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Con una diferencia de apenas 11 años, las vidas políticas de Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda Castro han protagonizado desencuentros históricos, pugnas judiciales y señalamientos de todo orden. Dos visiones antagónicas de la realidad del país, que no solamente han saldado sus posiciones en la arena política, sino que terminaron en orillas contrarias en el denominado juicio del siglo en Colombia. Uribe como acusado, y Cepeda como víctima. Dos destinos que encarnan los polos de una Colombia que terminó dividida en defensores y detractores de ambos.
Ahora solo falta que la jueza Sandra Heredia Aranda dirima en primera instancia el resultado de este pleito que seguramente tendrá su revancha y unos coletazos electorales impredecibles. El exmandatario antioqueño, sin ocaso para su carrera política a sus 73 años, y el senador de izquierda, a sus 62, como protagonista de un momento político de alta efervescencia
Iván Cepeda nació el 24 de octubre 1962, en un hogar donde los debates políticos eran cotidianos. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, militante del Partido Comunista, y de Yira Castro, dirigente sindical, creció entre huelgas y protestas. Una década antes, el 4 de julio de 1952, nació en Medellín Álvaro Uribe, en el seno de una familia dedicada a la ganadería y a la vida empresarial.
Su padre, Alberto Uribe, ganadero y hacendado. Su madre, Laura Vélez, educadora. Cepeda heredó una militancia ligada a la izquierda y a los movimientos sociales, Uribe iniciaba un camino en el Derecho y la Administración Pública. No se conocían, pero el país que ambos habitaban los acercaría. El primer cruce ocurrió en 1977. Uno desde la calle y el otro desde un cargo público, desde donde comenzarían a caminar en direcciones distintas por una misma historia: la del conflicto colombiano.
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Durante el paro cívico nacional del 14 de septiembre, convocado por sindicatos y sectores de izquierda, y recordado porque resultó en uno de los movimientos sociales más recordados del siglo pasado, Manuel Cepeda Vargas, Yira Castro y su hijo participaron activamente. Iván, con 14 años, apoyó las movilizaciones desde el sur de Bogotá. Las protestas generaron tensiones con el gobierno de Alfonso López Michelsen, en especial con el Ministerio de Trabajo, a cargo de Óscar Montoya, quien fue delegado para negociar con los líderes del paro.
En medio la polémica, el funcionario renunció y a la secretaría general del ministerio llegó Álvaro Uribe Vélez, abogado recién graduado de la Universidad de Antioquia. Durante su permanencia en el cargo, trabajó en la expedición en un decreto que tocó las bases del movimiento que defendían los Cepeda, pues reguló derechos sindicales y pactos colectivos.
La distancia ideológica entre los dos empezó a trazarse. Mientras Uribe se acomodó en un gobierno que enfrentaba a los trabajadores, los Cepeda consolidaron su militancia. Iván Cepeda vivió la política desde las calles, Uribe lo hizo desde los despachos ministeriales. Ya entonces, cada uno empezaba a formar el camino que los volvería protagonistas de una confrontación prolongada. Con el cambio de gobierno en 1978 y la llegada de Julio César Turbay a la Presidencia, el país entró en las reglas del Estatuto de Seguridad.
Las Fuerzas Militares asumieron funciones judiciales, y muchas organizaciones quedaron bajo vigilancia. El periódico Voz, dirigido por Manuel Cepeda, fue una de ellas. Por su parte, Uribe fue nombrado director de la Aeronáutica Civil en marzo de 1980, tras el asesinato de sus dos de sus antecesores, Osiris de J. Maldonado y Fernando Uribe.
El Partido Comunista, con Manuel Cepeda como secretario general, otros movimientos de izquierda y oenegés sintieron por esos días el rigor de la mano dura. “Fue una época dramática, un periodo oscuro de la historia colombiana”, recordó Iván Cepeda esos tiempos de angustia, cuando veía a diario a su padre lidiar con los efectos del Estatuto de Seguridad. A esos años de persecuciones y violaciones permanentes a los derechos humanos, se le sumó otra tragedia a la familia Cepeda: el fallecimiento, en julio de 1982, de Yira Castro por un cáncer.
En medio del dolor, tomaron la decisión: enviar al exilio a Iván, y a su hermana María, quienes se establecieron en Bulgaria, ya con la experiencia del destierro, pues ya habían pasado por Checoslovaquia y Cuba, tratando de escampar la época del Estatuto. En el entre tanto, Uribe siguió al frente de la Aerocivil, hasta agosto de 1982.
Durante los 28 meses de administración, expidió 562 licencias, algunas siempre dieron de qué hablar. Muchos años después, Uribe tuvo que dar explicaciones, por ejemplo, sobre el permiso que obtuvo su familia para un helicóptero que compró su padre y que años después fue hallado en el complejo cocalero de Tranquilandia. “Eso lo hizo mi hermano Jaime y todos confiábamos en él”, declaró Uribe en 2002 al diario El Tiempo, quien añadió que su familia, en realidad, no lo tuvo en su poder.
