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Hace nueve años Colombia no realiza su mayor encuesta de salud mental. La última se realizó en 2015 y desde entonces el país no tiene el que es su mayor instrumento de diagnóstico sobre afectaciones como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, entre otros cientos de condiciones. Los datos que se han ido conociendo en los últimos años, aunque provienen de diversos ejercicios y fuentes, tienen algo en común: reflejan un panorama complejo y urgente. (Vea: La reforma a la salud se tambalea: vienen días críticos)
Por ejemplo, el Ministerio de Salud reportó en 2022 que la depresión era la segunda causa de carga de enfermedad más importante y, en 2023, reveló una encuesta que realizó con el Centro Nacional de Consultoría en donde el 66,3 % de los consultados respondía que en algún momento de su vida había enfrentado algún problema de salud mental. De ahí que haya generado gran preocupación la alerta sobre un “desabastecimiento” de medicamentos psiquiátricos, hecha por la Asociación Colombiana de Psiquiatría.
El pasado 12 de marzo esta asociación científica instó al Ministerio de Salud y al Invima a resolver el “desabastecimiento de medicamentos vitales para tratamientos en temas de salud mental”, considerando que “la suspensión de estos acarrea una gravedad en los pacientes”. Aunque El Espectador conoció que esta inquietud es un tema que se viene discutiendo desde hace varios meses en el Consejo Nacional de Salud Mental, una instancia liderada por Minsalud que reúne a varias organizaciones como el Colegio Colombiano de Psicología y la propia Asociación Colombiana de Psiquiatría, entre otras, hay algunas cosas que precisar del panorama. (Puede ver: La ministra que vino de Malaui, el “cálido corazón de África”)
“Nosotros hicimos una encuesta el año pasado con colegas y pacientes que ya tiene en su poder el Ministerio de Salud. Estamos planteando la necesidad de que, ante la persistencia de la situación, es hora de que las autoridades tomen medidas”, dice Carlos Molina, delegado ante ese Consejo Nacional de Salud Mental.
De acuerdo con esa encuesta que realizó la ACP (y que El Espectador pidió conocer, pero cuyos resultados solo serán públicos en las próximas semanas), la afectación que reportan los médicos es “general” y no se reduce a unos cuantos medicamentos. El doctor Mauricio Castaño, de la junta directiva de ACP, los divide, sin embargo, en tres grupos: los estimulantes, algunos antidepresivos y algunos antipsicóticos: “Los primeros son útiles para el manejo de trastornos como el de déficit de atención o hiperactividad, los antidepresivos y ansiolíticos sirven para el manejo de la ansiedad, y los antipsicóticos para el manejo de enfermedades mentales graves (como la esquizofrenia y el trastorno bipolar). En general, además, todos ayudan a los síntomas de las enfermedades: como manejar el insomnio o disminuir las crisis de ansiedad”, agrega Castaño.
Aunque la alerta de la ACP no apunta, por ahora, a ningún medicamento en concreto, una persona que consultamos y que trabaja con las EPS, y otra más que trabaja con las gestoras farmacéuticas, nos confirmaron que también han detectado problemas. Incluso el propio Invima reconoce dificultades, aunque ningún desabastecimiento. En su último reporte (con fecha de 1/02/2024), la agencia sanitaria reporta problemas con la risperidona, la quetiapina, el alprazolam, la escitalopram, la olanzapina, el metilfenidato y la desvenlafaxina (tomando los que se usan en los tratamientos de salud mental).
El Invima hace un monitoreo y, esto es muy importante, detalla las dificultades en el acceso a los medicamentos, que no siempre se pueden calificar de “desabastecimiento”. Este es un término que asusta en el mundo de la salud porque define una situación en “donde existe una insuficiente oferta para satisfacer la demanda de un producto farmacéutico que ya ha sido aprobado por el Invima y comercializado en el país”.
