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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, es como esa casa que queda en pie después de un terremoto. En 1997, luego de huir de masacres y de la guerra por la tierra bananera, centenares de campesinos sin rumbo se plantaron en fincas de la región y se constituyeron legalmente. Eran tierras que fueron abandonadas, justamente, por otros ciudadanos en medio del conflicto. Durante 25 años, estos campesinos desplazados han construido su nuevo hogar en fincas como La Roncona, donde se planta cacao de exportación y el alimento para sus casi 400 miembros. Sin embargo, en el marco de la Ley de Víctimas, paradójicamente, La Roncona está solicitada por otras personas, quienes luego de más de tres décadas buscan su restitución.
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La finca queda a ocho kilómetros de Apartadó. Según el testimonio local, las ruinas carcomidas por la vegetación, durante estos 25 años, fueron transformadas en un predio agropecuario. “Para nosotros ha sido muy importante esta finca, porque nos ha dado la fuerza para poder resistir como comunidad. Allí empezamos con el bananito, exportándolo a Estados Unidos y luego seguimos con el cacao”, le dijo a El Espectador Brígida González, artista y fundadora de la Comunidad. Es miembro de un grupo de campesinos que se declararon neutros contra la violencia en 1997 y que viven bajo sus propias reglas y principios en varios predios, donde ningún actor armado puede entrar.
Durante décadas, la Comunidad ha resistido la violencia en la “mejor esquina de América”. El Urabá: donde las plantaciones de plátano parecen el océano, pero permanecen cultivadas donde han sido asesinados campesinos, sindicalistas y líderes sociales, así como criminales, policías y soldados. Es la salida a Centroamérica, cuyas rutas han sido manipuladas desde los años 70 por el Epl, las Farc, las Auc y, tras la desmovilización paramilitar, los grupos que han conformado el Clan del Golfo. Según la Unidad de Víctimas, de los 747 mil habitantes del Urabá, 504 mil declaran ser víctimas de la guerra. Y en medio de tal panorama, la Comunidad enfrenta un nuevo dolor de cabeza: los procesos judiciales de sus tierras, que sienten como “una afrenta contra su resistencia”.
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En 2018, a la Comunidad llegó una notificación de la Unidad de Restitución de Tierras. Aunque no había detalles, quedó claro que un ciudadano está reclamando La Roncona. Esta Unidad representa a desplazados que buscan que el Estado les devuelva terrenos que perdieron en medio de la guerra. Su trabajo ha permitido casos cercanos, como el de dos familias a las que el año pasado les devolvieron, en Turbo (Antioquia), fincas que estaban en manos del exmagistrado condenado Jorge Pretelt, en un despojo paramilitar. Y ahora, si la solicitud tiene futuro y la Unidad presenta una demanda, los desplazados miembros de la Comunidad podrían perder La Roncona y enfrentarse al Estado en un pleito judicial.
Luego de ello hay tres posibles resultados: pierden La Roncona, lo cual sería un golpe al corazón; los desplazados se quedan en el lugar, el que han defendido en el peor de los contextos, o se demuestra que son terceros de buena fe y la Unidad les otorga un predio en otro lugar de Colombia. “Sería un mensaje nefasto a otras comunidades campesinas que tienen la misma condición y resisten en el territorio”, agregó Brígida González. Una vez la Unidad inició el proceso, la defensa judicial de la Comunidad radicó una demanda paralela en 2018 en la justicia ordinaria. Con ella lo que buscan es que un juez declare que ese terreno es de ellos, pues el dueño legal de la finca se desentendió del predio desde hace más de cinco años. El lío radica en que, por otro lado, ese mismo dueño, Ramón Jaramillo, está pidiendo que la Unidad de Restitución le ayude a recuperar la tierra.
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Ambos procesos han avanzado lentamente. Hasta 2021, en el proceso que inició la Comunidad, el abogado de la familia Jaramillo fue José Augusto Rendón, quien a principios del año pasado fue nombrado defensor regional del Pueblo en el Urabá. Una designación polémica, dado que Rendón ha representado en procesos de restitución a familias vinculadas con expedientes de despojo en el Urabá. Tal es el caso de los opositores Salvador Romero y Luz Marina Maya, a quienes un campesino, con la ayuda de la Unidad de Restitución, les solicita unos predios en Mutatá (Antioquia). El Urabá es todo un trabajo para la entidad: desde 2010 ha recibido 8.561 solicitudes, pero solo ha presentado 900 demandas.
La Comunidad, entonces, no solo deberá demostrar la ausencia de los Jaramillo y cualquier otra persona en el terreno, sino que también tiene que probar que ha habitado y explotado La Roncona de manera pacífica. En ese aspecto llevan la ventaja, pues el predio ha sido zona neutral, resistente a todas las formas de violencia del conflicto. De hecho, de no ser por La Roncona, no hubiesen sobrevivido a los bloqueos económicos entre 1997 y 2004, cuando “paras” sitiaron a los campesinos. Estos patrullaban a la par con soldados de la Brigada 17 del Ejército. Así lo confirma la sentencia de 2019 contra el teniente coronel (r) Orlando Espinosa Beltrán, condenado por la masacre de ocho miembros de la Comunidad en 2005, entre ellos un bebé de 20 meses.
Roviro López, consejero de la Comunidad, no imagina un futuro sin La Roncona. “Para mí significa muchísimo, porque de ahí sobreviví desde niño. Permitió que sobreviviéramos en esos años en los que no podíamos salir ni a la ciudad”, dijo. Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó entre 1995 y 1997, cree que el caso podría ser un gran antecedente en líos jurídicos por la tierra: “Una manera de hacer justicia es que, dentro de los procesos de saneamiento territorial, se les pueda dar un trato justo a los antiguos dueños, pero justo con las comunidades que se protegieron para no morir de hambre y para proteger a los desplazados”. La Comunidad de Paz espera, al final, cerrar el ciclo de violencia con los títulos a su nombre.
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