Tras su paso por la Aerocivil, el presidente Belisario Betancur le encargó la Alcaldía de Medellín y allí permaneció cuatro meses a finales de 1982. Con esos cargos para destacar en su ya prometedora carrera política, a sus 31 años, Uribe recibió la noticia que marcaría el resto de su vida. Su padre, Alberto Uribe Sierra, fue asesinado por las Farc en su finca Guacharacas en Antioquia.
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En paralelo, Manuel Cepeda siguió al mando del periódico Voz, donde empezó a denunciar crímenes contra miembros de la recién creada Unión Patriótica (UP), tras los diálogos del gobierno Betancur con las Farc. Tras la tragedia del asesinato de su padre, Uribe continuó su carrera política. Primero como concejal de Medellín entre 1984 y 1986. Y luego, directamente a las grandes ligas: se lanzó al Senado, con su primo, Mario Uribe, como fórmula en la Cámara de Representante, y a Bogotá llegaron en 1986.
Cepeda regresó a Colombia a sus 25 años. Se había refugiado en Europa de las reglas del Estatuto de Turbay, pero volvió a un contexto violento, ahora marcado por la arremetida del narcoterrorismo contra la sociedad y una oleada a sangre y con tintes de exterminio contra la UP y los líderes de izquierda. Lo recibió el asesinato de Jaime Pardo Leal, perpetrado el 11 de octubre de 1987.
Cepeda recuerda que su padre dormía con un arma bajo la almohada. Esa década consolidó a los dos hombres en espacios políticos distintos: uno desde el Congreso, el otro desde la militancia y la denuncia. La distancia entre ambos continuó creciendo. La década de los noventa comenzó con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y un cambio en prácticamente todas las reglas sociales, económicas y culturales. Manuel Cepeda fue elegido representante a la Cámara y Álvaro Uribe repitió curul.
La discusión de la Ley 100 de 1993, más recordada como la ley de seguridad social, los enfrentó en posiciones opuestas: Uribe fue ponente, Cepeda opositor. Por esos días, el gobierno Gaviria presentó el decreto que le dio vida a las Convivir. Con el nacimiento de estos grupos de seguridad privados, que terminaron siendo fachada para el movimiento paramilitar, Iván Cepeda empezó a temer por la vida de su papá.
Para 1994, el hoy senador ha dicho en que su familia se hablaba abiertamente del riesgo que corría su padre. Circulaban rumores sobre un plan llamado “Golpe de Gracia” para terminar con los sobrevivientes de la UP, donde Manuel Cepeda ya militaba tras su histórico paso por el Partido Comunista. Por eso, aceptó salir un tiempo del país. Pero cuando regresó y asumió su curul en el Senado, el 9 de agosto de 1994, fue asesinado en Bogotá. La justicia atribuyó el crimen a una alianza entre paramilitares y militares.
Después del asesinato de su padre, Iván Cepeda se exilió por tercera vez. Antes de dejar el país, contribuyó a documentar crímenes de lesa humanidad, junto con otras víctimas. A partir de ese momento, Uribe y Cepeda pasaron a tener un elemento en común que los une, incluso en los turbulentos días de hoy: a los dos la guerra los dejó huérfanos de padre.
Pero la vida siguió. Álvaro Uribe llegó a la gobernación de Antioquia en 1995, mientras Cepeda terminó de formarse en Europa. El 25 de febrero de 1996 tuvo lugar otro hecho que se convirtió en pieza central del proceso que mantiene enfrentados a Uribe y Cepeda. Ocurrió en la hacienda Guacharacas, donde había sido asesinado Alberto Uribe, cuando hombres del Eln incendiaron la casa, robaron más de 600 reses y desplazaron a los trabajadores.
Su importancia en esta historia radica en que, años después, exparamilitares entrevistados por Iván Cepeda, aseguraron que ese hecho motivó la creación de un grupo armado, al parecer con el respaldo de Álvaro Uribe, y su hermano Santiago. En esa zona empezó a operar la Convivir El Cóndor, mientras el gobernador terminaba su mandato en 1998 y ya sonaba como presidenciable. La decisión, sin embargo, fue irse a estudiar a Londres, desde donde criticó la política de paz del presidente Andrés Pastrana.
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La carrera a la Casa de Nariño no demoró en concretarse. Volvió para arrancar campaña en el 2000, primero como precandidato del liberalismo oficialista y luego, alegando falta de garantías, decidió presentarse como candidato independiente, a través del movimiento Primero Colombia. Uribe Vélez ganó en primera vuelta con el 54,51 % de los votos, al exminsitro Horacio Serpa, que le llevaba casi 10 años de ventaja en las lides de la política. Un año después, Iván Cepeda regresó a Colombia y se vinculó al movimiento de víctimas del Estado.
