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Los rumores de financiación irregular por parte de una empresa de capital venezolano y la supuesta compra de votos en el Caribe apoyada por un narcotraficante fueron los dos escándalos que marcaron las elecciones presidenciales de 2018. A Gustavo Petro lo señalaban de recibir dineros de Monómeros y a Iván Duque de un entramado de corrupción electoral en alianza con José el Ñeñe Hernández. Pero en cuatro años la Corte Suprema de Jusiticia y la Fiscalía no encontraron una sola prueba en los dos escándalos y, en la última semana, terminaron archivando sus investigaciones. Así fue como se desinflaron los dos expedientes que hicieron más ruido en las pasadas presidenciales.
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Los dos expedientes tuvieron génesis distintas. El de la empresa de fertilizantes Monómeros -controlada por la estatal venezolana PDVSA- nació por la denuncia de un abogado en Barranquilla, a quien le sorprendió la alta votación de Petro en el Caribe, aunque no presentó pruebas de irregularidades. Mientras que la ñeñepolítica nació por la filtración de conversaciones telefónicas del Ñeñe con María Claudia Daza, asesora política del uribismo, en las que hablaban de “buscar plata por debajo de la mesa”, días antes de la segunda vuelta que ganó Iván Duque en marzo de 2018. Los desenlaces de las investigaciones coincidieron en su conclusión: no hubo delitos.
Monómeros no financió a Petro
El abogado Eduardo Rincón Herrera acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) unos días después de la segunda vuelta. Según él, la alta votación que obtuvo Gustavo Petro en el Atlántico “crea un ambiente de dudas”, a lo que añadía “que una empresa petroquímica, del tamaño de Monómeros, se presta para mover dineros de manera circulante en volumen significativo”. El CNE abrió una indagación preliminar en agosto de 2019 y comenzó a mirar las finanzas de esa empresa, que para entonces había pasado a ser controlada por la Superintendencia de Sociedades, pues Colombia desconoció a Nicolás Maduro, que controlaba PDVSA, como presidente.
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El CNE inspeccionó los libros de Monómeros y de sus filiales en Colombia, pero no halló indicio alguno de lo que advertía el abogado. “Se concluyó que no se evidencia que Monómeros haya realizado aportes de manera directa o indirecta a la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego”, reseñó la Corte Suprema sobre la investigación del CNE, que terminó archivada desde 2020. Sin embargo, el proceso siguió vivo en la Sala de Instrucción de la Corte, en el despacho del magistrado César Reyes. Además de revisar el expediente de la autoridad electoral, el alto tribunal llamó a declarar a testigos y practicó sus propias pruebas.
Entre las personas que pasaron al tablero en la Corte estuvo el propio denunciante. Fue ahí que el caso terminó de desplomarse. En su declaración, el abogado Eduardo Rincón ni siquiera reconoció que había denunciado a la campaña de Petro. Dijo que era un “hecho notorio” que Monómeros había aportado dineros. “Por esa razón puse en conocimiento de las autoridades ese problema, pero no acusé a nadie”, aseguró. Incluso reconoció que no tenía pruebas de lo que había dicho en la denuncia. “No tenía pruebas, ni orales ni escritas, simplemente eran las informaciones que había en los medios”, aseveró Rincón.
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Luego la investigación tomó otro rumbo, porque el CNE encontró, revisando las cuentas de la campaña Petro, que recibió aportes de tres personas que tenían prohibido donar por ser funcionarios públicos. Como le dijo la gerente de campaña, Blanca Durán, a la Corte: “El CNE estaba haciendo una investigación por Monómeros y terminó en unos profesores, no sé cómo”. Las donaciones sumaban $365.000, se hicieron por un aplicativo online, en el que los donantes tenían que declarar bajo juramento que no estaban impedidos para aportar dineros y, en total, el efectivo recibido por ese medio no sumaba ni el 1 % del dinero de la campaña.
Al final, la Corte no tuvo más remedio que inhibirse de investigar formalmente a Petro, pues nunca recibió financiación de Monómeros. “El hecho referido en el escrito de denuncia de Rincón Herrera, en torno a la anunciada supuesta financiación a la campaña de Petro Urrego por parte de una persona jurídica extranjera, no existió”, reza el auto con el que la Sala de Instrucción le puso punto final a esta discusión. Al cabo de unos días, la Fiscalía también archivó la investigación contra Blanca Durán, por los mismos motivos, y en el expediente contra el presidente electo quedó aclarado, por dos instituciones distintas, que jamás recibió recursos irregulares.
