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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quién es Luz Adriana Camargo? ¿Por qué renunció una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro a la posibilidad de ser nombrada como fiscal general de la nación justo cuando la Corte Suprema de Justicia, en el orden del día, estaba lista para debatir y votar? ¿Qué sucedió dentro de esa sesión extraordinaria convocada para este 12 de marzo en el alto tribunal y que ya era la quinta reunión con ese objetivo? ¿Cuáles fueron las reacciones políticas? ¿Qué dijo el alto Gobierno? ¿Por qué se ha dicho que esta elección estuvo empañada por elementos de un sesgo machista en una terna que por primera vez en la historia está conformada por mujeres? ¿Qué tiene por delante la nueva funcionaria? Con todos los textos que nos enviaron los colegas de Judicial y Política, aquí va un boletín de resumen de un proceso que ha despertado muchas reacciones e interpretaciones, pues se trata de uno de los cargos más relevantes en el país y que tiene una larga lista de tareas, incluido el proceso judicial en contra del hijo del primer mandatario.
Antes de seguir, es preciso entender el proceso y cómo fue que llegamos hasta aquí. ¿Cómo se hace la elección del cargo a fiscal general de la nación en Colombia? De acuerdo con la Constitución, es el presidente de la República en ejercicio quien debe enviar un listado de tres personas a la Corte Suprema de Justicia, y allí el alto tribunal valida los nombres, se escucha en audiencia pública a la terna, analiza y luego vota. Así las cosas, cuando se surte el proceso, la persona elegida tiene la obligación de liderar a la Fiscalía durante 4 años, a menos que presente su renuncia durante sus funciones. El cargo de vicefiscal general de la nación sí es de libre nombramiento por parte de la cabeza de la Fiscalía. Ya con esto claro, vayamos al proceso.
El 2 de agosto de 2023 el presidente Gustavo Petro envió los tres nombres a la Corte Suprema de Justicia: Luz Amparo Cerón, Amelia Pérez Parra y Ángela María Buitrago, candidatas a fiscal general de la nación para el periodo 2024-2028. Desde todos los francos, indistintamente el color o esquina política, se celebró que fuera una terna femenina. Y los perfiles que la componían. El envío de dichos nombres se daba justo cuando la Fiscalía investigaba a Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entonces Gustavo Petro pidió que se estudiara la posibilidad de elegir un fiscal ad hoc para todos los procesos que existieran en contra de los miembros de su familia.
De las tres surgieron opiniones: “Las tres han sido fiscales que se hicieron un nombre por su trayectoria, rigurosidad y por enfrentarse a poderes establecidos; ninguna, además, ha tenido cercanía personal al presidente ni a su proyecto político”, nos decían en este texto. Amparo Cerón es conocida por sus investigaciones sobre Odebrecht, Amelia Pérez hizo lo propio con las masacres de Trujillo y El Aro, y Ángela María Buitrago investigó lo ocurrido en el Palacio de Justicia”.
Esta es la caricatura que publicó Osuna el 30 de septiembre de 2023:
Pero el 26 de septiembre de 2023, fue el presidente Gustavo Petro quien cambió un nombre de esa terna: sacó a Amparo Cerón, pero mantuvo a Ángela Buitrago y Amelia Pérez. La nueva ternada era la exmagistrada auxiliar Luz Adriana Camargo, “quien es abogada de la Universidad de la Sabana y cercana al ministro de Defensa, Iván Velázquez. Trabajó con él cuando este hacía parte de la Corte Suprema de Justicia y también fue magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal. Ambos estuvieron en el alto tribunal a inicios del año 2000, cuando arrancó a funcionar la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, el grupo de funcionarios que tenía la misión de indagar a los congresistas que tuvieron nexos con paramilitares (parapolítica). Esa iniciativa dejó un poco más de cincuenta políticos condenados. Camargo Garzón también hizo parte, junto a Iván Velásquez, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la cual él era el director y ella la jefa de investigación y litigio. En ese país, ambos adelantaron investigaciones contra funcionarios públicos que tenían que ver con casos de corrupción. Una de ellas tuvo que ver con el entramado de Odebrecht en Guatemala”.
