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Han pasado 21 días desde que los colombianos escucharon la frase: “Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente”, con la que este cerró su discurso de victoria en el Movistar Arena de Bogotá, el 19 de junio. Desde entonces todo ha sido un devenir de acontecimientos que ya comienzan a delinear el rumbo que tendrá su futuro mandato, con propuestas que han dado espacio a la polémica, como la de reformar la Procuraduría, la eliminación del fracking y la salida de la Policía del Ministerio de Defensa; reuniones con quienes han sido sus mayores contradictores en la arena política, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras; o los anuncios de quienes lo acompañarán en su equipo ministerial en carteras claves como Hacienda, Cancillería, Salud, Agricultura, Ambiente, Cultura y Educación. Lo cierto es que cada decisión que toma Petro genera una reacción en seguidores y opositores, mientras analistas tratan de interpretar los mensajes que conllevan.
Definido un equipo de empalme, integrado por gente de todos los colores políticos, la primera tarea del presidente electo se centró en afianzar una gran coalición o frente amplio, un acuerdo con todas las fuerzas vivas del país, incluyendo las de oposición, con el fin de asegurar las mayorías para sacar adelante las reformas propuestas en campaña. Unidad nacional o gobernabilidad que llaman. En medio de sus rencillas internas, el Partido Liberal fue el primero que se sumó a la causa y, sorpresivamente, aterrizaron la U y los conservadores, estos últimos con la consecuente renuncia del presidente de su directorio nacional, Ómar Yepes, contrario a dicha alianza. Pero, sin duda, el hecho de mayor trascendencia fue el encuentro entre Petro y Uribe, rivales acérrimos, en donde se habló de coincidencias y quedó claro que el Centro Democrático hará una “oposición razonable”; es decir, apoyará lo que crea conveniente para el país. Incluso Rodolfo Hernández, rival en la segunda vuelta, estuvo con Petro, despertando la ira de los radicales, con teorías como que fue el “caballo de Troya” para atajar a Federico Gutiérrez en el pulso presidencial.
Un hecho relevante fue la definición de quien liderará el Congreso en el primer año de la nueva legislatura. La responsabilidad recayó en el senador Roy Barreras, después de una disputa interna en el Pacto Histórico en la que Gustavo Bolívar se convirtió en su principal contradictor, pues, en su concepto, “no representa el cambio”. Al final primó la experiencia y las buenas relaciones de Barreras con las demás fuerzas políticas, incluidas las de derecha. Por otra parte, el triunfo de Petro con sus promesas reformistas generó nerviosismo en el escenario económico, que en los primeros días, después del 19 de junio, asistió a una subida del precio del dólar y caída en el de las acciones, como las de Ecopetrol. Con el paso de los días las cosas se fueron normalizando y si bien hoy el dólar sigue por las nubes, ello obedece más que todo a condiciones internacionales —como el alza de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos o la debilidad en algunas de las principales economías del mundo, entre ellas la alemana y la japonesa—, aunque también es cierto que la incertidumbre política interna, el déficit fiscal y la falta de claridad sobre lo que se va a hacer siguen incidiendo.
De ahí que el hecho de que el presidente electo haya comenzado a soltar los nombres de sus ministros le dio un nuevo aire al ambiente político y económico. Sobre todo la designación de José Antonio Ocampo en Hacienda y Álvaro Leyva en la Cancillería, dos nombres que remarcan la idea del acuerdo nacional y que ciertamente aterrizan varias de las propuestas que han generado tanta desazón. Porque hay que decirlo: si algo ha levantado polvareda en estas tres semanas han sido algunas declaraciones de Petro o de ministros designados, en referencia a temas puntuales como lo de la Procuraduría, la Policía y la explotación petrolera. El mismo mandatario electo planteó la eliminación del Ministerio Público para pasar a una “gran fiscalía anticorrupción”, idea que trajo una fuerte tormenta, con voces a favor y en contra, pues ello implicaría un cambio completo en la estructura del Estado.