Hay otros estados para calificar las dificultades que se pueden estar viviendo. Por ejemplo, la agencia reporta que la risperidona (en las tabletas 0,5 mg – 1 mg – 2 mg y 3 mg), la quetiapina (en su tableta recubierta de 25 mg y en su tableta de liberación prolongada de 50 mg), el alprazolam (en solución oral de 0,75 mg/ml) y la escitalopram (en sus tabletas de 10 mg y 20 mg) se encuentran “en monitorización”. Este estado quiere decir que están en seguimiento permanente, “debido a que las cantidades disponibles reportadas por los titulares del registro sanitario son limitadas para los siguientes tres meses de comercialización, o cuando la mayoría de los titulares del registro sanitario no han entregado el reporte de disponibilidad requerido”, explica el Invima.
Solo las presentaciones del fármaco quetiapina (tableta recubierta 100 mg – 200 mg – 300 mg y tableta de liberación prolongada: 150 mg – 200 mg – 300 mg -400 mg) están, según ese último reporte del Invima, catalogados como “En riesgo de desabastecimiento”, lo que quiere decir que la agencia ya identificó la existencia de alguna situación que pueda llevar a que la oferta del medicamento sea insuficiente.
Todos esos medicamentos son comúnmente utilizados en el tratamiento de trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión. “Alguien va a tener qué decir quién tiene la responsabilidad. Esto puede ser manifestación de diferentes dificultades en diferentes lugares de la cadena de suministro. No encontramos evidencia de que sea solo una dificultad, pueden ser múltiples y múltiples los actores involucrados”, dice Molina. Esto último es clave: la cadena detrás para que un medicamento llegue a sus manos es larga y compleja. (Puede ver: Exministros de Salud piden que se debate la reforma a la salud)
Un problema complejo
Son varios los actores que intervienen en la cadena de suministro de medicamentos en Colombia. Está el Invima -el ente regulador que autoriza y vigila la calidad de los medicamentos, desde su producción hasta su comercialización-, está la industria -los laboratorios que hacen o importan los medicamentos-, están los hospitales y las clínicas -en donde se prescriben y administran los medicamentos-, están las EPS, que gestionan la entrega o no de esos medicamentos, y están los gestores farmacéuticos (como Audifarma, Cafam o Cruz Verde) que se encargan de distribuir y, en muchos casos, de comprar los medicamentos.
Del buen funcionamiento de esa multiplicidad de actores y de sus responsabilidades depende hasta la entrega de un acetaminofén. En la mayoría de los medicamentos que se usan en salud mental reportados con algún problema por el Invima en su último reporte, la agencia señala que los titulares del registro sanitario, es decir, los laboratorios que tienen la licencia para comercializarlos, no entregan todos los datos para determinar la existencia de suficientes unidades.
Esta supuesta dificultad se ha reportado con otros casos. El Minsalud y el Invima realizan mesas técnicas de trabajo con la industria en la que tratan los temas de medicamentos. En una de esas últimas mesas, realizada el 1º de febrero de 2024 y que buscaba discutir el abastecimiento de los medicamentos oftálmicos (aquellos diseñados para ser aplicados en los ojos), el Invima señalaba la misma crítica y agregaba que esa ausencia de información “dificulta el análisis del estado de abastecimiento para cada medicamento”.
“Si los laboratorios se demoran en informar que, por alguna razón, su producción o importación se va a afectar en los siguientes meses, es más difícil identificar el problema a tiempo y buscar soluciones. La importación o producción de un fármaco no se da de un día para otro”, nos dijo la persona que trabaja con las EPS. ¿El problema del abastecimiento de medicamentos está en el eslabón de la producción o la importación? (Vea “Nueva EPS tiene pérdidas por 411.000 millones, pero podrían ser de billones”)
“Desde la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif) reiteramos que esta industria no cuenta con condiciones de desabastecimiento de los canales por razones de logística ni de otra índole, es decir, que en la actualidad nuestra producción está en condiciones normales y tenemos producción suficiente”, le contestó a este periódico, preguntada por el panorama de abastecimiento, la directora de ese gremio, Clara Isabel Rodríguez. “El contexto actual puede estar generando situaciones de escasez y desabastecimiento principalmente en los medicamentos importados”, agregó Rodríguez.
