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El 11 de mayo, en una asamblea en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a la que asistieron funcionarios del Ministerio de Educación, se reportó la distribución de panfletos con amenazas contra integantes de la comunidad educativa. El documento, supuestamente firmado por el “Estado Mayor del Bloque Urbano” de las Autodefensas Gaitanistas (EGC), incluía una lista de directivos, líderes y defensores de DD. HH. vinculados a la institución, a quienes señalaban de “quemar el bien público”.
En contexto: Transmilenio, crisis en la 76: una bomba de tiempo más allá de la violencia y vandalismo
La situación, que coincide con los recientes disturbios y enfrentamientos entre autoridades y comunidad académica, en inmediaciones de la institución, no parece aislada. El rector Helberth Choachí, también en la lista de “objetivos militares”, no solo confirmó que la seguridad del campus identificó a cuatro personas que dejaron los volantes en la sede de la calle 72, sino que mencionó que esto se suma a otros incidentes como la amenaza de bomba, del 7 de mayo, o la de cometer una masacre en el campus, el año pasado. “Esto confirma que hay una infiltración permanente”, dijo el directivo.
El panfleto no solo tenía nombres, también mencionaba que tenían datos como viviendas, horarios y rutinas. “Esto pone en riesgo nuestra integridad y la de nuestras familias”, sostuvo Choachí, quien agregó que la amenaza coincidía con los señalamientos que le han hecho en redes de ser el rector del Eln.“Este clima se relaciona con la vieja estigmatización contra la universidad pública. Estamos evaluando tomar las medidas de seguridad”.
Ante los hechos, la Federación Universitaria Nacional (FUN) denunció que esto tendrían relación con una serie de seguimiento, que se han extendido a otras universidades como la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Distrital. “Se está individualizando a miembros de procesos organizativos”, dijo y advirtió la presencia de grupos neonazis y de reserva activa “prestos a cometer actos de represión y violencia contra la protesta social”.
¿Estigmatización o premeditación?
La situación escaló tras el cruce de declaraciones entre el Gobierno Nacional y el Distrito. El ministro de Educación, Daniel Rojas, responsabilizó directamente al alcalde Carlos Fernando Galán por la seguridad de los estudiantes: “Esto es lo que provoca el alcalde cuando a través de sus funcionarios cataloga de vándalos a los estudiantes y al rector que los defiende”, afirmó Rojas.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, rechazó los planteamientos del ministro y aseguró que la administración distrital no tolera amenazas ni estigmatizaciones. “Sorprende que el Ministro de Educación desconozca esto y que insinúe lo contrario”, respondió Quintero.
Sin embargo, el secretario de Seguridad, César Restrepo, devolvió el señalamiento con una tesis de mayor gravedad: la premeditación. Según Restrepo, los recientes actos de violencia en la calle 76 no fueron espontáneos, sino desarrollados por individuos que no pertenecen a la comunidad académica. “Los actos fueron premeditados, desarrollados en un salón dentro de la Universidad Pedagógica por individuos que adicionalmente constriñen y atemorizan a los estudiantes”, aseguró el Secretario.
“Se quiere crear un ambiente de inestabilidad”
Restrepo fue enfático en desvincular la protesta pacífica de los hechos recientes, acusando una “instrumentalización” de la juventud.
“Quien estigmatiza y pone en riesgo a estudiantes es quien lo instrumentaliza para validar la violencia. No se dejen engañar; se quiere crear un ambiente de inestabilidad en la ciudad”, advirtió. Según su versión, el uso de elementos incendiarios y el ataque sistemático a cámaras de seguridad y funcionarios de Transmilenio son acciones criminales que se intentan “enmascarar” bajo el nombre de la movilización social.
