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El próximo 31 de mayo a las 9:30 de la mañana, el general (r) Miguel Maza Márquez tiene una nueva cita con la justicia. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia escuchará en versión libre al alto oficial retirado, en medio de la investigación por el magnicidio del dirigente político, Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990. Aunque desde hace años se había escuchado el nombre del general en este caso, es la primera vez que un funcionario judicial lo llama a dar su versión de los hechos. Una decisión que reactiva las pesquisas de un expediente que solo sabe de impunidad.
La citación a Maza, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se da seis años después de que el principal fiscal del caso, Mauricio Ponce, le pidiera a sus colegas de la Corte Suprema que le pusieran la lupa al general (r), pues solo ellos pueden investigar el papel del oficial, pues tiene fuero constitucional. La hipótesis que ha manejado Ponce y la Fiscalía, al menos desde 2014, es que hubo agentes del Estado involucrados en la planeación y ejecución del atentado que acabó con la vida del entonces candidato presidencial, que iba a bordo de un avión que había tomado en Bogotá, con destino a Barranquilla.
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El llamado a versión libre de Maza Márquez no es aislado. Sobre el general retirado pesa una condena a 27 años de cárcel de la Corte Suprema, que lo encontró culpable en 2016 por haber debilitado deliberadamente el esquema de seguridad del entonces candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, asesinado el 18 de agosto de 1989. Además, el exdirector del DAS pidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, en enero de 2020, la Sección de Apelación le dijo que su entrada dependía de su compromiso concreto y detallado en el esclarecimiento de los crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica.
Maza aseguró a la JEP que podía aportar verdad sobre el surgimiento y desarrollo del fenómeno paramilitar en el Magdalena Medio e identificar a los agentes estatales que habrían facilitado o apoyado la conformación de ese movimiento armado. Su testimonio podía ser clave para esclarecer el caso de Pizarro y otros más, pues Maza fue director del DAS entre mayo de 1985 y septiembre de 1991, período que coincidió con el homicidio de dirigentes nacionales y regionales como Jaime Pardo Leal, José Antequera, Teófilo Forero, Bernardo Jaramillo, y Luis Carlos Galán. Aunque Maza ya dio su versión ante la JEP, todavía no se sabe si le abrirán un cupo.
La hipótesis de agentes estatales involucrados en el magnicidio de Carlos Pizarro la ha manejado la Fiscalía desde hace años. No solo porque el propio Carlos Castaño la admitió en su libro Mi Confesión, sino porque el ente investigador ya identificó a otros agentes públicos que habrían participado del magnicidio. El caso más avanzado es el de Jaime Ernesto Gómez, escoltas de Pizarro y exagente DAS, quien fue llamado a juicio y hasta la Procuraduría pidió su condena. Según los argumentos de la Fiscalía, el escolta tuvo “la tarea de matar al sicario inmediatamente acribillara al líder político y así ganar el silencio del potencial testigo y asegurar, en buena parte, la impunidad rampante durante décadas”.
Jaime Ernesto Gómez estuvo en juicio durante más de un año y, justamente cuando el juez del caso se alistaba a tomar la decisión de condenarlo o absolverlo por el delito de homicidio agravado con fines terroristas, el exagente del DAS pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y todo quedó congelado. La justicia transicional revisó el caso y en marzo del año pasado, le cerró la puerta. El caso, entonces, volvió a quedar en manos de la justicia ordinaria. Sin embargo, hasta hoy, no se conoce la sentencia en contra de Gómez, pese a que las víctimas han pedido que el caso se resuelva de una vez por todas.
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Además de Jaime Ernesto Gómez, que además ha salido mencionado en las investigaciones de otros asesinatos de alto calibre, como el de los candidatos a la presidencia, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, la Fiscalía tiene evidencias de la presunta participación de otros dos agentes del Estado en el homicidio de Carlos Pizarro. Se trata de Manuel Antonio González, exjefe de protección del DAS, y Flavio Trujillo, exjefe de la sección de corporaciones públicas. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido vinculado formalmente a una investigación.
El expediente solo tiene dos condenas. Doce años después del asesinato, la justicia condenó en ausencia a los exlíderes paramilitares Carlos y Fidel Castaño a 24 años de cárcel. De resto, no hay ni una sola. La falta de verdad, y resultados en el ámbito judicial, llevó a que la familia de Pizarro y su defensa presentara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en septiembre de 2019, aceptó estudiar el expediente y la presunta responsabilidad del Estado. Sin embargo, esa instancia internacional tampoco ha tenido ningún avance.
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Otros avances
Además de llamar a Maza a versión libre, la Fiscalía tiene listas otras diligencias para reactivar la investigación. Por ejemplo, el fiscal Ponce escuchará a dos testigos que podrían esclarecer con mayor grado de verdad la presunta relación de funcionarios públicos en el asesinato de Pizarro. Uno de ellos es Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, más conocido por ser la cabeza del brazo financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la organización paramilitar y narcotraficante que perpetró miles de crímenes de lesa humanidad entre 1997 y 2004.
El hombre de confianza de los hermanos Castaño fue recapturado en abril de 2021 y, desde entonces, ha rendido declaraciones en varios expedientes. Por eso, la Fiscalía quiere preguntarle qué sabe del caso Pizarro y qué pudieron contarle los líderes de la casa Castaño de cómo se habrían concertado con funcionarios públicos para perpetrar el homicidio. Alias Lucas, explicó una fuente cercana al caso, podría ser el primer testigo indirecto en hablar sobre estos vínculos ilegales. Otro de los personajes que escuchará el ente investigador es al general (r) Óscar Peláez Carmona.
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Para la época de los hechos, el alto oficial era el director de la Dijín de la Policía y, al parecer, habría ordenado varias capturas en Bogotá y Medellín para desviar la investigación de Pizarro. Aunque no ha sido vinculado oficialmente a este caso, el alto oficial fue llamado a juicio en 2022, precisamente por haber desviado la investigación del asesinato del excandidato liberal, Luis Carlos Galán. El problema de su versión, explicaron fuentes del caso, es que el general (r) ya tiene una avanzada edad que, al parecer, no le permitiría dar una declaración lúcida.
Sin embargo, la Fiscalía quiere intentarlo. Además de las declaraciones, el ente investigador también está listo para realizar otras diligencias judiciales para avanzar en el esclarecimiento del caso, mientras que la familia del líder político y sus abogados cumplen 33 años en la búsqueda y exigencia de superar las décadas de impunidad que han inundado este expediente, uno más de la guerra que acabó con políticos, periodistas, abogados y líderes sociales.
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