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A partir de este 28 de julio, tras un fallo que se tardó más de 10 horas con algunos recesos en ser leído y con el que se determinó que el expresidente Álvaro Uribe sí es culpable de haber cometido dos delitos, el país político tuvo un sismo que cargado de polarización le da un nuevo banderazo a la campaña con la que se está disputando el poder en las elecciones de 2026.
La razón es que por segunda vez se atestiguó una decisión judicial contra un exmandatario (la primera se le dictó a Gustavo Rojas Pinilla en la década los 60), quien además es la figura de mayor peso en la derecha colombiana y que de paso ha tenido un innegable impacto electoral en las últimas dos décadas. Por su guiño han pasado, contándolo a él, tres inquilinos de la Casa de Nariño.
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Eso, más allá de las connotaciones jurídicas que la jueza Sandra Heredia sustentó en un fallo de más de 1.000 folios, pone de presente otra vez al exmandatario como un factor decisivo para que el Centro Democrático, su partido, enarbole la bandera de una supuesta persecución política con visos judiciales que debe ser combatida en urnas y retomando el poder.
En la orilla opuesta, la que representa el presidente Gustavo Petro y que va encaminada al intento de reelegir al progresismo, se encuentra la fuerza para decir que la izquierda tiene la necesidad de mantener el solio de Simón Bolívar con el fin de evitar que –según su narrativa– el poder sea posiblemente usado para beneficiar posteriormente a quien este lunes se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente.
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Al ser antípodas, y así se han mostrado en las últimas semanas previas a una decisión judicial hasta ahora inédita, el provecho político y con repercusión en urnas que le pueden sacar al caso tanto Uribe como Petro es determinante para ambas fuerzas.
Y es en ese doble interés electoral que se mueve la decisión de la jueza Heredia. La derecha sabe que tiene que levantar cabeza, pues en estos casi tres años del gobierno Petro, sus militantes no han logrado poner agenda mediática, ser protagonistas de los debates políticos ni frenar las iniciativas oficialistas que se han tramitado en el Congreso, a excepción de la reforma a la salud y la ley de financiamiento. Lo que más preocupa en las bases es que en la carrera electoral para 2026 están aún lejos de la meta y el petrismo va con ventaja.
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Como los uribistas reconocen que el panorama no pinta bien, han estado buscando estrategias con mayor insistencia para que sus aspirantes se impongan en el mapa político. Ya tienen una táctica clara: posicionar el juicio contra Uribe como una persecución política de la izquierda, en la que el exjefe de Estado es la víctima e Iván Cepeda un congresista con intenciones de llegar a la Casa de Nariño para suceder a Petro.
Esto se habló en las últimas reuniones que sostuvieron los políticos de derecha; una tuvo lugar antes de la instalación de la última legislatura en el Congreso y la más reciente fue este fin de semana en Rionegro, donde congresistas, diputados y concejales antioqueños lideraron un plantón por la absolución del ahora condenado, al mismo estilo que otros legisladores lo hicieron en Paloquemao con pancartas y rostros impresos de Uribe.
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Y para reforzar esa versión de ser víctima de un supuesto juicio político, Uribe asistió este domingo –un día antes del juicio– a la eucaristía de la Iglesia de San José en Medellín, donde incluso se elevaron plegarias en su nombre. Las fotos, abrazos y saludos entre el exmandatario y sus simpatizantes estuvieron presentes en la escena.
Como la izquierda también sacará provecho político electoral del juicio, lo que se avecina es una lucha de discursos y versiones de por qué Uribe y Cepeda llegaron a los estrados judiciales para protagonizar uno de los casos más relevantes y vistos en los últimos años en el país y entre ellos dos quién es el bueno, quién el malo, quién la víctima, quién el mártir.
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Además, de este escenario en la derecha se deriva otro asunto. Los precandidatos del Centro Democrático (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra) no han despegado en encuestas, por lo que hay vasos comunicantes con las aspiraciones de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella para tender puentes, lo que haría que las listas al Congreso se reconfiguren también; Cambio Radical podría entrar en esta ecuación.
Y en la otra orilla los análisis electorales de lo que surge a partir de este 28 de julio no son menores. El senador Cepeda quedó proyectado como la persona de mayor visibilidad en la izquierda y el propio presidente Petro ha dicho en algunos círculos privados que lo quiere como su sucesor, aunque él no se ha definido por dar ese paso.
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Tan es así que personas del Gobierno, como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y senadores que buscan el guiño de Petro, como María José Pizarro, salieron de inmediato a reconocer su trabajo durante los cinco años que duró este proceso.
En este punto es clave la consulta que se programó para el 26 de octubre próximo, que es cuando se definirá quién sería el aspirante de la izquierda, un cupo que por ahora han dicho que lo quieren Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Carolina Corcho, María José Pizarro y Gloria Flórez. Y si Cepeda se suma, para lo cual tiene plazo hasta el 26 de septiembre, ese abanico sería agitado.
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Además, como lo dijo este diario en su edición dominical, Petro se juega su capacidad de heredar votos y respaldos, como ya demostró Uribe que fue capaz en anteriores citas a urnas. Por eso, lo que pasó con este juicio es definitivo, porque le mostró a la izquierda que Cepeda estuvo en la capacidad de llevar a un exmandatario al banquillo de condenados y, por el otro, la derecha encontró –y ahora con apoyo de Estados Unidos– cómo enarbolar una bandera que le ayudará a recuperar el espacio que por la falta de visibilidad de sus actuales aspirantes no tenía de cara a las urnas.
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