El proceso, con la nueva terna, comenzaba su curso. Petro ya hablaba, desde octubre, de que había “personas” que querían impedir la elección de la nueva Fiscal. Luego se supo de una acción de tutela que presentó el magistrado Gerardo Botero Zuluaga en la que aducía que, por estar compuesta por solo mujeres, la terna violaba el derecho a la equidad de género:
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Petro criticó la postura del magistrado Botero Zuluaga, la Corte confirmaba que no devolvería la terna, para el 12 de octubre Amparo Cerón quedaba oficialmente por fuera del proceso, ese mismo día el Consejo de Estado le negaba la tutela al magistrado que pedía que un hombre estuviera entre los postulados y le pedía que expusiera las razones de fondo, seis días después dicho togado entuteló a Petro después de que el mandatario escribiera un mensaje en su cuenta de X con el que, según él, lo convirtió en blanco de señalamientos que lo acusan de ser misógino.
Terminando octubre, Jhordan C. Rodríguez recordaba los retos que tenía sobre la mesa la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, la elección de la nueva fiscal, por el otro, “la elección de dos magistrados que podrían ser primordiales para completar los 23 cupos de la Sala Plena”. Para el 31 de ese mes, se supo que “las tres abogadas ternadas eran citadas para el 23 de noviembre a la Sala Plena del alto tribunal”. De acuerdo con el proceso, ese día tendrían que presentarse oficialmente ante los magistrados y también contestar las preguntas necesarias. Quedó claro que, aunque la cita era en noviembre, solo hasta ese diciembre de 2023 empezarían la votación, justo antes de la vacancia judicial.
El primero de noviembre la Corte Suprema de Justicia le pidió al Consejo de Estado negar la tutela presentada por el magistrado Gerardo Botero que buscaba tumbar la terna porque solo allí estaban mujeres. Y seis días después se conocía el cronograma de la Corte Suprema para la elección. El 7 serían publicadas las hojas de vida, hasta el 14 de noviembre se recibirían observaciones de la ciudadanía. Se estudiarían hasta el 20 de ese mismo mes. El 23 sería la audiencia pública y a cada una de las ternadas se le escucharía por 20 minutos. Luego vendrían las preguntas. El 7 de diciembre estaba fechada como el inicio de la elección con votación. La ganadora debería obtener, para ese instante, al menos 16 de los 21 votos del total de magistrados que componían la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pues para ese instante había dos sillas vacías. Dos días después llegaba Fernando Augusto Jiménez Valderrama a ocupar una de esas dos plazas.
Fue el 16 de noviembre cuando el Consejo de Estado tomó la decisión de negar la tutela porque no se vulneraron derechos. Y como decía el cronograma, el 23 de noviembre las tres mujeres fueron escuchadas: “Me comprometo a evitar cualquier interferencia en procesos porque la Fiscalía debe ser una garantía de independencia y debido proceso”, dijo Ángela María Buitrago; “Como todos lo sabemos, hay una complejidad, que parte de que no tenemos conductas punibles homogéneas ni fenómenos criminales homogéneos. No es la misma criminalidad la que actúa Soledad, Atlántico, a la que ocurre en Acandi Chocó”, advirtió Luz Adriana Camargo, quien propuso fortalecer las rutas de atención de las víctimas, mejoras en la participación de los fiscales en el juicio y priorizar casos con enfoque territorial (fenómenos criminales que afectan a los lugares más afectados)”. Y Amelina Pérez, en su espacio, dijo: “Uno de mis primeros compromisos será precisamente de combatir a fondo y sin descanso el fenómeno de la corrupción a todos los niveles, considero que la justicia cuenta con todas las herramientas constitucionales legales e instrumentales para el correcto ejercicio de su deber sin necesidad de injerencia extrañas que al final puede generar crisis institucionales como los ocurridos en otras latitudes”.
El periodo de Francisco Barbosa terminaba el 12 de febrero de 2024. Y el país, mientras tanto, tuvo que ser testigo de todos los enfrentamientos posibles entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro por varios asuntos de grueso calao, como la investigación en contra de Nicolás Petro, las diferencias por la llamada “paz total” y hasta las acusaciones en contra de la vicefiscal general de la Nación, Martha Mancera, a quien Petro relacionaba de manera directa con bandas criminales y acciones ilegales. Esas peleas, entre el Presidente y el Fiscal, incluso también con la procuradora Margarita Cabello, las documentamos detalladamente en estos contenidos donde también analizamos el que, según analistas, era el futuro político que estaba cimentando Barbosa en busca de la Casa de Nariño.
