Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional al momento de decretar la muerte cruzada, y con ello la disolución del Congreso y unas elecciones anticipadas. Esta fue la respuesta del mandatario ante el juicio político que la Asamblea Nacional inició ayer en su contra por presunto peculado.
Minutos después de su declaración, el cierre del Legislativo se convirtió en un hecho cuando el personal del recinto no pudo ingresar al lugar. “Es cierto lo del desalojo, ya no pudieron entrar”, le afirmó al diario El Comercio un funcionario de la rama legislativa. Ahora, mientras toman lugar los nuevos comicios, el mandatario podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero con el visto bueno de la Corte Constitucional.
📝 Sugerimos: Incertidumbre institucional en Ecuador, más allá del juicio contra Guillermo Lasso
“Se esperan momentos de incertidumbre y, seguramente, de movilizaciones, pues, antes de que decretara la muerte cruzada, los indígenas y la oposición dijeron que no iban a permitir que Lasso gobernara por decreto”, advierte Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a través de Twitter, no solo escribió “¡Fuera Lasso! Censura y destitución”, sino que, tras la declaración de la muerte cruzada, advirtió: “Frente a la grave situación política del país y un escenario de dictadura, llamamos a los pueblos y nacionalidades a mantener la unidad en cada estructura organizativa a nivel nacional. Se convocará en las próximas horas a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas”.
El temor de gobernar por decreto es que haya un abuso de la figura, agrega el docente, quien considera que lo que se viene, además de una fuerte polarización, es una veeduría sobre lo que haga el mandatario. Con respecto al temor de una dictadura en Ecuador, comenta que “no existe ese riesgo, pues hay suficientes pesos y contrapesos en el país”. Entretanto, de cara a las elecciones anticipadas, el mismo Lasso y los miembros del actual Parlamento podrían participar en las urnas, por lo que, de acuerdo con Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, tomaría lugar “un referéndum sobre el gobierno y la permanencia de Lasso en el Ejecutivo”. Ahora bien, el líder ecuatoriano es uno de los presidentes latinoamericanos con menos aprobación en su gestión, además de que está en una condición débil e incómoda. En medio de ello, tendría que reforzar los lazos con su base y ganar más votantes, incluyendo más escaños en el Legislativo, para tener gobernabilidad.
En este vaivén de pocas horas, pero que se extenderá por varios meses más, Ramiro Lapeña, analista político y presidente de la Fundación para el Fomento del Conocimiento Científico y Tecnológico (Fundaciencia), habla de algunos costos políticos detrás de la decisión del Ejecutivo. “Unos le critican no haber agotado el proceso que está en la Constitución para el juicio, lo que se podría interpretar como que no dejó que la democracia ecuatoriana llegara hasta sus últimas consecuencias. Si el proceso, como lo decían el oficialismo y el mismo Lasso ayer, no tiene sustanciación, por qué no dejar que corra hasta ver qué sucede. Es decir, por qué no agotar toda la vía legal”.
📌Le puede interesar: ¿Qué es y qué implica la “muerte cruzada” que decretó el presidente de Ecuador?
Claro, para el oficialismo significa otra cosa. Lapeña recuerda que algunos de sus ministros anteriores, como Alexandra Vela, quien fue jefa de la cartera del Interior hasta marzo de 2022, le recomendaron a Lasso ir a muerte cruzada, pues la administración se estaba moviendo en medio de un Legislativo que pocos proyectos iba a aprobarles. De hecho, la funcionaria renunció a su cargo el año pasado por las diferencias que sostuvo con el mandatario de cara a dicho recurso constitucional. En ese entonces afirmó que la muerte cruzada causó “desasosiego” en el presidente y malestar en sus colaboradores, además de que argumentó, a través de su carta de dimisión, que “la Asamblea era la principal amenaza para la democracia, el régimen republicano y para el Gobierno”, algo que todavía sostiene hoy. Tan solo ayer, en entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, comentó que la muerte cruzada seguía siendo una alternativa, aunque el camino no sería fácil. Las condiciones “son más difíciles que antes, pero lo más importante en esta decisión es que salgamos de los criterios que se han venido manejando en las últimas semanas”.
“El costo es altísimo”, enfatiza Lapeña, pues Lasso llegará a las elecciones sin partido, “que está deshecho”, y eso lo demuestran las recientes elecciones de las alcaldías, en las que el correísmo logró importantes conquistas, tanto en ciudades grandes como pequeñas. A su parecer, esto es una cuestión de ego: “Ustedes no me echan, yo los echo, aunque eso suponga que él también se va”. Además, como lo recuerda González, el presidente gobernará de forma unilateral, a través de decretos, en medio de una gobernabilidad afectada por el crimen organizado, los homicidios y los mercados ilícitos. Basta con recordar la masacre en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, en la que murieron 9 personas, y que 2022 cerró con 4.603 asesinatos. Según las estimaciones hechas por la Policía Nacional, entre enero y febrero de 2023, en Ecuador ocurren al menos 16 asesinatos diarios. De seguir así, este año terminaría con casi seis mil crímenes intencionales, que incluyen el número total de asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más