Tarifa diferencial, en el centro de la discusión
La tensión se ha desplazado hacia el sistema de transporte masivo, donde el conflicto ha dejado de ser solo una discusión de seguridad para convertirse en un escenario en el que se reclama mejores condiciones para quienes sufren barreras de acceso, particularmente económicas. La concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico) señala que, aunque existe el Acuerdo 615 de 2015 para una tarifa diferencial, el modelo actual lo hace inviable. “Si no tocamos la forma como opera Transmilenio y la renegociación de contratos, es muy difícil materializarlo. La administración ha pasado de subsidios a pasajes gratis mediante una ‘hiperfocalización’ que disminuye el acceso de otros sectores vulnerables”, explica Sánchez.
Sánchez aporta cifras sobre el costo de vida: una persona de estrato 1 destina el 16% de sus ingresos al transporte. “Un cupo no garantiza la permanencia. Muchos jóvenes llegan caminando porque no tienen forma de pagar un servicio de transporte”. Cuestiona, además, que haya una “vigilancia extrema” en los torniquetes centrada en el pago y no en la seguridad contra el hurto y el acoso en buses y estaciones.
Para el rector Choachí, la discusión sobre la tarifa diferencial no es solo un reclamo político, sino una necesidad de subsistencia. El rector destaca una contradicción en el costo de vida estudiantil: mientras la universidad ofrece almuerzos por COP 2.500 y desayunos por menos de COP 2.000, el costo diario del transporte (ida y vuelta) supera los COP 7.000. “Para quienes tienen un salario fijo puede parecer básico, pero para un estudiante de sectores populares o conurbanos es una barrera para la permanencia”, sostiene.
En la otra cara de la moneda, desde el interior de Transmilenio, la perspectiva describe un ambiente de alta vulnerabilidad para sus trabajadores. Fuentes del sistema advierten sobre una situación de perfilamiento y amenazas directas contra la vida de los vigilantes.
Disputas territoriales y denuncias de reclutamiento
En medio de los señalamientos, el panorama descrito por las autoridades universitarias y estudiantiles incluye una dimensión territorial. Denisse Gómez, integrante del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la U. Nacional, afirma que la presencia de las estructuras que amenazan a los estudiantes está relacionada, en buena parte, con el control del microtráfico en entornos educativos.
Según Gómez, organizaciones de DD. HH. han identificado que dichos grupos ven los campus como puntos estratégicos de operación, debido a la presencia de jóvenes y las restricciones de acceso para la fuerza pública, creando un ambiente propicio para expender. Recordó el incidente del 8 de mayo en la sede Macarena de la U. Distrital, donde la comunidad intervino para evitar que personas armadas retiraran a un estudiante del campus, que señalaron de expendedor.
“Es el método del miedo. Señalan a supuestos vendedores para que, a través de la violencia y la estigmatización, puedan controlar el uso de SPA en el campus. Estamos hablando de grupos ilegales que intentan tener cierto poder en una institución, con las mismas lógicas que usan en las calles”, señala Gómez.
Mesa de emergencia
Ante este escenario de fractura, el viceministerio de Diálogo Social, liderado por Gabriel Rondón, presidió una reunión de emergencia, en la tarde del martes 12 de mayo. El encuentro cerró con dos realidades opuestas. Aunque el Distrito, a través de sus secretario de Gobierno, se mostró receptivo en la reunión, con el anuncio de una Mesa de Alertas Tempranas; acompañamiento de denuncias ante la Fiscalía, rechazó a la estigmatización, y la intención de proteger a los estudiantes que nada tienen que ver con los violentos, la comunidad universitaria siguió responsabilizando políticamente a la Alcaldía por la falta de garantías y exigió la renuncia de los secretarios de Gobierno y Seguridad, reiterando las agresiones de vigilantes de Transmilenio en contra de los alumnos.
Así, mientras en las oficinas se pactan mesas técnicas para hacerle frente a la violencia, en las aulas el estudiantado se siente perseguido. Como advierte Denisse Gómez, si la respuesta no trasciende el orden público para proteger la vida, la violencia se exacerbará. En una Bogotá con líderes ya individualizados por supuestas organizaciones armadas, el margen para evitar una tragedia es más estrecho.
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