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En los últimos días, en Bogotá se han registrado algunos sicariatos que dejan entrever algunas similitudes: han sido cometidos en espacios públicos, en su mayoría concurridos, y para efectuarlos, se han empleado armas de fuego. Más allá de eso, estos homicidios han minado todavía más la confianza de los ciudadanos y posiblemente, incrementado la percepción de inseguridad.
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El hecho más reciente se presentó este 16 de mayo a inmediaciones del centro comercial Salitre Plaza, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra Michael Sebastián Valverde Gómez, un joven de 19 años, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Los homicidas tenían por objetivo robar una suma de dinero que la víctima había cambiado de pesos a euros.
No fue el único sicariato cometido el martes. En la localidad de San Cristóbal, cerca al portal de Transmilenio 20 de Julio, un hombre de 44 años, identificado como Albeiro Herley Leal Sandoval, murió tras recibir varios impactos de bala. De otro lado, y pese a que es un caso catalogado como feminicidio, el domingo 14, Érika Aponte fue asesinada con arma de fuego por su expareja Christian Camilo Rincón en el centro comercial Unicentro.
A su vez, el 13 de mayo, después de visitar un recluso en la cárcel La Modelo, Lizeth Natalia Rincón, quien se encontraba en estado de embarazo, se convirtió en una víctima más del sicariato en la ciudad. Al parecer, un hombre que conducía una motocicleta disparó contra ella.
Estos hechos, cometidos con apenas diferencia de días, levantan interrogantes y dudas como qué tan segura es la ciudad, qué tan efectivas son las medidas adoptadas por el Distrito y qué se tiene en mente para no solo disminuir los 2.8 casos de homicidios que se presentan diariamente, sino también, para mejorar la percepción de seguridad y calidad de vida de los habitantes.
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Este es el panorama del homicidio en Bogotá
Durante los primeros meses del año, el balance de seguridad en la capital del país ha sido agridulce. Así, después de cerrar el 2022 con la tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes más baja en los 61 años, en los primeros dos meses del año en curso, los homicidios aumentaron en un 10 % en la ciudad. Solo hasta el mes de abril se presentó la primera reducción mensual del año.
“Se logró una contención del homicidio, con 20 casos presentados en abril, aportando una reducción del 7 % del mes de abril con (6 casos), siendo el primer mes de reducción durante el año 2023 vs. 2022. En las nueve localidades se presentaron 10 homicidios por sicariato, 8 fueron por riña, 1 por hurto y 1 por establecer”, indicó la Policía de Bogotá, a principios de este mes.
Al revisar las cifras de delitos de alto impacto en detalle, se encuentran algunas tendencias preocupantes. En primer lugar, el rango de edad de las víctimas es un factor que sobresale en las estadísticas criminales reportadas este año en la capital. Así, este año se han registrado siete homicidios de menores de seis años, mientras que en el mismo período del año pasado no se había reportado ningún caso hasta la fecha.
Ahora bien, en el caso de los homicidios selectivos, de acuerdo con un estudio realizado por el centro de pensamiento Futuros Urbanos, en 2022, Bogotá fue la segunda ciudad con el mayor registro de asesinatos ordenados, lo que quiere decir que, de los 1.001 homicidios reportados el año pasado, 282 fueron sicariatos.
Para el experto en seguridad Andrés Nieto, los móviles del sicariato pueden resumirse en tres aspectos: el enfrentamiento de bandas criminales, el control del territorio y el acceso a las armas. Sobre este último punto, se estima que en Colombia circula un aproximado de 3.5 millones de armas sin ningún tipo de regulación.
“Hablamos de bandas que pueden acceder fácilmente a las armas, desde alquilarlas por horas, días, semanas, hasta comprarlas o adaptar aquellas que originalmente son de fogueo o deportivas. Debe de haber control sobre las armas ilegales, sin embargo, este mercado ilegal sobrepasa los límites de Colombia. Ahora, en el caso, de las armas blancas, estas son aún más problemáticas”, indica Nieto.
Por su parte, la experta en políticas de seguridad, María Stella Baracaldo, manifiesta que se deben reforzar los mecanismos de control y registro de manera preventiva. “Por ejemplo, en el caso de Unicentro, el hombre que asesinó a Érika Aponte entró armado y circuló tranquilamente bajo un espacio que está bajo el rigor de sistemas de vigilancia”.
Tanto para Nieto, como para Bacaraldo, hay fallas en el accionar de la justicia, lo que termina por mostrar debilidad; aumentar la percepción de inseguridad en la ciudadanía, la cual, según el último dato de ProBogotá (año 2022) es del 77 % y dar espacio al crimen organizado.
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De igual forma, los cambios directivos en la Secretaría Distrital de Seguridad son otro de los aspectos que pone en jaque la seguridad en la capital, debido, a las interrupciones entre proyectos y la poca continuidad que se le daría a estos. La falta de articulación entre entidades distritales y nacionales, como bien lo señaló el fiscal Francisco Barbosa, también tienen su impacto negativo.
“Se requiere un sistema entre Fiscalía, Policía, gestores de convivencia, alcaldías locales a través de sus planes de seguridad. Asimismo, hay un déficit altísimo en la Secretaría en los sistemas de seguimiento, de evaluación y de continuidad de proyectos”, explica la experta.
Además de esto, en medio de la preocupación por el incremento en los registros de delitos de alto impacto en la capital, las cifras disponibles por parte de la Secretaría de Seguridad no estuvieron disponibles durante el último mes, lo que aumentó el ambiente de desconfianza e inseguridad en las acciones emprendidas por el Distrito.
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