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Terminó el segundo paro arrocero de 2025 con una suma de compromisos por parte del Gobierno y la promesa de sacar los tractores de las vías del país, por parte de los manifestantes.
El fin de los bloqueos y la protesta se logró gracias al acuerdo conseguido por las partes y el acta firmada el jueves 24 de julio, tras cuatro días de negociaciones con extensas jornadas. Además de 11 días de protestas que arrancaron el lunes 14 de julio.
Entre los puntos abordados ampliamente en la mesa estuvo el de establecer un precio mínimo para la carga y tonelada del paddy verde, que es el grano sin procesar. Además de definir las líneas de crédito, acceso a insumos y apoyos económicos del Gobierno a los productores, es decir, los puntos que ya se habían negociado en el paro anterior más otros asuntos, entre otras medidas nuevas.
El acuerdo fue el resultado del trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Interior, Ambiente y Hacienda; la Policía Fiscal y Aduanera; Superintendencia de Industria y Comercio; los voceros del Comité Nacional del Paro Arrocero y la Defensoría del Pueblo, como garante del diálogo.
¿Cuáles son los compromisos pactados?
El valor mínimo del paddy verde fue el primer punto acordado. Por eso, el Gobierno nacional, en uso de las facultades legales y reglamentarias, lo “someterá al régimen de libertad regulada de precios”.
El Minagricultura se comprometió a radicar, este jueves, ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el borrador de la nueva resolución con el fin de que esta entidad emita el concepto de abogacía de la competencia, en el marco de lo establecido en la Ley 1340 de 2009. Una vez sea emitido dicho concepto, la cartera expedirá la resolución que salió del acuerdo.
La medida sigue su curso a pesar de no contar con el apoyo de la industria. De hecho la Federación Nacional de los Molineros de Arroz (Femoarroz) reiteraron su rechazo a la resolución y le pidieron al ministerio que desistiera de ella “a efecto de prevenir grandes pérdidas para toda la cadena”.
Además, en el acuerdo el Gobierno mantiene su compromiso de publicar, para comentarios, la resolución que someterá al régimen de libertad regulada de precios al arroz blanco. Pero esa será otra discusión con la industria y todos los demás eslabones de la cadena.
Otro de los puntos es la defensa comercial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo evaluará la viabilidad de promover la implementación de medidas de defensa comercial y de política de aranceles inteligentes frente a las importaciones de arroz paddy y/o de arroz blanco, conforme a las normas aplicables.
También habrá una comisión con participación del Minagricultura y el comité del paro con el fin de: identificar e implementar medidas para las y los productores afectados por la caída de precios del paddy verde (desde el 26 de junio de 2025 hasta la fecha de expedición de la resolución) y retomar, fortalecer e implementar el paquete de medidas establecidos en el primer trimestre del año, tras la primera movilización.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente realizará una mesa técnica con el Comité Nacional de Paro Arrocero con el fin de buscar una solución para buscar una solución definitiva que ajuste el sistema y método del instrumento económico que permita el acceso justo al agua para el sector agropecuario.
A su turno, el Ministerio de Hacienda liderará una mesa técnica con el objeto de revisar las fuentes de información, como el insumo a la resolución 209 de 2020 para la determinación de la presunción de costos respecto a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se comprometieron a realizar controles en los centros de acopio y en los molinos en los lugares acordados en la mesa, con el fin de revisar los stocks y sus orígenes.
El problema del precio
Los dos paros arroceros de 2025 se han originado por un problema concreto: el bajo precio del cereal. Con el pasar de los meses la situación se fue empeorando a tal punto que algunos de los productores se vieron cultivando a pérdidas.
Al mismo tiempo, los costos de la producción crecían más y más, entre ellos el arrendamiento de los predios para las siembras, la logística, el agua y los insumos. Las cifras del Ministerio de Agricultura indican que los precios que la industria les paga a los productores por el arroz paddy verde cayeron 11,8 % en 2024.
Mientras que las estimaciones de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) apuntaban a que mientras el año pasado la carga del grano (125 kg) se vendió alrededor de $225.000, este año está alrededor de $170.000 en Tolima y en $158.000 en los Llanos Orientales. La caída promedio del valor ha sido cercana al 25 % frente a la misma fecha de 2024.
Los inventarios de arroz aumentan tras los picos de cosecha y disminuyen en los meses siguientes. El comportamiento de los precios ha sido históricamente volátil, y según la cartera, “las fluctuaciones responden no solo a la oferta y la demanda, sino también a la especulación y a la acumulación de inventarios”. Aunque se trata de problemas profundos y de antaño en la cadena del arroz, también ha habido presiones internacionales que han dificultado todavía más al sector.
En ese contexto llegó el borrador de resolución que fijaba el precio mínimo para el paddy verde. Pero los montos cambiaron tras las extensas jornadas de diálogo técnico del Minagricultura con el comité del paro.
El Espectador conoció que el precio por tonelada para cada región quedaría así en la resolución:
- Bajo Cauca: el monto quedará en $1.491.478. La región comprende los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre.
- Centro: el valor es de $1.589.489 para Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
- Costa Norte: el monto se fija en $1.512.785 para Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó, en Antioquia.
