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Después de casi dos años y con el inminente cambio de gobierno, todo indica que Andrés Díaz se despide como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). En sus manos está la administración de los potentes recursos para mantener las 128 cárceles del Inpec, que guardan, con un 20% de hacinamiento, a casi 100.000 colombianos sindicados o condenados. A Díaz se le encomendó la tarea de maniobrar un sistema declarado bajo grave violación de derechos humanos y que hace unos días vivió la muerte de más de 50 internos en la cárcel de Tuluá. En sus cuentas, son cada vez menos las tutelas que le meten a la Uspec y su administración, como mínimo, dejará construidas cuatro ampliaciones de cárceles en 2022. Habló de la conexión con el Inpec y lo que significó palpar el mundo de la privación de la libertad.
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¿Hay un episodio que siempre recordará después de este trabajo?
Me marcó mucho cuando entré por primera vez al Buen Pastor (Bogotá) y vi señoras de avanzada edad cumpliendo pena. Eso me impactó mucho que a tal edad tuvieran que vivir esa situación. Segundo, ver niños dentro de los establecimientos es algo que conmueve. Tienen la garantía de estar con su mamá, pero después de tres años se tienen que ir. Esa conexión maternal se rompe, siendo tan importante tanto para el niño como para la mamá. En este cargo, cuando uno llega a las cárceles, ve seres humanos.
El país no conoce la complejidad del sistema penitenciario y debería estar más en el foco del análisis. Salvo porque se voló Matamba, en marzo pasado, fue que empezaron a hablar de temas carcelarios en campaña presidencial. El sistema penitenciario le cuesta al país, entre el Inpec y la Uspec, anualmente casi $4 billones. Recursos para 100.000 personas privadas de la libertad, sin contar quienes están en prisión domiciliaria. Debe estar más en el debate nacional.
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Su día a día es estar en las prisiones ¿Qué cambios, desde la política criminal, podrían implementarse para incidir en el hacinamiento que supera el 20%?
Yo creo que el país debe dejar de ser punitivo en algunos casos. Hay delitos, por su puesto, que por su condición y por la persona, es imposible que la persona esté en la calle porque representa un peligro para la sociedad. Hablamos de homicidio, delitos sexuales, delitos contra niños, feminicidios o crimen organizado. Uno a veces encuentra en las cárceles señores o señoras de 60 años por estafa. Claro, cometieron un error, pero no representan un riesgo latente. Incluso el tema de la inasistencia alimentaria. Una persona irresponsable, que, si en la calle no ayudaba al menor de edad, pues en la cárcel menos. Se necesita una reforma estructural al Código Penal. Dar oportunidades para corregir la conducta. Asumir en la reincidencia.
Ustedes son parte fundamental para que el sistema penitenciario deje de estar en un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), como lo ha reiterado la justicia desde los noventa. ¿Qué le recomienda a la administración que viene para superar la masiva violación de derechos humanos?
El sistema penitenciario debería ser uno solo. Ese conflicto de competencias es el que de alguna manera genera esa situación de ECI. La norma dice que los sindicados les corresponden a las entidades territoriales y los condenados a la Nación. Pero a las entidades no les dicen cómo hacerlo, ni les dan recursos. Ahí empieza esa dificultad. El sistema debería ser uno solo y le debería corresponder al Inpec.
La función de la Policía Nacional, salvo que existiera una reforma, no es la de estar teniendo presos en las estaciones de policía, ni mucho menos de la Fiscalía en las URI’s. Es un buen llamado tratar que se juntaran esas necesidades. Eso tiene que ir acompañado de recursos y de alternativas que hagan esos recursos eficientes. Considero que el país debe explorar en los nuevos establecimientos que se están construyendo la posibilidad de tener operadores que pudieran ser privados y respondieran por todo.
