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El extenso expediente contra Mario Castaño, quien se encuentra preso en La Picota mientras su proceso judicial avanza, sigue arrojando detalles de cómo el senador electo por el Partido Liberal habría, entre otros delitos, estafado al Estado colombiano. Según lo que ha podido determinar la Fiscalía y la Corte Suprema, El senador sería la cabeza de una organización criminal que se apropió de $43.000 millones de contratos públicos y que presuntamente repartía puestos en entidades de todo el país.
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Uno de los delitos que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le endilga al congresista caldense es el de estafa agravada, pues se trataba de dineros públicos. De acuerdo al documento con el que el alto tribunal definió su situación jurídica, los tentáculos de la red de Mario Castaño se habría adueñado de los dineros destinados al proyecto de la Escuela Taller de Salamina, el cual fue tramitado ante el Ministerio de Cultura.
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Tres fichas de la red de Castaño, advierte la Sala de Instrucció, entre ellas la relacionista pública Nova Lorena Cañón Reyes, habrían hecho lobby ante esa cartera ministerial para que “se obtuviera la viabilización de este proyecto, a cambio de 300 millones de pesos”. Acción que habría sido ordenada por el propio Castaño y de la que él se habría quedado con 50 millones de pesos, de acuerdo con la confesión de la propia Cañón Reyes.
Según el alto tribunal, esa repartición de dineros se habrían hecho entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. “La entrega de los 300 millones de pesos que les correspondían a los lobbistas se dio después de que el director de la Escuela Taller, James Peña, le manifestara que el desembolso de los $2000 millones se hizo”, apunta la Corte, que cita otras pruebas, como llamadas, de que la entrega de esos sobornos se hizo.
Es razonable inferir que el dinero con el que se le pagó su gestión provenía de los fondos del Ministerio de Cultura (…) La gestión de Cañón Reyes en cuanto comisión de éxito pactada porcentualmente sobre el monto total del proyecto (2.000 millones de pesos) estaba sujeta a que este saliera adelante”, señaló la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que ordenó su captura en junio pasado.
De estos 2000 millones de pesos, dice la Corte Suprema, se iban a repartir entre Mario Castaño y los lobbistas que este contrató (Cañon Reyes y otras dos personas). Sin embargo, señala el documento de 365 páginas, los funcionarios del Ministerio de Cultura que viabilizaron el proyecto recibieron una propuesta formal en la que todo este dinero estaba comprometido en actividades culturales y educativas.
“De modo que con este proyecto y su posterior cabildeo por parte de los agentes de Castaño se habría engañado a los servidores públicos que viabilizaron la propuesta y se transfirieran los fondos del Estado a una empresa. Una vez allí, se habrían repartido al sindicado, sus colaboradores y posiblemente otros involucrados”, apunta el alto tribunal.
Para el alto tribunal es claro que Cañón Reyes, en ejercicio de las actividades de cabildeo que fueron ideadas por Castaño, jugó un rol “decisivo y dominante” en que se consumaran los hechos hoy investigados. El senador, dice el alto tribunal, instigó y determinó la comisión del delito de estafa agravada.
En la indagatoria que rindió en la Corte, Castaño se declaró inocente y afirmó que las personas de su círculo se han unido con un fin político, no delictivo; que las gestiones que adelantó para conseguir recursos para proyectos en las regiones están amparados por la ley y que lo hizo “sin esperar ningún tipo de retribución económica, pues su objeto era satisfacer los intereses de la ciudadanía e incrementar su caudal electoral”.
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