“El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dice ser un defensor de la institucionalidad, pero convirtió el último año y medio de su mandato en una oportunidad para subir su perfil político con miras a una posible futura campaña electoral”: Editorial de El Espectador.
Llegó el día de la votación, pero los planes cambiaron y los togados aplazaron. La razón: la posesión del magistrado Fernando Augusto Jiménez Valderrama y el nombramiento de Gerardo Barbosa, completando así las dos plazas que estaban libres. La votación se movía para enero y así iba terminando el año. Las ternadas seguían respondiendo preguntas. Los tiempos se iban quedando cortos y ad-portas de la salida de Barbosa, de acuerdo con la ley, asumiría Martha Mancera como fiscal interina si no se elegía antes el reemplazo:
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¿Pullas a Barbosa?: Petro habló del “mensaje” de su terna para fiscal general
Ya, en enero de 2024, se supo que el 17 de ese mes admitían una tutela que buscaba evitar que Martha Mancera asumiera como fiscal encargada por medio de una acción judicial presentada por el ciudadano Germán Espinosa. El 25 de enero la noticia era que el magistrado Nelson Chaverra era elegido como el primer presidente afro de la Corte Suprema de Justicia y en sus manos quedaba, entre otros, liderar la elección de la nueva fiscal. También lo era que en la votación de la sala plena ninguna de las ternadas había logrado el mínimo de 16 votos necesarios para quedarse con el cargo. De acuerdo con fuentes de El Espectador, ese día Amelia Pérez Parra consiguió nueve votos, Luz Adriana Camargo consiguió seis y Ángela María Buitrago ninguno.
El país estaba atento a dicha votación. El recién elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra, aseguró que dicha deliberación había sido “armónica, fluida y rigurosa”, pero que sería irresponsable dar una fecha exacta de dicha elección. En ese momento, descartaban convocar a salas extraordinarias para acelerar la decisión.
El 26 de enero la redacción judicial nos contaba que “pocos días antes de que el fiscal Francisco Barbosa deje su cargo, el ente investigador decidió archivar una nueva indagación que adelantaba en contra de la vicefiscal Martha Janeth Mancera. Esta vez era investigada por supuestamente haber otorgado beneficios a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio, durante 2020 y 2022. La decisión también cobija a la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando”. Los detalles aparecen en este enlace.
Tres días después se supo que Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, las tres postuladas por el presidente Petro, habían estado en la Corte Suprema de Justicia en reuniones con algunos magistrados. “Las reuniones fueron individuales y estuvieron repartidas entre los siete magistrados de la Sala Civil y los nueve de la Penal, pero no todos las recibieron en sus despachos”, contó la redacción Judicial.
Las sombras que persiguen a Martha Mancera
El 6 de febrero, a dos días de que se reuniera nuevamente la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para votar el reemplazo de Francisco Barbosa, Gustavo Petro se sentó a conversar con el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Fue en la Casa de Nariño. “De acuerdo con información entregada por el alto tribunal, la reunión se dio entre las 6:00 pm y las 8:00 pm en la oficina del primer mandatario. En ella dialogaron sobre los procesos institucionales en curso y la necesidad de respetar los tiempos, procedimientos y funciones”. Petro, desde su cuenta de X, también informó sobre dicho encuentro, y escribió: “Un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”.
Petro otra cosa fue lo que vio el país. Petro estaba hablando de la convocatoria que estaba en marcha para el 8 de febrero. “Fecode, los funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el sistema de medios públicos RTVC y organizaciones indígenas del país” estaban listas para salir a marchar. Estaba claro que el objetivo de dicha marca era “buscar que la Corte Suprema de Justicia tomara una decisión sobre la próxima fiscal. Desde el presidente de la República, Gustavo Petro, para abajo, funcionarios de alto nivel y miembros del Pacto Histórico habían presionado para que no se le diera más largas” a esa elección.