También comenzó a escribir una columna en El Espectador, desde donde cuestionó la reelección presidencial, la situación de derechos humanos en el país y sus procesos de desarme con las autodefensas. Fue este último tema, precisamente, el que desencadenó una protesta simbólica, pero que puso sobre la mesa de conversación las realidades que vivía ese país.
La realizó el propio Iván Cepeda, quien logró colarse en las barras del Congreso y sostuvo sobre su cabeza una fotografía de su padre, justo el día que Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez, jefes paramilitares, visitaron el Senado, con el beneplácito del gobierno Uribe. A las semanas, Cepeda escribió por primera vez sobre otra hacienda de los Uribe, La Carolina, en Yarumal (Antioquia), del grupo Los 12 Apóstoles y arremetió directamente en contra del presidente.
Para 2006, Uribe logró la reelección y lo que vendría después fue un terremoto, con incidencias políticas y judiciales, en varios incidentes que marcaron el resto de su gobierno: los inicios de la parapolítica, las primeras denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en las fuerzas militares, el escándalo de la Yidismedina y las chuzadas del DAS.
Uribe, en medio de la tormenta, contestó que nunca tuvo que ver con acciones por fuera de la ley y salió bien librado de todos los episodios. Pero los señalamientos nunca terminaron. En 2008, Iván Cepeda y Jorge Rojas publicaron A las puertas del Ubérrimo, un libro que trazó paralelos entre el auge del uribismo, la expansión paramilitar y la presencia de congresistas investigados por parapolítica.
En 2009, Cepeda dejó su columna y se lanzó al Congreso y fue elegido representante a la Cámara. Ese mismo año terminó el segundo mandato de Álvaro Uribe, tras el bloqueo de la Corte Constitucional a la posibilidad de un tercer periodo presidencial. Como congresista, Cepeda impulsó visitas a cárceles para conocer las condiciones de reclusos. En esos encuentros, recibió testimonios de exparamilitares que vinculaban a Álvaro y Santiago Uribe con estructuras ilegales.
A partir de esa información, Cepeda organizó un debate de control político y el enfrentamiento pasó del papel a la plenaria en 2012. El congresista presentó declaraciones de reclusos que aseguraban que en la hacienda Guacharacas operó el Bloque Metro. También mencionó el libro Los 12 Apóstoles, de Olga Behar, sobre presuntas actividades paramilitares en La Carolina. Uribe no asistió al debate, pero ese mismo día presentó una denuncia penal contra Cepeda por abuso de funciones, fraude procesal y calumnia agravada. Alegó que el congresista ofrecía beneficios a reclusos para que declararan en su contra.
En septiembre de 2014, luego de otra arremetida de Cepeda, amplió su denuncia e indicó que el congresista había visitado 21 veces a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso. Sostuvo que esas visitas no tenían carácter humanitario, sino la intención de construir un expediente basado en testimonios manipulados.
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Lo que comenzó como un cruce político se convirtió ahora en un proceso judicial entre denunciante y denunciado. La Corte Suprema de Justicia se tomó casi cinco años para resolver la denuncia de Uribe. En febrero de 2018, decidió archivarla, pues determinó que Cepeda actuó dentro de sus funciones como congresista, que no ofreció beneficios indebidos y que no influyó sobre los testigos. En cambio, ordenó abrir una investigación contra Uribe para determinar si él intentó manipular testigos.
En el marco de esa investigación, y por primera vez en la historia reciente del país, un expresidente fue llamado a indagatoria, que rindió en octubre de 2019, y al año siguiente fue capturado por orden del alto tribunal. El caso desató una serie de decisiones judiciales, recursos, recusaciones, audiencias y la inevitable polarización política, en un ambiente marcado por la confrontación.
En síntesis, con antecedentes de casi medio siglo, las trayectorias de Uribe y Cepeda se han cruzado en los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia. Lo han hecho desde esferas distintas: el poder y la oposición, la política institucional y la denuncia, el Ejecutivo y el Congreso, la Presidencia y los estrados judiciales. Este lunes, este cruce de espadas llega a uno de sus puntos más definitivos. Por primera vez, la justicia tendrá que decidir si un expresidente es culpable o inocente de manipular testigos.
La historia que comenzó en medio de la guerra, la persecución política y las confrontaciones ideológicas se condensará en buena parte en el fallo de la jueza Sandra Heredia. Pero la sentencia no pondrá punto final a esta historia. Después del fallo vendrán nuevas páginas, de seguro en los tribunales y en la política, que seguirán uniendo inevitablemente los destinos de Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda Castro.
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