Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Ni la actual administración, que llegó alzando las banderas de la anticorrupción, se salvó de los señalamientos por presuntas anomalías en la contratación, de las alcaldías locales. Posibles sobrecostos en compras, favoritismo en los procesos licitatorios y mal manejo de los recursos públicos serían algunos de los actos, con un tufo a corrupción, que estarían cometiendo algunos mandatarios de las 20 localidades de Bogotá. Así lo denunciaron algunos concejales de la ciudad, tras un debate de control político.
Lea: Magistrado pide revisar tutela que reviviría millonario pago a operador de aseo.
No es la primera vez que se escuchan públicamente denuncias de este tipo, que vinculan a las alcaldías locales, y se piden acciones para controlar la discrecionalidad que tienen los mandatarios locales con los recursos públicos. En la administración de Gustavo Petro, la Fiscalía les abrió investigación a 18 alcaldes locales, por supuestamente saltarse el proceso de licitación y, en su lugar, usar una figura que evadía la selección objetiva. Y en la administración de Enrique Peñalosa, tras una serie de señalamientos por irregularidades en contratos, el mandatario les pidió la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes locales.
Esta vez fueron los cabildantes de la Alianza Verde y el Centro Democrático, quienes este 18 de mayo, en un debate de control político, expusieron algunos contratos sospechosos, celebrados por alcaldes locales elegidos en la administración de la alcaldesa Claudia López. Los cabildantes aprovecharon para enrostrarle a la alcaldesa, el no haber podido cumplir su promesa de cero corrupción. Pero no fue la única objeto de críticas. Los órganos de control también llevaron su parte, al ser señalados de no estar actuando con diligencia. Hicieron un llamado a la Personería y Contraloría a actuar y anunciaron una carta al fiscal Francisco Barbosa, para que se empiecen investigaciones.
“Encontramos 6.000 contratos con presuntas irregularidades y sobrecostos, que suman $411.000 millones. Por otro lado, los alcaldes locales tienen sus empresas favoritas, de las 370.000 registradas, 28 tienen la mayoría de contratos y, al parecer, con sobrecostos. No están comprando con las realidades del mercado”, indicó la concejal Diana Diago, del Centro Democrático.
Algunas de estas empresas que, al parecer, figuran en distintos contratos de las alcaldías serían, según Diago: Sumimas (42 contratos), Americana Corp (11 contratos), Above SAS (11 contratos), Serle.com (18 contratos), Hogares sí a la vida (37 contratos), Funvive (23 contratos), Gesco (32 contratos), Fundesco (25 contratos), Aldesarrollo (10 convenios), Ecodes (24 contratos), Fundación G3 (13 contratos), Fundación País Humano (14 contratos), Solution Copy (22 contratos).
A su vez, la cabildante encontró presuntos sobrecostos en algunas compras de artículos como microondas, licuadoras, televisores, sillas, tableros y camillas de emergencia en contratos de las localidades de Bosa, Usme, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Chapinero y Suba.
Lea también: Las alertas que dejan los últimos casos de homicidios en Bogotá.
Una de las supuestas irregularidades denunciadas por Diago está en un contrato por $3.200 millones, celebrado por la alcaldía de Usme, para implementar acciones de promoción y prevención en salud. Este se llevó a cabo mediante licitación pública; fue suscrito por la unión temporal Usme Sano y Salvo (Funvive vinculada). Según la Secretaría de Salud, el contratista no era prestadora de servicios de salud. Hasta ahora, la alcaldía local de Usme no ha dado declaraciones al respecto.
Por su parte, la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, manifestó que las alcaldías locales han gastado la mayor parte del presupuesto en prestación de servicios, subsidios, obras, subsidios al adulto mayor, suministros, incentivos económicos, entre otros. Destacó que no se tiene información sobre el destino de $15.152 millones.
Al igual que Diago, Bastidas opina que en la actual administración hay una “concentración de la contratación” y trae a colación los compromisos con la caja de compensación Compensar ($299 mil millones), Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca Bogotá ($71 mil millones), Agencia Atenea ($70 mil millones), Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar ($69 mil millones) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD ($64 mil millones)
Nota relacionada: Concejal denuncia a Claudia López por billonaria contratación con Compensar.
Actualmente, 16 alcaldes locales continúan siendo investigados por la Fiscalía, para determinar si hubo irregularidades en un contrato directo celebrado con la Cruz Roja durante la pandemia, para adquirir kits de ayuda y mercados, para las familias más vulnerables.
De otro lado, la concejal Bastidas indicó que se encontró que varias empresas ofrecían servicios poco relacionados entre ellos. “Es el caso de UT Cogesto, un contratista multipropósito (o navaja suiza), que presta servicios que van desde educación ambiental hasta prevención de violencia en niños, la cual suscribió contratos con Suba, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Chapinero. También el de Fundación Ecodes, contratada por Chapinero, para hacen brigadas médico – veterinarias; cuidan adultos mayores, hacen paisajismo, y jardinería”.
María Fernanda Rojas, concejal de la Alianza Verde, recordó que desde 2019 ha denunciado que un hombre, identificado como Carlos Alberto Pinzón Molina, ha logrado adjudicaciones de manera irregular. Al parecer, Molina aparece en distintos documentos con su núcleo cercano, compartiendo direcciones, teléfonos, equipos de trabajo.
“Tiene acaparada la contratación en las alcaldías locales de Bogotá. Tan solo en esta administración ha suscrito más de 40 contratos, con una cifra cercana a los $18 mil millones. Este señor figura dentro de las fundaciones Funinder, Funvivir, Hogares sí a la vida y Prodeport, y expide certificados de experiencia ajustados a cada uno de los procesos”, apunta Rojas.
Para Martín Rivera, concejal del mismo movimiento, la serie de presuntas irregularidades en la contratación de las alcaldías locales viene de años atrás y respondería actualmente a varias situaciones: a los clanes políticos en Bogotá, que llegan a estos puestos; falencias en la estrategia “Talento, no Palanca”, y el incremento de los contratos bajo la figura de prestación de servicios.
Aunque las alarmas se encendieron desde el Concejo, ninguno de los cuestionados se ha pronunciado. Por su parte, la Secretaría de Gobierno, la Personería y la Contraloría de Bogotá expusieron que esperarán hasta que el debate de control político culmine (aún no hay fecha agendada) para pronunciarse y compartir cuáles podrían ser las medidas a tomar.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Laura C. Peralta Giraldo
Conoce más