Y así fue. Cientos de personas esperaban a las afueras de la Corte la noticia. Cuando se supo que ese día tampoco se elegiría a la fiscal, muchos de ellos, de entre los manifestantes, terminaron bloqueando las salidas del alto tribunal y el asunto pasó de castaño a oscuro, tanto que hasta el mismo Petro y el ministro del Interior tuvieron que salir a hacer un llamado a la calma. El Legislativo le llamó la atención al Ejecutivo. La cúpula militar se reunió para rendir cuentas y entregar un reporte de seguridad no solo de Bogotá sino del resto del país, pues las marchas tuvieron lugar en las principales ciudades:
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¿Qué decían los titulares? “Pedimos respeto a los ciudadanos por las decisiones de la Corte”, ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No hubo ningún herido en las manifestaciones convocadas a nivel nacional, decía el alto gobierno y Petro insistía en que las marchas habían sido infiltradas. De acuerdo con el consejo de seguridad oficial, 71 marchas pacíficas y dos breves disturbios era el balance. Los presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name Vásquez y Andrés Calle, instaron a la “serenidad y respeto a las instituciones democráticas del país” y Petro respondió que sobre la 1 p.m., los magistrados indicaron que, contrario a la voluntad del gobierno, no era necesario despejar el área de los manifestantes que se agruparon en las puertas de la Corte. Dijo que, sin embargo, como medida preventiva, dio la “orden terminante a las cuatro de la tarde de despejar el área para evitar cualquier situación más difícil más adelante. Se ejecutó la orden”, apuntó. “Así que no hay ineptitud ni arrogancia. La Corte suprema siempre contará con el apoyo del gobierno”, recalcó el presidente.
Jhordan C. Rodríguez, el reportero de El Espectador que cubre las altas cortes, y quien ha estado siguiendo la votación de la elección, lo contó desde su propia vivencia: “En la tarde de este jueves, el Palacio de Justicia, donde la Corte Suprema de Justicia había decidido en horas de la mañana que Colombia no tendría todavía una nueva fiscal general, fue asediado. El alto tribunal se reunió desde muy temprano para que la Sala Plena votara por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez o Luz Adriana Camargo, para ocupar el cargo que hasta lunes 12 de febrero tendría Francisco Barbosa. Aunque la decisión final no llegó, sí cambiaron los apoyos dentro del alto tribunal, que vivió uno de los días más intensos. Durante horas reinó la intranquilidad de los magistrados que estuvieron rodeados por manifestantes que se movilizaron hasta allí para exigir celeridad en el proceso de selección de la nueva fiscal. Un escenario que, inevitablemente, trajo a la memoria la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Días antes la tensión era palpante en los pasillos de la Corte”.
Esta fue la intimidad de una de las semanas más turbulentas de Petro en el poder
Llegamos al 12 de febrero, fecha en la que terminaba el periodo de Francisco Barbosa. En su balance de salida, dijo que la “Fiscalía no atenta contra el poder presidencial”. Lo hizo en un video en redes sociales. La redacción Judicial, más allá de las declaraciones, escribió este completo texto sobre los cuatro años de gestión de Barbosa. Allí hablaron con distintos analistas, abogados, funcionarios y expertos que se dieron a la tarea de leer entre líneas las declaraciones y actuaciones políticas de Barbosa. Uos hablaron de “fracaso” con el caso Uribe durante su gestión y que las cifras para muchos otros fueron confusas durante toda su administración. Algunos destacaron el enfoque en las regiones, el de llevar el aparato judicial a esas calles, pero otros creen que ni allí se logró una buena gestión. Todo el texto aparece aquí.
Barbosa “se despide del búnker en medio de un terremoto por lado y lado: su vicefiscal, Martha Mancera, queda al mando de la entidad en medio de una polémica porque, al parecer, sabía de los vínculos del exdirector del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, y no habría hecho nada por denunciarlo. Y, por el otro, Barbosa abandona el búnker en medio de una confrontación política sin precedentes para la Fiscalía, que tiene que resolver casos del más alto nivel judicial. Por ejemplo, el expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro; el posible llamado a imputación de cargos a alfiles de la campaña política del jefe de Estado, quienes habrían cometido delitos electorales, o el futuro del expediente contra Álvaro Uribe que dejó sin un camino claro”, escribieron los colegas de Judicial.
