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Durante más de 32 horas, Salvatore Mancuso rindió una declaración sin precedentes para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En cuatro días, el exjefe paramilitar contestó un cuestionario de la justicia especial, que busca determinar si su versión sobre la guerra es suficientemente novedosa, concreta y suficiente para ganarse un cupo en la jurisdicción especial. Desde una prisión de Georgia (Estados Unidos), el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), repitió gran parte de la versión que por años le ha contado a la justicia, pero, bajo reserva, entregó listas de nombres inéditos en la historia de cómo el paramilitarismo se alió con las fuerza pública, empresarios y políticos.
Los listados ya están en manos de los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Aunque Mancuso no ha entregado ni una prueba que sustente su testimonio, ni sus dichos sobre personas que señaló directamente de haberse aliado con sus estrategias criminales, la JEP tiene la tarea de determinar si lo que dijo en audiencia, y en las sesiones reservadas, es suficiente para entrar a la jurisdicción y recibir sus beneficios. Según fuentes cercanas al caso, la Sala podría definir en máximo dos meses si acepta darle un cupo o repite la decisión que hasta ahora ha tomado en casos similares, como el del exparamilitar, Jorge 40, quien justamente recibió la noticia de que no será aceptado en la JEP el pasado lunes.
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¿De qué habló Mancuso?
Durante los cuatro días de audiencia, el exjefe paramilitar contestó el cuestionario de los magistrados de la JEP, quienes dividieron en cuatro grandes temas la declaración de Salvatore Mancuso. Primero, las Convivir como fachada del accionar paramilitar. El segundo, las operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública. El tercero, las alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y fuerza pública. Y el cuarto, la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. La gran mayoría de su relato se concentró en episodios que en el pasado ya había contado en otras instancias judiciales y que quedaron en expedientes de la Corte Suprema de Justicia y Justicia y Paz.
De todos ellos ya tiene conocimiento la JEP, por un informe que elaboró el Grupo de Análisis de la Información (GRAI). En ese documento, los analistas estudiaron más de 120 fuentes judiciales para determinar los puntos en los que Mancuso realmente podría aportar con datos novedosos y concretos y, en su informe, anotaron 10 en total: el contenido de acuerdos con alcaldes y concejales para el control de la función pública a nivel municipal, tanto en contratación y cuotas burocráticas; así como la participación de Mancuso en prácticas de apoyo a la actividad de las estructuras paramilitares y los aportes de funcionarios públicos que ocuparon cargos de elección popular.
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Además, el GRAI recomendó prestarle atención a los mecanismos de coerción sobre los electores y posibles interferencias en el ejercicio de las autoridades electorales, así como la individualización de miembros de la Registraduría que hayan colaborado con un fraude electoral. Por otro lado, también explicó que Mancuso podía ahondar en la forma en que se relacionaron agentes de la Fuerza Pública, funcionarios públicos y terceros vinculados a grupos paramilitares, así como la victimización de estos agentes en la victimización de opositores políticos, sindicalistas, entre otros. Otro punto clave para el GRAI fue el de las prácticas de injerencia en la administración de justicia.
El grupo de análisis también recomendó ponerle atención a ahondar en los mecanismos de control por parte de las AUC de instituciones como la Universidad de Córdoba y de cualquiera otra estrategia que llevó a grupos paramilitares a tener cuotas en entidades públicas, como el Incora, y a desviar dinero público a los bolsillos de las autodefensas. Bajo la luz de las recomendaciones del GRAI y la versión de Mancuso, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene ahora la tarea de definir si lo dicho por el exparamilitar, pese a las repeticiones, es suficiente para entrar a la JEP.
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La actitud y disposición, más allá de la verdad
Sin embargo, para quienes conocen el proceso y saben el valor de las declaraciones de Mancuso, la decisión va más allá de si se cumple con el estándar de verdad que buscan los magistrados. Uno de ellos es el procurador delegado para la JEP, Jairo Acosta Aristizábal. En diálogo con ese diario, el funcionario dijo, sobre el futuro de Mancuso en la JEP, que gran parte de la decisión que tomará el Tribunal de Paz estará determinada en la evaluación de la disposición del exjefe paramilitar para comenzar un proceso en esta justicia. Es decir, además de evaluar su verdad y de contrastarla, también jugará un papel fundamental la actitud y disposición que los magistrados determinen que tiene para continuar el proceso.
Para Acosta Aristizábal, de abrirse la puerta para que Mancuso empiece un proceso judicial en esta justicia transicional, “entraría, incluso, estando por encima de la fuerza pública, porque es fácil deducir que la fuerza pública estaba al servicio de las autodefensas”. Añadió también que su papel dentro de la JEP sería vital para desentrañar el rol de muchos terceros y servidores públicos que pudieron tener participación en crímenes de Estado. El procurador agregó que, en las diligencias reservadas que se llevaron a cabo en medio de las sesiones públicas, Mancuso “ha ido más a fondo, ha entregado datos importantes y nombres concretos”.