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Pongámoslo así: el Estado construye la infraestructura y entrega la custodia y los servicios a particulares. Se le paga por cada privado de la libertad. Esa podría ser una alternativa para reducir algo los costos. Tiene que ser un trabajo decidido, lograr que el sistema penitenciario sea uno solo. Hoy en día el problema de hacinamiento se trasladó a las estaciones de policía y a las URIS. Uno no avizora una solución próxima.
¿Cómo estamos frente a la infraestructura carcelaria?
De los 128 establecimientos, 113 son de primera generación y tienen más de 20 años construidos. Cinco son de segunda generación y tienen entre 15 y 20 años. Y apenas 10 son de tercera generación, entre 10 y 15 años de construcción. Los de primera generación albergan 40.000 privados de la libertad. Existe una infraestructura muy vieja, ojalá se pudiera hacer un plan de renovación. Que cuesta.
Hablemos de las tutelas contra la Unidad
En general, viene bajando. Pueden presentar las tutelas que quieran, pero el porcentaje de admisión ha venido disminuyendo. En 2018, era del 28%. En el 2019, fue del 27%. En el 2020, quedó en un 24%. Y en el 2021, fue del 21%, con 3.676 tutelas admitidas. Entre 2020 y 2021, por otro lado, los fallos desfavorables aumentaron: pasaron de 964 a 1350.
¿Qué sensación le deja el tema de la corrupción dentro de las cárceles? Para nadie es un secreto que se venden los colchones, las hamburguesas las cobran a cientos de miles, entran prostitutas.
Es un reflejo de la sociedad. Hay una tendencia a tener privilegios sin importar la condición en la que se esté. Si hay hacinamiento, siempre va a haber alguien que pague por el privilegio. Por eso es importante superar la sobrepoblación, para que no genere ese tipo de corrupción. Pongamos el ejemplo de la cárcel Distrital. Tiene cero hacinamiento por política. Usted no escucha que haya quejas de corrupción porque todos son iguales. Todos tienen derecho a la misma cama. Nadie paga por no dormir en el piso. La alimentación es digna.
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A principio de año, el Inpec hizo una denuncia pública explicando que en el 26% de las cárceles la alimentación estaba en un momento crítico ¿Por qué esa desconexión en dos entidades paralelas que deberían trabajar de la mano para que cada uno de los presos coma en condiciones dignas?
Desde mi punto de vista, uno debe tener respeto por la institucionalidad. Todo carecía de validez técnica. Hablaban de un gusano que estaba en el establecimiento de Guaduas, que había aparecido en la sopa. La interventoría hizo el análisis microbiológico de la comida cuando salió preparada y de la sopa donde estaba el gusano. En el laboratorio se determinó que no eran iguales. Y el médico del establecimiento determinó que era un gusano de tierra. La posibilidad de que hubieran manipulado la sopa era muy alta.
Después que eso se presentó, el ministro de Justicia citó a una reunión al anterior director del Inpec y a todos los operadores de alimentos. Los contratistas dijeron que tenían sus propios problemas. En dos establecimientos se venía perdiendo la comunidad y eso se le avisó al Inpec. Pero no tuvo buen recibo. La acción articuladora debe existir. No es que haya vencedores y vencidos. La idea es que haya un sistema solo. El origen del Uspec se debe a unas deficiencias. No hay que volver al pasado, se necesitan alternativas para la operación se eficiente.
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Háblenos sobre los descuentos a los contratistas que han fallado en el proceso de alimentación, uno de los problemas más graves del sistema
Los mecanismos de descuento siempre han estado, lo que pasa es que antes casi no se aplicaban. El mecanismo tiene un debido proceso. En la operación anterior hay unos descuentos estimados que la interventoría le dice al contratista: mire, yo considero que usted tiene todos estos descuentos por estas falencias.
El contratista tiene derecho a controvertirlos. Hemos venido haciendo unas mesas de trabajo para dirimirlos. Los contratistas han aceptado notas a crédito y en otros casos estamos en el proceso. Hoy el dato total de descuentos de la operación anterior no lo tenemos. Pero soportados y aceptados por los contratistas son un poco más de $1.000 millones.
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