- Llanos: queda en $ 1.457.387 en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca.
- Santanderes: el precio queda en $1.555.398 para Norte de Santander y Santander.
El acta del acuerdo establece que las partes “concuerdan en que los precios establecidos garantizan los costos de producción al productor sin generación de utilidad”. Esto explica el porqué los valores son más bajos que los que inicialmente propuso el Gobierno en el borrador de la resolución que se conoció el domingo 13 de julio. Aunque todavía no se conocen los detalles de la resolución.
¿Cuáles fueron y en qué van los acuerdos del primer paro?
La crisis del precio del cereal viene desde el año pasado y también fue el centro de las negociaciones de la manifestación de marzo, que duró nueve días.
Por eso en el acta que terminó con el segundo paro se mencionó la creación de comisión técnica para retomar las medidas ya establecidas. Esto “sin perjuicio de la identificación de otros mecanismos establecidos en la ley que permitan garantizar el mismo fin”. Por eso vale la pena revisar en qué van dichos acuerdos.
El compromiso más importante para los arroceros, y el que está más enredado hasta ahora, es el de los apoyos a la comercialización. Este punto consta en un giro de $120.000 por tonelada para pequeños productores de bajos ingresos y $78.000 para medianos productores que hayan vendido el grano entre el 9 de abril y el 30 de junio de 2025.
Desde el sector reclaman que todavía no han recibido el dinero prometido de dichos apoyos. “Ese compromiso se firmó en marzo y debía desarrollarse máximo dos meses después. Ya estamos en julio y todavía no se ha cumplido”, dijo Rafael Hernández, gerente de Fedearroz.
A mediados de julio de 2025, el programa había procesado más de 2.600 registros con una proyección total superior a los $15.700 millones. Estos fueron los productores priorizados, luego de validar que se encontraran en las bases de datos de Fedearroz.
El problema es la demora del Gobierno para girar el dinero. La explicación es que el proceso de validación es muy lento, debido a que se requiere el cumplimiento de numerosos requisitos y el envío de varios documentos que soporten una actividad que es informal, en muchas ocasiones.
El Espectador conoció que de los 2.600 arroceros identificados, solo 260 son los que pueden pasar las cuentas de cobro y la información de las cuentas bancarias al Gobierno. Una vez lo hagan, ahí sí podrían recibir el dinero correspondiente.
Otro de los acuerdos que sí ha avanzado es el relacionado con los insumos agropecuarios. La cartera destinó $7.000 millones en apoyo económico para comprar fertilizantes. A finales de junio se lanzó la campaña del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) para productores de 23 departamentos y cinco zonas arroceras.
El Minagricultura reporta una ejecución del 28,4 % del FAIA Arroz, que ya tiene comprometidos recursos por $1.990 millones y 467 productores beneficiados, a la fecha.
Entre los puntos acordados había uno sobre las compras públicas de arroz por parte de entidades del Gobierno. Ya se avanzó con el Bienestar Familiar y se busca que se sumen más entidades como las Fuerzas Militares, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el PAE (Programa de Alimentación Escolar).
Por último, el aspecto de libertad vigilada de precios, que quedó en firme con la Resolución 085 de 2025 del MinAgricultura. Pero la implementación ha tenido dificultades porque requiere que los actores de la cadena reporten la información de su eslabón con transparencia y algunos se han resistido a hacerlo.
Otros frentes por atender
Como se mencionó anteriormente, algunos factores internacionales han sumado preocupaciones y alertas para el producto nacional.
El primer aspecto es que India liberó restricciones a sus exportaciones de arroz blanco partido; y, al ser el principal exportador mundial, puede afectar a Colombia por aumentar la oferta global. Aunque el arancel es del 80 % para este producto, existe el riesgo de que llegue de manera irregular por la frontera con Ecuador.
Para hacerle frente al contrabando, el Gobierno anunció una estrategia de control y vigilancia fronteriza intensiva durante 30 días, liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el INVIMA, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y el Ejército Nacional.
La medida también es una respuesta a la queja recurrente de los productores no solo de arroz, también de papa y cebolla, principalmente. Esto representa un problema para ellos porque incrementa la oferta interna y presiona más los precios a la baja.
A esto se le suma que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que la producción mundial de arroz alcanzará un máximo histórico en 2025-2026, con 555,6 millones de toneladas. Dicho incremento es consecuencia de mejores rendimientos y la ampliación de la superficie sembrada en India, Bangladesh, Pakistán y Vietnam.
Finalmente, otra preocupación son las importaciones. Tan es así que algunos de los promotores al paro, como Dignidad Agropecuaria, incluyeron en sus peticiones al Gobierno que limitara la entrada del grano y revisara o renegociara los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Comunidad Andina, ya que facilitan las importaciones. De hecho, a los arroceros les preocupa que en 2030 EE. UU. va a poder entrar el cereal sin arancel.
En últimas, la salida de la crisis del sector arrocero depende de que, efectivamente, se materialicen los acuerdos logrados y las soluciones sean estructurales. Así no estaremos hablando de otro paro en unos meses.
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