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El estrellón de la ñeñepolítica
Luego de que en 2021 la Comisión de Acusación del Congreso y el CNE archivaran la investigación contra Duque por los audios del Ñeñe, restaba que la Fiscalía tomara una decisión con la otra protagonista de esas llamadas: María Claudia Daza, o Cayita. Fue ella quien sostuvo una conversación de más de 20 minutos el 3 de junio de 2018, diálogo que fue interceptado, pues para entonces el Ñeñe ya estaba en el radar de la Fiscalía, y que llamó la atención del investigador que los escuchaba. Un uniformado de la Dijín puso una alerta, que se filtró, en la que aseguraba que podrían estar hablando de compra de votos.
En concreto, porque en una parte de la llamada se escucha al Ñeñe decirle a su interlocutora que tenían que “buscar plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”. María Claudia Daza contestó: “Eso estamos haciendo”, señalando a renglón seguido que ella había “conseguido mil paquetes”. El audio lo escuchó todo el país, luego de la muerte de Hernández a comienzos de 2019, cuando finalmente se supo que, además de sus negocios de ganado, había sido socio del narcotraficante Marquitos Figueroa en La Guajira. La Fiscalía comenzó a investigar a Daza por corrupción al sufragante y financiación de campañas con fuentes prohibidas.
El audio, incluso, llevó a que el expresidente Álvaro Uribe sacara de su partido a Daza, quien por varios años le había manejado la agenda y era de su entera confianza. Por la cercanía del fiscal Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque, hubo llamados a que se apartara de la investigación y que se nombrara un fiscal ad hoc que pudiera determinar si a la campaña de 2018 habían entrado dineros del narcotráfico. Pero antes de que avanzara lo que parecía una edición caribeña del Proceso 8.000, la Fiscalía capturó y les imputó cargos a los investigadores de la Dijín que habían interceptado al Ñeñe, pues concluyó que, en otra investigación, habrían hecho interceptaciones ilegales.
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Entretanto, la investigación de la ñeñepolítica avanzó en silencio. El fiscal del caso escuchó a fondo la conversación entre el Ñeñe y Cayita. “En conclusión, y teniendo en cuenta que la hipótesis delictiva de la presunta existencia de una operación de compra de votos surge por la filtración de los informes del analista de la Dijín, donde este consignó que los interlocutores de la citada llamada estarían coordinando la compra de votos, debe decirse que el contenido de esta interceptación no resulta suficiente, por sí solo, como medio probatorio para inferir la existencia del hecho delictivo, ya que no se advierte acción humana alguna”, dijo la Fiscalía en la decisión de archivo.
También declararon personas muy cercanas al presidente Duque, como su exministra del Interior Alicia Arango; su gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverri, y otras figuras como la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez. De sus dichos, la Fiscalía concluyó: “No se advierte que Hernández o Daza tuviesen una relación formal con la campaña electoral o con el partido que les hubiese permitido gestionar la consecución de recursos, tampoco realizaron aportes o donaciones a la campaña, razón por la cual, por ahora, no existen evidencias que permitan inferir la presencia de recursos de fuentes prohibidas en la campaña gestionados por estos ciudadanos”.
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“Un común denominador en este tipo de investigaciones es que no hay una prueba contundente que ayude a darle sustento al posible delito”, le señaló a este diario Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Pero, añadió, “de fondo, esto es un problema en los casos de financiación ilegal porque, difícilmente en el país, hemos logrado tener algún caso contundente. Hay un déficit grande para materializar casos sólidos de financiación ilegal y esperamos que, en el futuro, la Fiscalía entienda que los hallazgos del periodismo no tienen que llevar la prueba atada. Las autoridades tienen la responsabilidad de tomar esa información y traducirla en investigaciones efectivas”.
Así las cosas, la justicia les puso punto final a los dos escándalos de supuesta corrupción electoral que pusieron en duda, durante años, los resultados de las pasadas presidenciales. Ahora Monómeros ha vuelto a los titulares, pero por el futuro que enfrenta la compañía de cara a un gobierno de Gustavo Petro, y los investigadores que alertaron posibles irregularidades en las llamadas del Ñeñe todavía están en juicio por sus supuestos hechos de corrupción, mientras sus abogados insisten en que todo fue un montaje. Tras cuatro años no hubo pruebas en ninguno que permitieran pensar que se cometieron delitos.
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