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La multinacional bananera con mayor presencia en el Urabá antioqueño, es responsable por financiación al paramilitarismo. Así lo determinó una histórica sentencia del juzgado sexto penal de circuito de Antioquia, el cual ordenó la captura y fijó una condena de 11 años y tres meses de cárcel en contra de siete antiguos altos funcionarios de la empresa estadounidense, Chiquita Brands, y de su filial más rentable en el país, Banadex. A través de un documento de 170 páginas, conocido por El Espectador, la justicia, al menos en primera instancia, consideró que los millonarios pagos de este próspero conglomerado, que cayeron en manos de las autodefensas de la Casa Castaño, fueron ilegales y que nunca correspondieron a cobros extorsivos.
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La sentencia es el resultado de una investigación de la Fiscalía que inició en 2007, justo después de que el Departamento de Justicia estadounidense sancionara con US$ 25 millones a Chiquita, tras aceptar su financiación a las AUC. La multinacional desembolsó pagos a bolsillos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a pesar de que en 2001 el gobierno norteamericano puso a esa agrupación armada en la lista de terroristas extranjeros. Según los libros contables de la multinacional, entre 1997 y 2004 entregaron hasta US$ 1,7 millones a los paramilitares, sin contar el dinero entregado previamente a las guerrillas. Aunque en la justicia norteamericana la empresa fue condenada el año pasado a reparar a un grupo de víctimas nacionales, es la primera vez que se declara responsabilidad penal individual por la financiación.
Entre los condenados están los norteamericanos Charles Dennis Keiser, quien digirió las operaciones de Chiquita Brands en Colombia, entre 1990 y 2000, y John Paul Olivo, excontralor de la empresa para Norteamérica y para Banadex, entre 1996 y 2001. También el hondureño Alberto Giacoman Hasbún, excontralor de Banadex entre 2002 y 2004. La sentencia condenatoria también cobija a Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exasesor jurídico de Chiquita para Colombia; Álvaro Acevedo González, exgerente de Banadex entre 2001 y 2004; José Luis Valverde, costarricense y exrepresentante legal de Banadex entre 2000 y 2002; y Víctor Julio Buitrago, quien fuera jefe de seguridad de Banadex para las regiones de Santa Marta y Urabá, desde 1999 hasta 2004.
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Dado que los pagos ya estaban probados, el juzgado tenía el trabajo de responder a la siguiente pregunta: ¿fueron entregas de dinero bajo amenaza de extorsión o se trató de financiación plena? De acuerdo con la sentencia, fue lo segundo. El juzgado no encontró prueba de que los altos directivos de la empresa hubieran adoptado políticas corporativas de “cero tolerancia” a quienes colaboraban con grupos armados, a pesar de que en Estados Unidos existen en casi todas las compañías. En palabras de la jueza del caso, Diana Lucía Monsalve, “no hubo ninguna medida por parte de la compañía para mitigar el riesgo”. La defensa de los empresarios sostuvo constantemente que fueron citados por el mismo Carlos Castaño, en 1997, quien les habría prometido sangre si no financiaban a las AUC.
La jueza del caso partió de la premisa de que, en principio, los pagos coercitivos pueden eximir de responsabilidad a un investigado, siempre y cuando se demuestre que esa amenaza fue “inminente e insuperable”. Para la jueza, no es cierto que los altos ejecutivos de la noche a la mañana sintieran una fuerza que anulaba su voluntad, pues, además de que habían ya pagado a las guerrillas, tenían pleno conocimiento de los grupos armados que controlaban la zona. A pesar de ello, no hay prueba de que hayan alertado con urgencia a las autoridades. De hecho, en la sentencia se les reprocha por no haber acudido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la cual hubiera autorizado los pagos, supuestamente extorsivos, mientras la empresa salía del país de manera segura.
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Un alto porcentaje de los pagos de Chiquita Brands a las AUC se hicieron a través de las organizaciones Convivir, las cuales para entonces eran legales. Sin embargo, para la jueza Monsalve, era una labor de debida diligencia, para la empresa, investigar lo que a plena luz del día se sabía y que había sido alertado por organizaciones de derechos humanos: que las Convivir estaban controladas por los hermanos Castaño. A través de esa triangulación nació la histórica frase de que los criminales recibían tres centavos de dólar por caja de banano exportada. “La persistencia en los desembolsos, aun con indicios de ilegalidad, configura un dolo eventual (intención) y la falta de denuncia ante las autoridades colombianas, así como ausencia de medidas preventivas, refuerzan la intencionalidad”, se lee en la sentencia.
El histórico fallo, además de ser el primero en reconocer que las empresas privadas financiaron a los grupos que perpetraron masacres, secuestros, desapariciones forzadas, violencia sexual, y un largo etcétera de crímenes de guerra y de lesa humanidad, también dejo claro que la Fiscalía se quedó muy corta en su investigación. Por ejemplo, la jueza Diana Lucía Monsalve cuestiono que el ente investigador nunca vinculara al proceso a los principales directivos de la compañía, sobre todo teniendo en cuenta que los procesados aseguraron que contaron con el visto bueno de la casa matriz de Chiquita en Estados Unidos.
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Una falencia de máxima gravedad, dice la sentencia, dado que, antes de que el gobierno estadounidense tomara postura con respecto a las AUC, los altos ejecutivos consideraron la financiación de grupos paramilitares como un mero costo operativo en una zona conflictiva y no como un crimen internacional. “El ente acusador se conformó con perseguir a los mandos medios”, sentenció la jueza del caso. La culpabilidad de los directivos se prueba en hechos tan simples, se lee en la sentencia, como que, si supuestamente los pagos eran para seguridad en el territorio, debían estar registrados contablemente. Y no lo estaban, pues permanecieron ocultos, hasta que la casa matriz aceptó responsabilidad ante el Departamento de Justicia.
La sentencia, por otro lado, libró de responsabilidad a Javier Ochoa Velásquez, Víctor Manuel Henríquez y Jorge Alberto Cadavid, altos funcionarios de Banacol, la empresa que tomó la operación de Chiquita Brands, una vez salieron de Colombia en 2004. Los demás siete procesados, si no logran demostrar inocencia en segunda instancia, pasarán más de una década presos, por robustecer el proyecto paramilitar que dejó miles de víctimas en el Urabá.
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