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A pocos días de las elecciones, la atención se volvió a enfocar en otro de los sectores señalados de mover más burocracia en los últimos gobiernos: las notarías. En estas entidades de bajo perfil, pero con altos salarios que pueden aumentar dependiendo del volumen de trámites, se han reportado 17 nombramientos en lo que va de este año —cerca de 70 en todo el “Gobierno del cambio”— y al menos cuatro de estos llegan con nexos políticos y conexiones en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro.
No es algo nuevo. Días antes de que el expresidente Iván Duque dejara su cargo como jefe de Estado, ocurrió una “cascada” de nombramientos de su entorno político. Entre ellos, Carlos Humberto Ibáñez Rodríguez, quien venía de la Alianza Verde; y Rafael Guarín, su exconsejero de Seguridad. Este tipo de designaciones con afiliaciones se ha mantenido.
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La última movida en oficializarse es la llegada de Yeny Paola Garzón Reyes a la Notaría Treinta y Siete (37) del Círculo de Bogotá D. C. Ella es conocida del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Su nombre todavía aparece en los registros del Estado con contratos vigentes con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (adscrito al Ministerio de las TIC), el Ministerio de las Culturas, el Dapre, el Ministerio de Salud y la Unidad de Restitución de Tierras.
A este nombre se suman otros que llegaron en los últimos meses y que, de acuerdo con la ley, cumplen con todos los requisitos. Está Billy Raúl Antonio Escobar Pérez, quien fungió hace poco como supersociedades y salió de su cargo para que la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud no desequilibrara la cuota de género; Adriana María Mejía Aguado, exgerente de Artesanías Colombia y cercana a la familia Petro Alcocer; y José Ritter López, papá del actual presidente de la Cámara, Julián López, exsenador de La U, exintegrante de la campaña del mismo mandatario a la Presidencia y quien, desde 2024, reporta nombramientos en al menos tres notarías.
En años pasados, la situación ha sido similar. En julio de 2024 se oficializó la llegada de Daniela Andrade Valencia, salpicada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a la Notaría Treinta y Seis (36) del Círculo Notarial de Bogotá D. C. El mismo Petro le salió al paso a las críticas en ese momento y, a través de su cuenta de X, aseguró que le “gustaría saber en dónde ha sido mencionada la señora Daniela en las investigaciones sobre Olmedo López”.
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Más tarde, en diciembre de ese mismo año, nombró a Indira Lorena Álvarez Marrugo en la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Bogotá D. C. La actual notaria fue apoderada del Departamento de la Presidencia de la República cuando Laura Sarabia, hoy embajadora en Reino Unido, estaba en la cabeza. Y en marzo de 2025, se designó a Iván Darío Agudelo Zapata, exsenador liberal cercano al exalcalde de Medellín Quintero, excoordinador de la comisión de empalme del sector Ciencia, Tecnología e Innovación del “Gobierno del cambio” y una de las fichas de las toldas rojas que apoyó la campaña presidencial del mandatario.
Todos esos nombramientos, de acuerdo con el Decreto 1069 de 2015, tienen que ser confirmados, en caso de ser de “primera categoría”, por la Superintendencia de Notariado y Registro, en cabeza de Ricardo Agudelo Sedano. En caso de ser de “segunda” o “tercera categoría” pasan por las gobernaciones. Y el decreto es firmado por la cabeza del Ministerio de Justicia.
En diálogo con El Espectador, el ministro Jorge Iván Cuervo aseguró que a su cartera llegaba la “situación jurídica consolidada” de cada una de las personas nominadas. Su labor es revisar que las hojas de vida presentadas cumplan con los requisitos y oficializar el nombramiento a través de un decreto.
Eso sí, Cuervo dejó claro que le corresponde directamente a la Superintendencia de Notariado y Registro revisar a los nominados. Este diario consultó al jefe de esa dependencia para preguntar sobre los nombramientos y el concurso, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
En todo caso, hay ciertos requisitos para ser nombrado en interinidad: “ser nacional colombiano, ciudadano en ejercicio, persona de excelente reputación, tener más de treinta años de edad”, y presentar una “certificación sobre conducta, antecedentes penales y declaración juramentada de ausencia de todo impedimento”. Si se es nombrado por encargo, solo se necesita la ciudadanía y tener más de 30 años.
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A la fecha no hay una lista de elegibles para ocupar en propiedad esos cargos. La última que se realizó fue aprobada en 2016, pero estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018. En pocas palabras, eso significa que el grueso de los nombramientos que han ocurrido en este tipo de entidades desde esa fecha —que también toca el periodo presidencial de Iván Duque— han sido “a dedo”.
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 588 de 200, no existiendo lista de elegibles vigente, el nominador [el presidente Gustavo Petro] puede designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso”, se lee en los mismos decretos.
Para septiembre del año pasado, el Consejo Superior de la Carrera Notarial suspendió el cronograma del concurso de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial 2024, 2025 y 2026. ¿La razón? Las denuncias del mismo presidente de presuntos “sobornos” para asegurar cupos en el concurso y las posteriores averiguaciones de la Procuraduría de Gregorio Eljach, que, tras tener acceso a las convocatorias de algunas sesiones del Consejo Superior de la Carrera Notarial “observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad”.
En ese momento, el Ministerio Público solicitó al entonces supernotariado, Roosvelt Rodríguez, exsenador del Partido de la U, “evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual con la que se busca adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera”. Ese aplazamiento se oficializó con el Acuerdo 01 de 2025, firmado por el ministro de Justicia de ese entonces, Eduardo Montealegre.
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Tras varios aplazamientos, solo el 28 de noviembre del año pasado se publicó un nuevo cronograma, esta vez con la firma del entonces ministro (e) Andrés Idárraga. Allí se detalla que la apertura del proceso de inscripción será el 26 de junio de 2026 y solo hasta el 28 de julio de 2027, poco menos de un año después de que se posesione el nuevo gobierno, se conocerá una nueva lista de elegibles para ocupar los cargos notariales.
Hasta ese momento, los nombramientos en interinidad y en encargo seguirán marcando las designaciones en notarías. La mirada está puesta sobre la burocracia que se moverá en los próximos tres meses, los últimos del presidente Gustavo Petro en el poder.
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Por María José Barrios Figueroa
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