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La trata de personas, también conocida como la esclavitud del siglo XXI, es un fenómeno que ha sido parte de la historia de la humanidad y es también uno de los menos entendidos. Pese a que su definición pueda reducirse a la explotación sexual, existen más de 10 modalidades reunidas en cinco grandes grupos: extracción de órganos, explotación sexual, matrimonio servil, mendicidad ajena y trabajo forzado.
La trata es un delito consagrado en el Código Penal colombiano, y es definido como “el traslado al interior o fuera del país de una persona con fines de explotación sin importar el género, la edad o el lugar de origen de las víctimas”, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La condena en Colombia por incurrir en este delito es de 13 a 23 años de prisión y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así lo aseguró a El Espectador Mario Gómez, fiscal de Infancia y Adolescencia.
En 2017, a través del Manual para la lucha contra la trata de personas, la ONU estableció 24 delitos conexos a esta entre los que están: secuestro, confinamiento ilícito, tortura física y psicológica, servidumbre involuntaria, trabajos forzados, prostitución forzada, matrimonio forzado, embarazo forzado, trato cruel, inhumano y degradante, violación sexual, lesiones corporales, explotación laboral, esclavitud, obligado a realizar actividades ilegales, confiscación de personas, revictimización, violación y homicidio.
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Asimismo, según la ponencia presentada por Antonio Páez Pinzón, director de proyectos de derechos humanos en la Corporación para el Desarrollo Integral Juan José Nieto, en el Tercer Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, 23 derechos humanos son violados a las víctimas de la trata de personas: la pérdida del derecho a su dignidad, a la libertad, a no ser torturado, a circular libremente, a la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, al reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, a la igualdad ante la ley, a su nacionalidad, al matrimonio, a la educación, la cultura, entre otros.
En diálogo con este diario, Páez manifestó que Colombia es un país que “al ser uno de los países más violentos del mundo, cuenta con la presencia de grupos al margen de la ley, abunda el narcotráfico y es uno de los países más desiguales del mundo”. Y el problema es peor.
“Se tiene un porcentaje de estadísticas muy bajo porque no todas logran escapar o se atreven a denunciar, pues temen por su vida y la de su familia. Estas comúnmente son amenazadas e intimidadas por sus captores”, expresó.
A niveles emocional, mental, físico e incluso social, la trata de personas crea fuertes afectaciones en las víctimas. “La trata socava la voluntad del ser humano para convertirla en un objeto y volverla funcional frente a unos medios específicos. Entonces, el ejercicio con una víctima mientras se está en ese proceso de reconocimiento es ayudarle a ver ese momento, a recuperar esa capacidad de decisión, a ver cuáles son sus recursos e incrementar esa capacidad de respuesta”, explicó a El Espectador Érika Velosa, psicóloga y directora de la Fundación Enfami, especializada en temas de violencias basadas en género en el país.
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Mujeres, las principales víctimas Aunque la trata es un delito que afecta a todas las personas, las mujeres siempre han sido las más vulneradas. Desde mediados de los 90 hasta la fecha, la OIM ha asistido a cerca de 100.000 víctimas, y en 2017 la organización conoció 8.700 casos, de los que el 48,9 % eran mujeres y el 13 % menores de edad. Según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de las 2.949 víctimas detectadas en Suramérica en 2016, el 51 % fueron mujeres, el 37 % niños y niñas, y el 12 % hombres. En Colombia, entre 2013 y 2019, el Ministerio del Interior ha registrado 560 víctimas, de las que el 84 % han sido mujeres.
Según cifras de la Unodc, en 2016 las mujeres y niñas configuraban el 71 % de las víctimas de trata de personas. Es decir, siete de cada 10 víctimas son mujeres, siendo menores de edad un tercio de los casos.
“Las mayores víctimas de explotación sexual son niñas y mujeres. Siempre el sexo femenino tiene mayor demanda para los clientes y la mafia, porque eso es lo que solicita el mercado negro. Pero si hablamos de explotación laboral son los niños y hombres adultos entre 18 y 25 años los más propensos a este”, aseguró Páez Pinzón.
Hombres, una población silenciada La trata de personas no es exclusiva de las mujeres. En el caso de los hombres, aunque mucho menos denunciada, ocurre mediante la modalidad de trabajo forzado y reclutamiento forzado, así lo explicó Velosa.