¿Qué seguía? Que Martha Mancera recibía el timón de la Fiscalía, mientras eran varias las voces que hablaban para que se decidiera en la Corte Suprema de Justicia y llegara la nueva fiscal general de la nación. Los presidentes tanto de la Suprema de Justicia como de la Constitucional, le enviaban mensajes al presidente Petro:
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Mancera, con el timón en la mano, nombró a Hernando Toro Parra como vicefiscal general de la nación, de quien se sabe que “era el Director de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, desde el primero de diciembre de 2021. Tiene más de 28 años en la defensa de los derechos humanos e implementación de políticas públicas en el Gobierno, con organismos internacionales y en la Fiscalía General de la Nación”.
El presidente Gustavo Petro, entre tanto, seguía remarcando su posición: “La Fiscalía se entregó a personas de dudosa reputación”. La ONU, por su parte, decía: “La selección de titular de la Fiscalía previene el debilitamiento de la justicia”. La oposición política de Colombia viajó a Estados Unidos para pedirle a la CIDH y a otros organismos respetar el principio de no intervención en la elección de la nueva fiscal. También “el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales publicó una carta en la que pedían a organismos internacionales no injerir en la elección del fiscal general en la Corte Suprema”.
Para el jueves 22 de febrero estaba citada, en la Corte Suprema de Justicia, una nueva votación. El alto tribunal ya había dejado claro que no cedía ante presiones. “Desde su creación en la Constitución de 1991, la Fiscalía ha tenido nueve fiscales generales y cuatro veces la Corte Suprema no ha elegido a tiempo y, en consecuencia, al ente investigador han llegado fiscales encargados para asumir tareas que, en teoría, deberían recaer en un fiscal elegido por el alto tribunal”, nos recordaba Jhordan C. Rodríguez. Otra vez había manifestaciones. 27.000 uniformados estarían para acompañar la jornada. En el caso de Bogotá, el Distrito asignó unos 1.400 policías para custodiar las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Y, como ya había sucedido, tampoco se logró la votación al interior de la Corte Suprema de Justicia. Martha Mancera seguía encargada de la Fiscalía y la siguiente votación quedaba citada para el 7 de marzo. “Por tercera vez, el alto tribunal no eligió a la nueva jefa del ente investigador. Sin embargo, hay pistas que dejan entrever que Amelia Pérez sigue a la delantera y estaría a tres votos de ser la nueva fiscal general”, nos contó Jhordan C. Rodríguez. “Hacia las 12:30 del día, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, quitó el manto de dudas y dio pistas oficiales de la elección. “Ninguna de las candidatas alcanzó la mayoría necesaria para ser declarada nueva fiscal general de la nación”, informó Chaverra a los medios de comunicación. Y continuó: “Sin embargo, hubo un avance bastante importante en el marco de las votaciones. Se diluyó de manera significativa el voto en blanco y una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”.
Ya parecía todo decantado, de acuerdo con fuentes cercanas a la votación, a favor de Amelia Pérez. Pero “viejos contratos y los comentarios de su esposo en redes sociales” la dejaron en una posición difícil. “La periodista Diana Calderón dio a conocer cinco contratos que fueron suscritos entre Amelia Pérez y la Alcaldía de Bogotá en el periodo 2012-2015, cuando el hoy presidente Gustavo Petro era mandatario de la capital del país. Los documentos —que no habían salido a la luz en los más de cinco meses que lleva Pérez en la terna— fueron publicados inicialmente en las redes sociales de la periodista y de Caracol Radio, estaban fechados entre 2013 y 2014, sumando $93 millones”. Y, para sumar, revivieron comentarios de Gregorio Oviedo, esposo de Amelia Pérez, en la red social X. Oviedo fue un peso pesado de la Fiscalía en Antioquia y clave en investigaciones sobre el paramilitarismo, pero en su cuenta de X se leían comentarios en contra de periodistas, abogados y, precisamente, de la Corte Suprema de Justicia.
