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Planta carnívora del trópico, no se sacia este Gobierno: tritura el estómago de su gente y exprime hasta la última gota del erario para llenar los bolsillos del compadraje al mando. Sin dolor. Sin pudor. A carcajada batiente se robarían $500.000 millones de regalías para la paz con destino a los 170 municipios más atormentados por la pobreza y la guerra. Según El Tiempo, se indagan contratos por $750.000 millones en todo el país, con el mismo origen y patrón. Y el presidente, ahí.
Ya su mintic había hecho la vista gorda mientras traficantes de contratos desaparecían $70.000 millones, y hasta el sol de hoy: la ministra saltó a puesto más lucrativo y la plata se esfumó. Con la supresión de garantías electorales, políticos y contratistas devoraron carnosa tajada de los $4,5 billones en los que se calcula el valor de los convenios interadministrativos suscritos. Y, cómo no, la Fiscalía se estrenó engavetando sonoros indicios de aportes del impresentable Ñeñe Hernández a la campaña de Duque. Por mostrarlos, puso tras las rejas a dos agentes del CTI y evaporó el escándalo que, caso análogo, le habría costado la presidencia a Ernesto Samper. Pero en su boato prestado, va el presidente de turismo por el mundo para desdeñar, desde más lejos aún, las penurias del inepto vulgo, agravadas por el asalto de los suyos a los recursos públicos. Pasará a la historia esta tropilla de salteadores acaso como el Gobierno más corrupto que se recuerde.
De la más reciente incursión dan cuenta los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, cuyas revelaciones han conmocionado a la opinión. Apoyada en hechos no rebatidos, sostiene Santos que altos funcionarios de Planeación Nacional, de la Contraloría y parlamentarios conservadores se habrían apropiado dineros del Acuerdo de Paz en coimas y sobornos. Sólo entre junio y diciembre de 2021 se habrían perdido $500.000 millones mientras Luis Alberto Rodríguez era jefe del DNP y Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto. El contralor general, Felipe Córdoba, escribe ella, inventó un control previo que habría obrado como presión para que los alcaldes pagaran las coimas.
Las denuncias emplazan al director de Regalías, Álvaro Ávila, mano derecha de Rodríguez, entonces director de Planeación y candidato en remojo del duquismo a contralor general. Como en remojo para esa bagatela andan casi todos los implicados en el atraco. Vea pues. Dijo Archila haber reenviado a la Fiscalía correos que comprometían a Ávila, pero nunca elevó denuncia formal a la entidad, que permaneció tan indiferente al estropicio como desapercibido el presidente.
Se comporta este Gobierno como un ejército de ocupación sobre la población más martirizada y sobre los recursos públicos. Peor aún, devora a tarascadas los de la paz y hostiliza a su destinatario: las comunidades que desesperan en el hambre, el abandono y la violencia. No ve (¿no quiere ver?) a los asesinos de sus líderes (900 en estos cuatro años) ni las masacres (261), mientras da lora el presidente en el extranjero pintando fantasías. Revela María Bibiana Botero en El Colombiano que antes de la pandemia el 70 % de los hogares de Antioquia soportaban inseguridad alimentaria, que en el Bajo Cauca la cifra alcanzaba 87 % y en Urabá, 86 %. En 17 municipios de este departamento, ocho de cada 10 personas padecían hambre. ¿También se robaron sus fondos de paz?
En su debut como primer mandatario, cooptó Duque la consulta popular de Claudia López, casi 12 millones de votos contra la corrupción, sólo para desaparecerla entre bolas de naftalina; hoy cierra este Gobierno con medalla en corrupción. Si Turbay Ayala propuso reducirla a sus justas proporciones, el aventajado discípulo batió la marca: elevó la corrupción hasta su máxima proporción y la coronó con una felonía: calló mientras se robaban hasta la paz.
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