“La Constitución de 1991 creó otras instituciones que pueden cumplir mejor las labores de la Procuraduría, que se volvió una institución de control redundante, enredada y costosa, que no tiene equivalente en ningún otro ordenamiento constitucional”, dijo, por ejemplo, el jurista Rodrigo Uprimny. “El presidente Petro va a tratar de reformar y abolir la Constitución de 1991”, advirtió, por su parte, el abogado conservador Rodrigo Pombo, mientras que para David Roa Salguero, presidente del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinarios, se trata de algo innecesario que, además, confunde competencias disciplinarias y penales. “Basta con entregar a la justicia penal esos casos que pueden conllevar a destituciones de alcaldes o gobernadores, por ejemplo, como ocurrió en el caso Petro en la Alcaldía de Bogotá o, más recientemente, la suspensión temporal de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín”, explicó.
Precisamente, en respuesta a Pombo, Petro despejó dudas sobre su idea, lo que muchos interpretan como un reversazo: “Transformar la Procuraduría en la gran fiscalía anticorrupción dentro del poder judicial no es eliminarla, es empoderarla como toca. La corrupción no es una irregularidad administrativa, es un delito. Nada deben temer los empleados de la Procuraduría”, escribió en Twitter. Otra declaración que causó roncha fue la de la designada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien de entrada cerró la puerta al fracking en el país: “Sí, buscamos el cierre del fracking. Creemos que ir a buscar los últimos remanentes de gas genera más perjuicio que beneficio, cuando debemos es acelerar una transición energética responsable, pero que también sea una oportunidad productiva para el país”, dijo. Y fue la de Troya, al fin y al cabo, la explotación de hidrocarburos aporta el 3,3 % del PIB y los combustibles y productos de las industrias extractivas, cerca del 50 % de las exportaciones del país.
Ni qué decir de propuestas como la de tramitar una sola reforma tributaria para recaudar $50 billones, que obligatoriamente debe caminar sobre la delgada línea de no generar malestar social. O la de crear un nuevo ministerio, el de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, bajo cuyas huestes quedaría la Policía. O implementar una reforma agraria que tocaría las tierras improductivas. O la polémica por el solo nombramiento de Carolina Corcho como ministra de Salud, quien en el pasado propuso la eliminación de las EPS de la intermediación del sistema: “Que se acabe con la intermediación financiera del negocio y se fortalezca la red de hospitales públicos, la salud preventiva, formalice a los trabajadores e intervenga los determinantes sociales de la salud”, señaló en abril de 2021. Incluso, Alejandro Gaviria, quien será su compañero de gabinete en la cartera de Educación, se ha mostrado contrario a sus posturas. Siendo así, es fácil advertir desde ya una tensión entre los dos en los futuros consejos de ministros.
Lo cierto es que la turbulencia que viene generando cada anuncio de Petro o de quienes serán sus ministros se explica por la incertidumbre de varios sectores sobre su gobierno. A pesar de que algunas propuestas o designaciones son más que normales, se ha hecho mucho eco de cada decisión. Eso sin contar que aún faltan nombramientos cruciales, como la persona que tomará las riendas del Ministerio de Defensa y, en general, cómo será el empalme con las Fuerzas Armadas. “Eso definirá en buen parte la transición tranquila o no tan tranquila que se haga”, señala Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de los Andes, para quien los mensajes que se envíen desde ahora hasta el 7 de agosto serán claves para tratar de descifrar los primeros cien días del nuevo mandato. Desde su óptica, un error evidente es que cada ministro o integrante del empalme “está mandando sus propias señales” y no se está construyendo “una narrativa de gobierno”.
Una consideración similar menciona Nadia Pérez, del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, quien cree que se han enviado algunos mensajes contradictorios, que se explican en que este será un gobierno de coalición. “No es algo partidista. Es un río revuelto y hay mensajes que no ha dado Petro que se están dando por sentados”. El ambiente agitado, según la analista, radica en que Petro “incomoda a muchos sectores y cualquier anuncio se va a engrandecer”, pero lo que en realidad marcará el devenir de su gobierno serán los mensajes que se den a partir de la posesión del Congreso y los proyectos que radique la nueva bancada oficialista. “En los primeros cien días, lo más importante es que el Gobierno tenga un mensaje simple, que pueda comunicar a la ciudadanía y que tenga el corazón de las grandes reformas con las que va a lanzarse”, destaca Velásquez. Ambos analistas concluyen que, más allá de los anuncios de estos días, los mensajes de este tramo deben obedecer al espíritu reformista. Es decir, explicando de forma detallada la razón de ser de cada proyecto que se radique a partir del 20 de julio.
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