Desde Afidro, la asociación que agrupa a compañías farmacéuticas internacionales, como AstraZeneca o Pfizer, han apuntado al represamiento de trámites en el Invima como uno de los problemas más graves del sistema. Hay que recordar que el pasado 31 de octubre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Invima y al Ministerio de Salud priorizar y solucionar unas 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que estaban represados para esa fecha, y definir una estrategia para facilitar el acceso a la materia prima que se necesita para fabricar los medicamentos. A inicios de enero pasado, el Invima reportó que ya había evacuado unos 8.669 trámites de registros sanitarios.
A pesar de que Afidro reconoce esos avances, también señala que “los trámites pendientes siguen la tendencia de 2023, con un 60% de atraso en los productos para importar y vender. Además, el 77% de los nuevos registros sanitarios pendientes de evaluación son para importaciones. La evaluación farmacológica por parte de la Comisión Revisora sigue con un retraso de 6 meses a 1 año en comparación con las fechas establecidas”, le detalló a este periódico María Clara Escobar, la presidente ejecutiva del gremio. Desde el Invima están liderando mesas técnicas con toda la industria de las que pronto habrá balances.
Finalmente, también está el eslabón de los gestores. El Espectador se comunicó con el Comité de Gestores Farmacéuticos de Fenalco, pero este señaló que se pronunciará sobre el tema en las próximas horas. Quien sí lo hizo fue Audifarma, uno de los gestores más grandes de Colombia, después de que un informe en la revista Cambio señalara que la compañía está en crisis. “Como es de público conocimiento, el sistema de salud y toda la cadena de abastecimiento atraviesan una de las situaciones más difíciles desde su creación, debido a la escasez de recursos y el desabastecimiento de algunas materias primas a nivel mundial”, dijo.
Audifarma toca quizá el último elemento que termina de configurar la complejidad de la cadena de abastecimiento de medicamentos: el panorama global. La pandemia representó un punto de inflexión de la que el planeta aún no se ha recuperado del todo. En febrero de 2023, el Foro Económico Mundial alertaba que la escasez de medicamentos comunes estaba preocupando a países de todo el mundo. La Unión Europea reportaba por entonces que todos sus países declaraban experimentar escasez de medicamentos y el 76% afirmaba que la escasez era peor que la del año anterior, debido a problemas de comercialización de materia prima. Un año después, las autoridades siguen sintiendo los rezagos de esa situación.
“Al Ministerio se le informa cada mes en el formato definido por ellos, no solo de los medicamentos de salud mental, sino de todos los que se encuentran escasos, desabastecidos o descontinuados, según información de laboratorios. Este año no hemos sido citados aún para mesa técnica de medicamentos de salud mental, la última fue de antibióticos que fue la semana pasada, pero estimamos que próximamente citen a la mesa de medicamentos de salud mental”, nos dijeron desde la dirección de una importante gestora farmacéutica.
En lo que tiene que ver con salud mental, se suma un ingrediente más: la demanda de servicios y medicamentos en este campo ha crecido. Gremios como Gestarsalud (que reúne a las EPS del régimen subsidiado) han señalado que el covid-19 generó un incremento de la demanda de algunas atenciones, como las asociadas a cardiopatías y a la salud mental. “En este espectro amplio de dificultades que pueden estar teniendo los medicamentos psiquiátricos, les corresponde a las autoridades definir para cada caso y cada medicamento qué está sucediendo”, finaliza Molina. “Lo que no puede continuar es el silencio o la atribución del asunto a discusiones del ámbito político”.
En el fondo de todo esto, siempre está el usuario y el impacto en su salud. “El principal riesgo a que se exponen los pacientes que no logran continuar su tratamiento farmacológico de manera adecuada es al riesgo de una recaída: que vuelvan a aparecer los síntomas o que estos se incrementen”, explica la doctora Sandra Milena Toro, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de la Sabana. “Cuando un paciente no logra un control adecuado de los síntomas también se afecta su vida en todas las esferas. Esas suspensiones abruptas también pueden ser una puerta de entrada a otros problemas”.
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