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Hace 26 años, en la madrugada del 19 de mayo de 1997, los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Mario Calderón y Elsa Alvarado, fueron asesinados en su apartamento en Bogotá. Criminales que se hicieron pasar por miembros del CTI de la Fiscalía, dispararon contra los defensores de derechos humanos, en un ataque que, al parecer, tuvo la complicidad de agentes del Estado. Pese a las décadas que han pasado desde el crimen, el caso sigue en la impunidad. Los familiares de los investigadores siguen exigiendo lo mínimo: verdad y justicia.
En esa lucha por conocer quiénes estuvieron detrás del asesinato de Calderón y Alvarado, la defensa de la familia hizo una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que no acepte a un exmilitar que podría esclarecer gran parte de lo sucedido en esos años de sangre y terror. Se trata del coronel (r) Jorge Plazas Acevedo, un hombre que lleva años esquivando el llamado de la justicia, pese a que existen varias declaraciones que lo señalan de haber sido clave en el asesinato de los defensores de derechos humanos, pero también de otros crímenes ordenados por la casa Castaño.
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Plazas Acevedo pidió pista en la JEP, pero su entrada está condicionada. Tiene que entregar información novedosa de lo que sabe de los homicidios del periodista Jaime Garzón, de los investigadores del Cinep, del campesino Marino López, y también sobre la masacre de Mapiripán. Para la defensa de Mario Calderón y Elsa Alvarado, el exmilitar no ha cumplido con ese compromiso de contar la verdad y, por eso, debe ser excluido de la JEP para que la justicia ordinaria pueda avanzar en el esclarecimiento del caso. Aunque la solicitud para que Plazas Acevedo no entre a jurisdicción especial ya fue presentada, todavía no hay respuesta.
Entre los argumentos de la defensa, el coronel retirado no ha expresado un compromiso claro y concreto en aportar a la verdad y, durante sus intervenciones ante la JEP, se dedicó a defenderse de los hechos, como lo hizo en la justicia ordinaria. Además, dicen los abogados, Plazas Acevedo rechazó la existencia de una red criminal conformada desde el B2 (Brigada de Inteligencia de la época) dedicada al secuestro y la extorsión, y dijo que nunca tuvo conocimiento ni participó del asesinato de los investigadores del Cinep y del padre de Elsa Alvarado, quien hace 26 años recibió un disparo en medio del ataque contra su hija y su pareja.
La defensa del coronel retirado siempre ha sido negar todos los señalamientos que hombres del crimen han hecho en su contra. Sin embargo, antes de que la JEP pidiera su versión, la justicia ordinaria sí había avanzado en esclarecer su participación en la guerra. La Fiscalía, por mencionar un ejemplo, había avanzado en el juicio contra Plazas Acevedo en el caso de Jaime Garzón y el juzgado que conoció el caso estaba a punto de emitir una condena, cuando le tocó frenar todo por el llamado de la jurisdicción de paz. En ese expediente, y otros más, ha quedado claro el papel del exmilitar en casos como el del periodista.
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Según testimonios que exjefes de las autodefensas han rendido ante fiscales, pero también de exmilitares y otros testigos, Plazas Acevedo habría sido pieza clave para que informes de inteligencia del Ejército llegaran a manos de grupos paramilitares. En expedientes de Justicia y Paz abundan hoy los testimonios que ratifican la colaboración activa de Plazas Acevedo con los ejércitos de la casa Castaño. Por ejemplo, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, habló de una reunión a la que asistió Plazas y en la que se definieron planes de ataque en el Bajo Atrato chocoano.
El encuentro se dio en la sede de la brigada porque el plan era que las Fuerzas Militares desarrollaran la Operación Génesis mientras las autodefensas desataban la guerra sucia complementaria. El Alemán aseguró que los paramilitares escogidos se pusieron a órdenes de Plazas. Por la Operación Génesis, desplegada en febrero de 1997, y particularmente por el asesinato del campesino Marino López, hoy está condenado a 26 años de prisión el general (r) Rito Alejo del Río, entonces superior jerárquico Plazas Acevedo. En esa misma época, de la región de Urabá partió la cruzada criminal que al otro lado del país perpetró la masacre de Mapiripán.