Para Pierre Lapaque, representante en Colombia de la Unodc, la poca visibilización de los casos de trata en hombres también responde a la concepción machista de la sociedad actual.
“Generalmente los hombres son mas orgullosos y no quieren hablar de este tema, tienen un nivel de aceptación más alto que el de las mujeres. Sin embargo, no hay que esconderlo, explotación es explotación y en todos los casos es inaceptable”, recalcó a El Espectador.
«En países latinoamericanos encontramos que en las plantaciones y embarcaciones había casos de Trata para trabajos forzados. Muchas veces los hombres consideran que eso fue mala suerte en el proceso migratorio, y lo otro es que nos hemos acostumbrado a perder derechos. Pero cuando empezamos a mirar los casos nos dimos cuenta de que no fue una estafa y no fue un mal proceso migratorio, sino que había una intención de someter a las personas en la esclavitud”, contó Fanny Polania, consultora internacional en temas de Trata, migración y derechos humanos.
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Contexto histórico
Para que la trata de personas fuera reconocida a nivel nacional e internacional y para que los estados implementaran programas de protección y prevención, las organizaciones sociales y cívicas recorrieron un largo camino.
Desde la época de la conquista española en América Latina se ha hablado de la mujer como un objeto de comercio, pero fue hasta 1904 que se reconoció a la Trata como una vulneración de los derechos humanos, mediante el Acuerdo Internacional sobre Represión de Trata de Blancas de las Naciones Unidas.
En 1949 surgió el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de las Naciones Unidas, que fue adoptado por 72 Estados y que reunía cuatro convenciones, incluida la de 1904. Las otras eran la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Blancas, de 1910, que obligaba a los países a castigar a los proxenetas; el Convenio Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, de 1921; y el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, de 1933.
En diciembre del 2000 se estableció el Protocolo de Palermo, un mecanismo que busca prevenir, reprimir y castigar la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños. “Colombia fue el cuarto país en el mundo en ratificar el protocolo e implementarlo, sin embargo, a las cifras de hoy, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor número de casos después de Brasil”, afirmó Polania.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, las cinco zonas con mayor número de investigaciones por trata de personas son: Antioquia, Bogotá, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca.
Las cifras no cuadran Un informe presentado en 2017 por la organización Women’s Link Worldwide (WLW), señaló que no existen datos unificados en el país. Mientras que el Ministerio del Interior reportó 235 víctimas de trata entre 2012 y 2015, la Fiscalía conoció 908 casos durante el mismo período, de los que solo en 52 hubo sentencias condenatorias.
“Como ha señalado WLW en diferentes informes y reportes desde 2017, es necesario que el Ministerio del Interior haga una verdadera transferencia de conocimiento a los comités regionales, departamentales y municipales de lucha contra la trata para que realmente estén en capacidad de atender a las mujeres y, en general, a todas las víctimas de esta vulneración de derechos humanos. En este momento el balance es desafortunado: las autoridades colombianas no están identificando ni protegiendo a las víctimas de trata”, aseguró Ana Margarita González, abogada de WLW.
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“Por mi experiencia como capacitador en trata de personas, puedo afirmar que existe un desconocimiento significativo de lo que es este delito, y no me refiero solo a la comunidad en general, sino incluso a los funcionarios del Estado. En muchas ocasiones he ido a secretarías de Gobierno y me he encontrado con la sorpresa en la que me solicitan charlas porque honestamente no saben qué es este delito”, aseveró Antonio Páez. La Fiscalía de Infancia y Adolescencia admitió que el Estado no cuenta con los suficientes programas para tratar este delito.
Por su parte, Polania sostuvo que las políticas y procesos que se llevan a cabo en el país no se enfocan en las personas, sino en las estadísticas. “Para la recuperación de una persona que ha sido víctima de trata, el proceso de reintegración en su totalidad no está calculado financieramente y tampoco políticamente. Se desconoce el daño que está causando eso en la sociedad colombiana”.
Para WLW, “los Estados tienen la obligación de brindar protección integral a las personas que han sufrido la trata y actuar diligentemente para prevenirla, además de investigar y perseguir a los autores de este crimen”. Sin embargo, son varias las entidades y los personajes mencionados anteriormente los que concuerdan con que, aunque Colombia sí cuenta con estudios, entidades y campañas que tratan de combatir este delito, todavía queda mucho camino por recorrer en términos de cumplimiento de leyes, conocimiento, credibilidad del Estado y reivindicación a las víctimas.