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Navegar por el río Bogotá hoy es posible, al menos en el tramo que hay en inmediaciones de la calle 80, el cual hoy se puede recorrer en lancha. Si bien el anuncio se hizo este año para mostrar avances en la recuperación del afluente, lo cierto es que aún falta mucho para rescatarlo de la contaminación. Salvar el río es una obligación que recae sobre los 46 municipios ubicados en su cuenca y varias instituciones, por orden de una sentencia del Consejo de Estado (que ratificó en 2014 un fallo del Tribunal de Cundinamarca). No obstante, la tarea no ha sido fácil y se demora. Además de requerir una gran inversión, se necesita coordinación entre todos los involucrados y al menos tres generaciones para devolverle la vida.
Especial río Bogotá
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Esto es lo que se puede proyectar, si se analiza el ejemplo del río Sena, en París, donde se comenzó a hablar de su descontaminación desde los años 60 y solo hace pocos años se empezó a documentar el regreso de especies a sus aguas. O el Támesis, en Reino Unido, sobre el que se iniciaron acciones desde 1964 y en el que aún se trabaja para eliminar plásticos y otros desechos, que hoy vuelven a amenazar la fauna.
En el caso del río Bogotá, aunque se adelantan acciones similares a las aplicadas en ríos europeos, apenas están empezando. En este proceso la CAR ha priorizado la adecuación hidráulica del afluente (del que han sacado más de 8 millones de toneladas de residuos) y la siembra de 85.000 árboles. Pero la apuesta más grande está en la construcción de 20 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en 20 de los municipios sobre la ronda, para descontaminar las aguas negras antes de verterlas al río, proceso que está demorado.
En este punto, vale resaltar que el mayor contaminante es Bogotá, que aporta el 85 % de los residuos que llegan al río. Por esta razón será la responsable de las dos obras más grandes y significativas. Por un lado está la PTAR Salitre, que actualmente opera la primera fase y trata los residuos líquidos de casi 2,2 millones de personas, que viven entre las calles 26 y 200. Pero falta la ampliación, con la que tendrá la capacidad de tratar las aguas negras del 30 % de toda la población.
Aunque esta segunda fase está construida, sigue sin operar, por inconsistencias en la obra y un choque entre la administración y el constructor. Mientras el Acueducto de Bogotá indica que no han recibido la obra por fallas en la prueba de equipos y faltan los planos de funcionamiento, el consorcio encargado de la obra, así como la magistrada Nelly Villamizar (encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado), aseguran que hay negligencia del Distrito y la CAR para recibir los trabajos. Esto sin contar que se han demorado en solicitar a la CRAG la inclusión en la tarifa de aseo de los costos de operación.
La otra megaobra es la construcción de la PTAR Canoas, que se encargaría de tratar el 70 % de las aguas negras de Bogotá y el 100 % de las de Soacha. Allí se tiene prevista la inversión de más de $10 billones. El problema en este caso es que desde que el proceso de contratación se retrasó por pandemia y otros hechos, la puesta en marcha cada vez se ve más lejana. Hoy hablan de 2029.
“Hay muchos problemas e inconsistencias en las PTAR y no muy santas. Además, quieren entregar Canoas en un contrato por concesión, cuando la mejor opción es llave en mano”, aseveró la magistrada Villamizar, de quien se espera un nuevo pronunciamiento frente a lo que ocurre con la obra de la PTAR Salitre, en los próximos días.
Para Carlos Rivera, director del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la U Javeriana, “el río siempre se ha visto como un eje funcional de eliminación de vertimientos agrícolas, industriales y de la ciudad, hasta de generadora eléctrica, pero nunca como un ecosistema, pese a que al menos el 30 % de la ciudad toma agua”, lo que también debería influir en la forma como se sigue utilizando y como se seguirá tratando.
A esto se suman las intervenciones en afluentes adyacentes en la cuenca norte (que se han canalizado, pese a las críticas de estos procesos), así como el tratamiento de los vertimientos ilegales, tanto de industrias como de cueros, cuyo control será parte fundamental de la recuperación.
Por ahora, lo cierto es que, con dificultad, se avanza en la construcción de las PTAR no solo en Bogotá, sino en municipios como El Colegio, mientras desde la Gobernación se plantean acciones en Villapinzón, donde nace el río, pero aún falta mucho por hacer. Aquí la cuestión se centra en el compromiso de los próximos gobiernos para sacar adelante los proyectos estancados, así como el de cumplir la sentencia de la que ya el Consejo de Estado ha dado un excesivo tiempo para su cumplimiento.
Por Mónica Rivera Rueda
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