El 12 de julio de 1997, a bordo de un avión comercial, salió del aeropuerto de Necoclí un grupo de 30 miembros de las autodefensas que viajaron hasta San José del Guaviare, donde se unieron a otros 150 hombres para desplazarse hasta Mapiripán. Allí, entre el 15 y el 20 de julio, asesinaron a sus anchas. La justicia no ha podido resolver todavía cuántas personas perecieron en esos cinco días de infamia. Con base en el testimonio del jefe paramilitar Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, la Fiscalía está convencida de la “plena participación de Plazas en la coordinación del despegue de la aeronave”.
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Según Hasbún, Plazas Acevedo, además, fue clave para la Operación Génesis, participó en la tortura y desaparición del campesino Miguel Peñaranda y ayudó a carnetizar a integrantes de las autodefensas para hacerlos pasar como miembros del B2 del Ejército. Para la defensa de los defensores de derechos humanos, esta cadena de crímenes ocurrieron bajo un patrón criminal en el que los organismos de inteligencia del Estado, y el propio Plazas Acevedo, desempeñaron un rol determinante, no solo por su aporte efectivo para la consumación de los asesinados, sino por su posición jerárquica dentro de las unidad militares.
Pese a los testimonios de esa alianza criminal entre el Ejército y paramilitares, en el caso de Plazas Vegas, la justicia poco ha logrado esclarecer. El caso más avanzado es el de Jaime Garzón, pero la sentencia en contra del coronel retirado quedó frenada cuando la JEP pidió que rindiera versión ante la jurisdicción especial. Por eso, las víctimas piden que el militar retirado sea expulsado de una vez por todas y las investigaciones en su contra puedan reanudarse de una buena vez.
Lo que se sabe del crimen de los investigadores
Elsa Alvarado fue una reconocida defensora, comunicadora y pedagoga de derechos humanos y ecología, y Mario Calderón, filósofo y activista de las causas sociales justas en favor de comunidades indígenas y campesinas. Ambos trabajaban como investigadores del Cinep, cuando fueron asesinados en la madrugada del 19 de mayo de 1997 en su casa en Bogotá. Este ataque, en el que también resultó muerto el padre de Elsa, Carlos Alvarado, ocurrió cuando cuatro hombres armados vestidos con overol negro llegaron en un Renault 9 blanco a la residencia de los investigadores.
Allí, ataron las manos del celador del edificio, de un estudiante que se iba a subir a un taxi y del taxista que había ido a recogerlo, e irrumpieron en el apartamento 702 del edificio Quintas de la Salle, en la localidad de Chapinero, y les dispararon. Iván, el hijo de la pareja y quien para ese entonces tenía 18 meses, logró sobrevivir porque su madre alcanzó a esconderlo en un closet. Días antes, la pareja recibió intimidaciones en un retén militar. Este dato no es menor, pues el crimen ocurrió en un contexto de agresiones contra los defensores de derechos humanos en una alianza entre el Ejército y grupos paramilitares.
El exjefe narcoparamilitar, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y quien fuera el líder del grupo conocido como La Terraza, el brazo sicarial de los hermanos Castaño, aceptó su responsabilidad en estos hechos y señaló que el atentado fue ordenado por ellos mismos, por información que entregó inteligencia militar, concretamente el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo. Únicamente una persona ha sido condenada: Juan Carlos González, alias El Colorado, a 40 años de prisión. Diez hombres y una mujer fueron absueltos o la investigación en su contra precluyó. A los hermanos Carlos y Fidel Castaño nunca los investigaron.
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Otros cuatro supuestos integrantes de la banda sicarial La Terraza “han muerto o fueron desaparecidos”, dice la Fiscalía. Las ejecuciones de los sicarios, luego del crimen, fueron confirmadas por el propio Don Berna, quien, pese a sus confesiones y el papel determinante que tuvo en este y otros asesinados con características similares, como el del abogado Eduardo Umaña asesinado en abril de 1998, no ha sido condenado. La familia de los investigadores del Cinep lleva cinco años esperando conocer el desenlace final del proceso contra Don Berna, pero solo han visto dilaciones.
“Nosotros le enviamos una carta al Tribunal de Justicia y Paz con el deseo de expresarle que ya ha pasado bastante tiempo y las víctimas necesitan ver consolidado su derecho”, explicó la abogada de víctimas, Diana Muriel. Así las cosas, en memoria de Mario Calderón y Elsa Alvarado, sus abogados y familiares siguen insistiendo en que la investigación judicial avance y, ahora, le piden a la JEP que no acepta a Plazas Acevedo por no contribuir en lo mínimo que exigen las víctimas: la verdad.
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