Llegamos a este 7 de marzo, una nueva votación sin humo blanco. Citaban entonces para una sesión extraordinaria para el 12 de marzo y, en la previa de la nueva reunión, analizábamos incluso los sesgos machistas en esta elección, como que un magistrado pidiera que se cambiara la terna porque eran tres mujeres o se tuviera en cuenta el comportamiento de los esposos de las ternadas, cuando en caso contrario eso no sucede, decían analistas:
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Y lo que vino después fue una cascada informativa que movió revoluciones. Este martes 12 de marzo, sobre las 9:00 de la mañana, Amelina Pérez, quien ya venía siendo la más opcionada de las ternadas pero la más golpeada con el escándalo de los contratos viejos y los trinos de su esposo, llegó hasta el edificio de la Corte Suprema de Justicia para presentar su carta de renuncia, precisamente, a la terna. “La decisión tomada, honorables magistradas y magistrados, obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente ‘delito de opinión’”, decía el documento.
Para ese instante no estaba claro si la votación seguiría su curso, si se devolvería la terna al presidente Petro, o si simplemente el proceso seguiría igual porque la carta debería ser presentada a Petro y no a la Corte. Casi dos horas más tarde, en rueda de prensa con los medios de comunicación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, informaba que Luz Adriana Camargo había sido elegida como la nueva fiscal general de la nación. Obtuvo 18 votos para hacerse con el cargo. La primera ronda de votaciones se hizo en diciembre del año pasado, pero solo hasta este martes 12 de marzo de 2024, en una sala extraordinaria, la Sala Plena votó y eligió a la penalista.
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Pero ¿y la renuncia de Pérez no afectaba? “Para la Corte, esa decisión de Pérez no representaba ninguna “interferencia o parálisis” al proceso de elección, pues para el momento de la elección todavía estaba en firme la terna presentada por el presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado. En consecuencia, la Sala Plena votó y las cuentas quedaron así: la nueva fiscal obtuvo 18 votos, Ángela María Buitrago dos y Amelia Pérez uno, mientras que el voto en blanco quedó en solo dos”, contaron los colegas de la sección Judicial. Sin embargo, “para muchos, la Corte no cumplió el requisito de elegir a la fiscal de una lista de tres candidatas”, sino entre dos, así que la elección se podría caer y sería el Consejo de Estado quien entraría a decidir. Los detalles de lo que se podría venir, jurídicamente hablando, aparecen en este enlace.
Chaverra se refirió a la ternada que se quedó con la mayoría de los votos: “Luz Adriana Camargo nos muestra que es una persona que durante ocho años se desempeñó como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, en cuyo desempeño tuvo la oportunidad de trabajar lo relacionado con el recurso extraordinario de casación. También integró la comisión encargada de la investigación de la parapolítica y la comisión de investigación de procesos contra aforados constitucionales por delitos contra la administración de justicia. También se valoró la experiencia que tiene como fiscal, por más de ocho años”.
Apenas se supo de la elección de la nueva fiscal, las primeras reacciones empezamos a registrar. La del presidente Petro, por ejemplo:
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“Esperemos que luche contra la corrupción”: reacciones a elección de la nueva fiscal
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Las consideraciones de la Corte Suprema para elegir a Luz Adriana Camargo como fiscal
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“Veremos si se atinó o no”: Petro sobre elección de Camargo como nueva fiscal
“Veremos si se atinó o no. Ahora corresponde un diálogo entre la Fiscalía nueva y el Gobierno Nacional para establecer los criterios comunes en la política criminal, que espero se puedan construir eficazmente. En mi opinión, La Fiscalía ha vivido una dirección corrupta desde hace años y el avance de cooptación del crimen ha avanzado”, dijo Petro. “Esperamos que esta nueva fiscal coja las riendas y le dé un viraje a la Fiscalía para volverla una institución completamente pulcra y que le dé confianza a la sociedad colombiana de que se hará justicia”, agregó.
Sobre las 5:00 de la tarde de este martes 12 de marzo, Camargo fue notificada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahora solo hace falta que el presidente Petro la posesione y, en ese instante, Marta Mancera dejaría el cargo que ostenta desde cuando Barbosa lo entregó el pasado 12 de febrero.
