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Vivir en la capital colombiana para un migrante no es cosa fácil. Para cumplir con los $500.000 de arriendo del mes y sostener una calidad de vida digna para sus dos hijos, Rafael Calle, sostiene dos trabajos. En el día se la rebusca como vendedor informal y en la noche, desde las 10:00 p.m. entrega periódicos hasta el amanecer. Vive en una casa en el barrio El Amparo en Kennedy, donde encontró un lugar económico en el que lleva ya unos dos años. En lo que lleva en Bogotá, su familia se ha trasteado dos veces y no piensan volver a hacerlo a pesar de las condiciones de seguridad del sector en el que habitan.
La vida de Rafael es tan solo un reflejo de lo que ha sido para muchos venezolanos aventurarse a encontrar vivienda en Bogotá. Han sido años de crecimiento poblacional y de diáspora. Las condiciones, en retrospectiva a 2014, cuando comenzó la ola migratoria de Venezuela, han cambiado. Ya se habla de 650.000 migrantes que se han asentado en Bogotá y Cundinamarca, de los 2′480.000 que han arribado a suelo colombiano en los últimos años. La capital y Soacha, concentran el 26 % de esta población y Colombia el 41 % de los migrantes venezolanos de América Latina.
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De ahí la necesidad de repensar y reevaluar sus condiciones de habitabilidad y calidad de vida, que se ha visto deteriorada por la dificultad de acceder a vivienda digna. Entre los catalizadores del fenómeno se enumeran la discriminación y la informalidad que hace que los ingresos promedio de una familia migrante venezolana sean menores en un 34 % en comparación con una colombiana. La proyección que los mismos venezolanos tienen de su estadía en el país y las oportunidades inciden en que su acceso a vivienda se esparza en espectros desde el pagadiario, al que llega inicialmente el migrante cuando llega a la deriva, a las rentas en viviendas del sur y hasta invasiones en la periferia de la ciudad.
Bajos ingresos e informalidad
En el caso de Rafel Calle, si trabajara solo en su turno nocturno como empleado -ganando poco más de $900.000- destinaría el 60 % de su salario solo en vivienda, de no ser por su segundo trabajo. Teniendo en cuenta que vive en El Amparo, el costo beneficio no es alentador. Por ello tuvo que iniciar ventas informales en las calles durante el día, para sostener su hogar y a sus hijos de tres y ocho años. “En unos años no me veo aquí. La idea es salir con mi familia”, dice Rafael.
El estudio Vivienda en renta Modelo replicable enfocado en la población migrante en Bogotá y Soacha, desarrollado por Probogotá Región y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), detalla el comportamiento de este fenómeno en la capital del país y pone en manifiesto una propuesta a la problemática.
Los ingresos de una familia migrante son radicalmente menores a una colombiana. Aunque el 70 % de los venezolanos están empleados y el 10 % está estudiando, únicamente el 30 % está afiliado al régimen de aseguramiento. En Bogotá, los ingresos de una familia oscilan entre $1.752.911, y en Soacha es de $1.194.945. Un estándar favorable de gastos apunta a que en arriendo se debería destinar, como máximo, el 30% de los ingresos.
Según el promedio de ingresos, los hogares venezolanos deberían destinar alrededor de $529.000 y $306.400 mensuales para el alquiler en Bogotá y Soacha. La realidad es más desafiante, ya que un arriendo en la capital ya puede estar en más de $700.000 incluso en estratos bajos, lo que significa que pagar el arriendo es uno de los grandes retos que atraviesan estas familias cada mes.
Otro dato que resalta el estudio es que el 97 % de los migrantes en Bogotá vive en renta, en Soacha el 99,86 %. En promedio, el 67 % vive en apartamento, lo cual se acopla la tendencia natural de la ciudad -61 % de los bogotanos vive en apartamentos-. Como Rafael, que vive con sus dos hijos, su esposa y una cuñada, en un espacio pueden vivir entre seis y siete personas en apartamentos de dos y tres habitaciones.
Las condiciones, empero, pueden ser peor. Bibiana Rodríguez, directora de desarrollo urbano sostenible de Probogotá, cuenta que durante el estudio encontraron que estos factores tienen una repercusión en dónde y cómo se asientan los migrantes venezolanos, muchos cayendo, en pagadiarios que terminan en detrimento no solo de su economía, pero asimismo de las condiciones básicas de habitabilidad.
“Las condiciones de habitabilidad de esta población son bastante complicadas. En las encuestas que realizamos encontramos que muchos llevan un promedio de tres años viviendo en nuestro país, y la mayoría se encuentra en edad productiva, o sea, tiene entre 18 y 40 años. Más de la mitad de ellos no tienen acceso a servicios financieros y tampoco están en el mercado formal laboral. Esto los pone en una situación de desventaja”, señaló Rodríguez a El Espectador.
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Dificultades al arrendar
“Solo el hecho de ser venezolano es una dificultad para conseguir arriendo. No solo me pasó a mí, sino a mis conocidos, que es difícil que te arrienden, que las inmobiliarias no te aceptan, o que es muy caro. Piensan que uno no va a pagar o no sé, simplemente desconfían de uno”, dijo Rafael a este diario.
