigar la informalidad en el país (que hoy es de casi el 60 %) ya que brinda garantías a los trabajadores víctimas de las empresas que violan las normas laborales con, por ejemplo, contrataciones a término indefinido para funciones que son permanentes.
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“De hecho, esa es la columna vertebral de esta reforma. Creemos que por esa vía se pueden formalizar cuatro millones de trabajadores, a lo que se suma la formalización de los trabajadores de servicio doméstico, del agro y de las plataformas de reparto”, resaltó Maltés.
En esa posición también está la coordinadora ponente del proyecto, la representante a la cámara María Fernanda Carrascal (del Pacto Histórico). Para ella, lo que plantea la reforma es hacer “justicia social” a los trabajadores del país, reconociendo que alguien que labora en horas nocturnas tiene un mayor desgaste biológico y social en comparación con alguien que lo hace de día. También resalta de la iniciativa el que contempla la informalidad como economía popular y, por lo mismo, busca avanzar en la formalización de estos tipos de trabajo, dándoles acceso a derechos como pensión, salud y riesgos laborales, entre otros.
Los descontentos
Aquí están los empresarios, para quienes las nuevas obligaciones que plantea la reforma se traducen en más costos operativos, es decir, hace más caro contratar a una persona y reduce la posibilidad de abrir nuevas vacantes. Parte de los resultados que arrojó un análisis, publicado hace unos días por el Banco de la República, parece reforzar esa hipótesis al concluir que la reforma (tal y como fue radicada al Congreso) implicaría el fin de unos 454.000 trabajos formales (aunque el mismo análisis confiesa que no tuvo en cuenta ciertas variables que podrían afectar esta cifra).
Además están los que devengan un sustento de las plataformas de reparto, para quienes la rigidez de un contrato de trabajo (que implica cumplir con un horario y tener un salario fijo) se traduce en una reducción de plazas laborales, pues sostienen que la autonomía (es decir, definir ellos su tiempo e ingresos) es la naturaleza y atractivo de este tipo de labores (premisa que también defienden las plataformas agremiadas en Alianza In).
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Esta también es la línea del representante a la Cámara, y ponente de la reforma, Andrés Eduardo Forero (del Centro Democrático). Él asegura que su partido no acompañará la ponencia que presente la coordinadora Carrascal, pues consideran que la reforma es inconveniente (porque ataca a las pequeñas y medianas empresas) e inoportuna (porque llega en un momento complejo para la economía nacional, en donde resalta la desaceleración del crecimiento de la economía).
“La misma ministra ha reconocido que con la reforma no se van a crear nuevos empleos, y no se va a atacar el problema de la informalidad, cuando lo que queremos es más empleos y más formalización”, detalla Forero.
Los detalles de la ponencia
Como es natural en los proyectos de ley, la reforma ha tenido varias modificaciones en su preparación para la ponencia. Según el borrador al que tuvo acceso este medio se ha logrado el acuerdo en 39 artículos, mientras que 38 permanecen abiertos y dos casi están cerrados (el artículo 57 y el 65). En suma, se recibieron 76 artículos y se propuso la adición de tres.
En la ponencia se evidencia la recepción de propuestas desde diferentes sectores, como lo es la designación de un día de la familia por semestre, el cual estaría a cargo de las cajas de compensación; el establecimiento de mayores incentivos para la contratación formal, y contrataciones no forzosas para los trabajadores de aplicaciones.
En entrevista con este medio, la representante Carrascal dijo que parte de lo que todavía está pendiente por acordar son los recargos nocturnos, pues está la propuesta de que no arranquen desde las 6 pm, sino desde las 7 pm. Dice que estarían de acuerdo si la misma entra a regir desde que se sancione la ley.
Los turnos dominicales y festivos empezarían a pagarse de forma progresiva. Es decir, pasar del 75 % actual a un 80 % en 2024, 90 % en 2025 y posteriormente al 100 %. Sobre el tema de las plataformas, Carrascal adelantó que se está trabajando en un tipo de contrato especial que reconoce la existencia de una subordinación en estas actividades, pero que a la vez permite una flexibilidad horaria (es decir, las empresas tendrían que reconocerles prestaciones, mientras que los repartidores tendrían derecho a elegir sus horarios de trabajo).
De los ajustes que se alcanzan a ver en el borrador se destaca que los contratos a término fijo o de obra labor se ampliaron para quedar hasta por tres años (antes estaba hasta por dos años); también hubo ajustes en los montos de indemnización; se incluyeron a los jóvenes, migrantes y víctimas del conflicto, y procedentes de municipios PDET y ZOMAC, en las acciones guiadas por el Servicio Público de Empleo para la eliminación de barreras de acceso o permanencia en procesos de contratación; y se propuso la creación de un ranking de paridad salarial, en el que aparecerán las empresas que se destacan por su cumplimiento en esta materia.
Así las cosas, el pulso por la reforma está a punto de comenzar en el Congreso, mientras se le dan las últimas pinceladas a la ponencia. Este es un debate que desde hace años estaba en mora, pero que llega en un momento complejo, tanto en materia política, como económica.
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