La Redacción Judicial nos contó detalles sobre la hoja de vida de la nueva fiscal en el texto que dejamos en este enlace, pero aquí adelantamos algunos apartes: “La abogada penalista y nueva cabeza del ente investigador tiene más de dos décadas de experiencia en la Rama Judicial, en donde se desempeñó como fiscal delegada ante la Corte Suprema y luego como magistrada auxiliar de ese mismo alto tribunal, donde conoció expedientes por parapolítica. Además, participó en casos internacionales, como el de los periodistas de El Comercio asesinados en Colombia en 2018″.
“Se graduó como abogada en 1986″, en “1987 ya estaba vinculada a un juzgado de Bogotá, como oficial mayor, donde revisó casos de homicidios y delitos contra la fe pública”, luego fue “juez de instrucción criminal”, hizo una “especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Libre de Colombia” y con la creación de la Fiscalía General de la Nación “llegó como la directora seccional administrativa y financiera de Bogotá y Cundinamarca, en donde se dedicó a programar y ejecutar el presupuesto de la corporación en esos dos territorios, pero también investigó y tomó decisiones de fondo en investigaciones contra ministros, gobernadores y miembros de misión diplomática, por delitos de corrupción”.
“Para 1995, la recién nombrada como jefa del búnker ya era fiscal delegada ante jueces penales de Bogotá”, un año después fue nombrada “fiscal auxiliar delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, “ocho años después, Luz Adriana Camargo fue nombrada en propiedad como fiscal ante el alto tribunal”. “El 9 de marzo de 2005 llegó como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema” para investigar la parapolítica, “allí conoció al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez”, en 2014 llegó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU), para 2018 pasó “a ser perito en litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
A restaurar la confianza en la Fiscalía
Ahora llega a liderar a la Fiscalía. “Estuve al servicio de cuatro fiscales y de tres magistrados de la Sala de Casación Penal. Quiero decir que yo no estoy acá en representación de persona alguna. No esgrimo ninguna bandera distinta a la de la Rama Judicial, que además me comprometo a defender”, dijo durante su presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Jhordan C. Rodríguez, de nuevo el reportero que ha seguido esta elección, nos contó también la trasescena de la elección “luego de semanas de presión política, una manifestación que terminó en asedio al Palacio de Justicia y de hasta sesgos machistas”.
Bajo su liderazgo estará la investigación de algunos de los casos más importantes del país y, con ello, la tarea de cumplir con la independencia que debería tener un funcionario en este cargo. Entre esos casos están, por ejemplo, los relacionados con la familia presidencial (Nicolás Petro y Juan Fernando Petro), dineros sin reportar que habrían llegado a la campaña de Gustavo Petro y viejas investigaciones en el caso Odebrecht.
También está en la lista “las investigaciones contra Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y mano derecha del presidente Petro. Sarabia está denunciada formalmente por Marelbys Meza, su antigua empleada doméstica, quien la relacionó con malos tratos al momento de presentar la prueba del polígrafo, tras ser señalada del robo de una maleta repleta de dinero en efectivo. Aunque directamente contra Sarabia no se han tomado acciones por parte de la Fiscalía, sí se ha avanzado en los procesos contra policías implicados en las chuzadas con las que se intervinieron las comunicaciones de Meza. La defensa de Sarabia ha dicho que no tuvo nada que ver con el polígrafo y que los uniformados que participaron en esos procedimientos actuaron por iniciativa propia”. Además el sonado, mediático y por el protagonista, histórico caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal. En la administración Barbosa se intentó archivar el caso, pero dos instancias judiciales ordenaron mantener la investigación.
Comienzan cuatro años al mando de la segunda mujer que llega a este alto cargo y la que lo hace por primera vez viniendo de una terna exclusivamente de mujeres. Se esperan posibles demandas a la elección por la renuncia de una de las postuladas por el presidente Petro y en ese caso el Consejo de Estado entraría a operar. Pero eso no será de la noche a la mañana. La hoja de vida de la nueva fiscal evidencia experiencia para liderar una entidad vital para una democracia, pero que ha sido criticada y cuestionada por muchas de sus acciones y decisiones. Ahora su tarea será demostrar su capacidad de investigación y su lucha en contra de la corrupción, dos banderas que ya tiene ganadas en los otros cargos que ha ostentado y que ahora, al frente de este órgano de control, necesitan, más que discurso, acciones y resultados. Liderar con el ejemplo y apegada a la ley.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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