Luis Alberto Alfonso, gerente de Ágora Grupo inmobiliario, describe las dificultades que atraviesa esta población en la búsqueda de vivienda digna. “Tenemos una población migrante que sufre las mismas consecuencias que las personas en condición de desplazamiento, quienes tienen que ubicarse en las periferias de la ciudad o los lugares que comúnmente llamamos invasión”.
“Asimismo, hay quienes tienen que hacer el pago diario por una habitación, pueden oscilar entre los $10.000 y $20.000 pesos. Luego, tenemos la población que ya lleva un tiempo aquí y tiene trabajo informal porque no tiene documentación al día, entonces hacen trabajos informales, pero tienen el sustento para pagar un arriendo. Pasa que estos arriendos son en inmuebles estratos 1 y 2, en donde las condiciones de arrendamiento no están”.
En Bogotá, la mayoría de población migrante se concentra en las localidades de Suba (16,2%), Kennedy (15,6%), Ciudad Bolívar (10%), Engativá (8,9%), y Bosa (8,9%). De otro lado, la Encuesta Multipropósito (EM) en su último reporte publicado a finales de 2022, en Bogotá y Soacha hay un total de 41.648 hogares de migrantes venezolanos en condición de déficit.
Ariana Rosay, quien vive hace ocho en la capital, describe otra realidad que enfrentan los migrantes a la hora de arrendar o ubicarse en sitios dignos: la discriminación. Cuenta que solo el hecho de que escucharan el acento de su madre les costaba la oportunidad de arrendar un espacio a ella y su familia cuando llegó a la ciudad.
“Primero no podíamos pagar el arriendo donde estábamos porque era muy caro. También está el tema de que, por no tener un trabajo formal, nos decían que no de una. Ahora, en las publicaciones de arriendo en Facebook dicen explícitamente, en algunas, que no admiten venezolanos”, cuenta Ariana a El Espectador.
Y es que para los arrendatarios dar un espacio a un migrante puede generar incertidumbres. “Lastimosamente hay una percepción de que los inquilinos venezolanos tienen malas prácticas que devienen precisamente de las propias dificultades de su situación. Por ejemplo, se han visto casos en los que en un apartamento ingresan hasta ocho personas, o que se cuelgan con los pagos y eso hace que en algunas partes los desalojen”, añade Luis Alfonso.
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¿Subsidios para que migrantes arrienden?
Comparando ejemplos de España y Perú, y haciendo un minucioso análisis de la oferta y demanda en la ciudad, Probogotá y la USAID desarrollaron una propuesta que busca disminuir esta brecha de acceso a vivienda para migrantes venezolanos, y para población vulnerable en la ciudad. Consiste en unos subsidios de renta y programas de educación financiera.
Bibiana Rodríguez explica que el proyecto consiste en construir 900 hogares para 2.700 personas, de los cuales 50 % será destinada a población migrante venezolana y la otra mitad a población vulnerable colombiana. “Enfocarnos en un proyecto de vivienda en renta se ajusta a la realidad que hoy vive la población migrante venezolana en la ciudad; hay que lograr una solución en el corto plazo, que reconozca su estatus de arrendatarios”, señaló.
El modelo que estructuran estas dos organizaciones tiene un antecedente en Colombia. Se trata del piloto que echó a andar Bulmont, organización norteamericana que desarrolla programas sociales, que se alió con dos colombianas (Venezolanos en Barranquilla y Patrulla Aérea Colombiana) y crearon el programa de subsidio de arrendamiento, financiado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos. En este caso, el primer ciclo de subsidios le fue dado a 334 familias, de las cuales el 75 % pudieron seguir pagando el arriendo por su cuenta, pues un enfoque de este piloto es que los venezolanos puedan centrarse en otros aspectos como la educación, la búsqueda de empleo.
Este último enfoque hace parte de la propuesta para Bogotá a pesar de la financiación, dice el proyecto, dependería de la donación anual de $18.000 millones (440.000 dólares). “El programa está diseñado para que en tres años las familias beneficiadas ingresen en un proceso de educación financiera para que sean buenos arrendatarios y en gestión. Se propone la construcción de torres de apartamentos, ubicadas en Bogotá o Soacha, que dispongan 300 unidades de vivienda de 42 metros cuadrados, con amenidades, espacios de integración y acabados completos y pensadas exclusivamente para ser rentadas”, agrega la directora de desarrollo urbano de Probogotá.
“El proyecto desde el punto de vista social es interesante en tratar de mitigar la problemática del hogar venezolano construyendo torres. Ahora, habla de acabados y si hay un cargo de administración, serían aspectos que superficialmente encarecerían un poco la la vivienda de esas personas. También habrpia que analizar los escenarios de convivencia en estos espacios para que realmente haya un beneficio”, señaló el gerente inmobiliario.
La garantía de los derechos básicos de los venezolanos es un tema que cada vez más requiere atención en ciudades como Bogotá que agrupan gran cantidad de familias como la de Rafael y Aura. Su día a día es ejemplo de que con el tiempo los efectos de la migración se agudizan y exigen mayor concentración de las autoridades locales y en todos los niveles sociales. Mientras se cuece la discusión y la radiografía de migrantes en la ciudad, Rafael se prepara para levantarse a la 1:00 a.m. para su turno nocturno con la esperanza de que algún día un trabajo baste para pagar el arriendo del mes.
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Por Juan Camilo Parra
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