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Mediante un preacuerdo, Lewis Joel Acosta Soto, exconcejal de San Carlos (Córdoba), admitió haber facilitado los ataques del Clan del Golfo dirigidos a la fuerza pública y a la población del municipio.
La tarea principal del procesado era alertar a los criminales sobre los movimientos de las fuerzas del orden, así como indicarles lo que debían hacer contra los comerciantes y ciudadanos que no aceptaban sus amenazas.
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El hombre también era el encargado de identificar posibles víctimas de homicidios y de obtener dinero, transporte y otros recursos para la subestructura Javier Yepes Cantero. Por lo tanto, un juez penal del circuito especializado de Montería aceptó la negociación judicial y lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
Acosta Soto deberá cumplir esta pena en un centro de reclusión carcelario. Además, se le impuso una multa de 1.350 salarios mínimos, es decir, más de 1.921 millones de pesos, y quedó inhabilitado por 48 meses para ejercer funciones públicas.
El 29 de octubre de 2024 fueron judicializados, junto a Acosta Soto, otras personas que pertenecerían al grupo criminal. Entre ellos estaban Manuel Santiago Reyes Morales, alias “Indio”; Nafer José Polo López, alias “Barbero”; Claudia Patricia Espitia Guarne; y Jairo Segundo Sánchez Polo.
Estas personas habrían cumplido diferentes funciones en la red criminal, entre ellas, realizar labores de vigilancia sobre las instalaciones y personal de la Policía y el Ejército Nacional en la región.
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