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Acosta fue enfático en decir que, por ahora, apenas son afirmaciones y acusaciones que la magistratura deberá contrastar y probar. “He visto algunos aterrizajes importantes frente a las dinámicas y responsables que pueden ser útiles para elaborar el mapa de los hechos”, concluyó el procurador. Otra fuente cercana confirmó que una de las razones por las que Mancuso no habría entregado pruebas a la JEP todavía es porque, en las últimas cinco semanas, ha cambiado de abogado en tres ocasiones. Según la información que habría entregado el exparamilitar a la jurisdicción a través de correos electrónicos, varios de sus defensores legales de confianza desistieron a acompañarlo en el proceso.
En consecuencia, en los últimos días, la JEP le asignó un abogado de oficio. “Él lleva tres meses recopilando sus memorias sobre lo que iba a decir en las audiencias, pero ese camino lo ha recorrido casi solo”, explicó la fuente, sin referirse a las razones por las que habrían desistido los demás defensores. Aun sin acompañamiento de abogado de confianza, Mancuso cumplió con su cita. Sin embargo, para quienes conocen la minucia procesal de las investigaciones de la JEP, explicaron que, ante casos como el de este exjefe paramilitar, no es suficiente con su “buena voluntad”, sino que debe probarse, materialmente y con pruebas, que sí se merece un cupo en la justicia especial.
Un abogado penalista, que pidió reservar su nombre porque litiga en un caso en la JEP, señaló que “paramilitares como Mancuso han dicho lo que han querido ante la justicia, sin que haya una prueba documental o sumarial para probarlo. Aquí no sirve que cuente lo que recuerda del conflicto y que entrega una lista de nombres. Lo que necesitamos es avanzar para poder cerrar tantos años de impunidad y no repetir, sin sustento, historias que no se pueden probar”. Como testigos de esas décadas de impunidad, a las cuatro audiencias de Salvatore Mancuso asistieron 36 víctimas provenientes de Córdoba, Urabá, Atlántico, Sucre, La Guajira y Bolívar.
Como requisito, las víctimas que fueron invitadas a la audiencia presencial en Montería debían estar acreditadas ante la JEP y que sus casos estuvieran relacionados con las temáticas que se abordaron cada día. Uno de esos casos fue, justamente, el del homicidio de Eudaldo Tito Díaz, exalcalde de Roble (Sucre), asesinado en 2003 a manos de las AUC. Uno de sus hijos, David Díaz, asistió a la diligencia en la tercera y cuarta jornada, cuando el exjefe paramilitar se refirió al caso de su padre.
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Aunque en estas diligencias las víctimas no tenían posibilidad de intervenir o preguntar por casos puntuales, al tratarse de una audiencia de escucha únicamente, la JEP consideró que su presencia en Montería era fundamental como parte de su proceso de reparación y para mantener su fundamento de tener las víctimas en el centro de todas sus actuaciones. Algunas de sus demandas de verdad estuvieron enfocadas en pedir que Mancuso aporte nuevos nombres de civiles y empresarios que pudieron estar detrás de casos de despojo de tierras, desplazamientos masivos y masacres.
En las jornadas de audiencia pública, los aportes nuevos no fueron tan significativos o reveladores, tal y como mencionaron varias de las víctimas que participaron. Sin embargo, lo que se espera es que, en los espacios reservados, Mancuso haya hecho aportes suficientes y novedosos que, de ser contrastados y comprobados, puedan garantizar su cupo en la JEP. Más allá del proceso judicial y de su presunta voluntad de contar la verdad, el exparamilitar se está jugando su futuro en libertad: si esta jurisdicción le da un cupo, Mancuso podría quedar libre, una vez regrese extraditado o deportado desde Estados Unidos.
Mancuso se juega su libertad
En el mejor de los escenarios, Mancuso podría pagar por sus delitos a través de sanciones propias, es decir, sanciones que no contemplan la privación de la libertad, pero sí una serie de actividades simbólicas que tendría que ejercer, por entre cinco y ocho años, en los territorios donde hizo presencia y donde más generó afectaciones. Al finalizar su interrogatorio ante la JEP, las cantadoras de Mampuján tuvieron un espacio para entonar sus canciones de duelo. Por su parte, las víctimas de San Basilio del Palenque encendieron velas y otras mujeres de los Montes de María mostraron los tejidos que han hecho para sobrevivir a la guerra.
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En un video proyectado en el auditorio, con voces de otras víctimas, Aura Camargo le dijo a Mancuso: “Solo tendríamos restauración reparativa, cuando usted sea capaz de decirle a este país, a las mujeres, a los niños, lo que nosotros vivimos. Que no fue nuestra culpa, que fueron órdenes, no las sabemos, pero usted sí las sabe”. El exparamilitar, en una intervención final antes de terminar la diligencia, agradeció la presencia de las víctimas y dijo que expresaba su arrepentimiento por los crímenes que cometió.
“La vida no me alcanza para reparar todo el dolor que causé. Solo me queda dedicar los años que me quedan. Voy a contribuir a la reparación, no repetición, el alivio y la sanación de las heridas que causé”. Con la voz entrecortada, mostró unas manillas tejidas que, según él, ha hecho artesanalmente en la cárcel y que dicen Paz – No Repetición. “Quisiera ofrendarlas como un tributo a ustedes, una muestra de mi arrepentimiento y vergüenza”. El recinto quedó en silencio.
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