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Este lunes Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el segundo expresidente condenado por la justicia (el primero fue Gustavo Rojas Pinilla en la década los 60). Un hito que se suma a una vida política en la que, en todo caso, ha acumulado muchas primeras veces. Fue el primero en arrebatarle a los partidos tradicionales los votos de la derecha y llegar a la Casa de Nariño con una candidatura independiente, rompiendo con el discurso pacifista de su antecesor, Andrés Pastrana, y de otros aspirantes de entonces. Asumió la Presidencia cuando tenía 50 años y, en las dos décadas siguientes, se consolidó como un verdadero animal político, con una influencia que ha marcado buena parte de la historia reciente del país. Tanto así que logró poner a dos presidentes: Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, e Iván Duque, su compañero de curul en el Senado.
Decenas de miles de personas se conectaron en tiempo real a escuchar el fallo en primera instancia, que lo condenó por los delitos de soborno en actuación penal en una investigación por manipulación de testigos y fraude procesal. Tan pronto inició, el juicio generó atención masiva. No es nuevo. Desde que llegó al Ejecutivo hace 23 años, Uribe ha despertado apoyos incondicionales y rechazos viscerales. Amores y odios. Sin puntos medios. Y este juicio, considerado por algunos el más importante de la década, ha sido una prueba más de eso: afuera del juzgado, letreros y vallas, en redes sociales, uribistas y antiuribistas disputaron su culpabilidad o su inocencia, no solo por el caso de supuesta manipulación de testigos que comenzó hace más de siete años, sino por las acusaciones de fondo que lo han acompañado durante décadas: su presunta relación con el paramilitarismo.
Las pasiones que despierta hoy Uribe eran difíciles de prever hace unas décadas, cuando ocupar el mayor cargo de elección popular del país era apenas una idea. “Vas a perder estas elecciones. Serás reivindicado por la historia al igual que Churchill, pero no vas a ganar”, le dijo el expresidente liberal Alfonso López Michelsen en una comida en su casa, junto a su esposa, Cecilia Caballero. Era el final del siglo, y Uribe —que había trabajado en la Secretaría General del Ministerio del Trabajo durante el gobierno de López Michelsen— estaba en clara desventaja frente a sus contrincantes para las elecciones de 2002: el liberal Horacio Serpa y la exministra Noemí Sanín. Ambos habían participado en los comicios de 1998, en los que resultó elegido Andrés Pastrana. Aunque a Uribe lo conocían en Antioquia, donde había ejercido varios cargos importantes, según las encuestas nacionales solo la mitad de los colombianos sabían quién era y, en todo caso, solo tenía alrededor del 10 % en intención de voto.
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“Estaba convencido de que Colombia necesitaba comenzar de nuevo en todos los sentidos y decidí postularme por fuera de la estructura del Partido Liberal. Era un riesgo: por varias décadas, ningún candidato había obtenido la presidencia por fuera del bipartidismo tradicional. De hecho, los últimos dos candidatos prominentes que se postularon por fuera de sus partidos políticos habían sido Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán. No ganaron las elecciones y, ya reintegrados a su partido, cuando tenían todas las posibilidades de triunfo, fueron asesinados”, recuerda Uribe en su autobiografía No hay causa perdida. Aun así, le apostó a una candidatura independiente con el movimiento Primero Colombia.
La receta del triunfo de Uribe tuvo varios ingredientes. Por un lado, el fracaso de los diálogos del Caguán, que terminaron con el país frustrado ante una guerrilla fortalecida, y por otro, un escenario internacional marcado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, que puso en el centro el discurso de la guerra contra el terrorismo, la bandera que diferenciaba a Uribe de los otros aspirantes. Pero hubo también una estrategia de comunicación que lo había acompañado desde antes y que reforzaría su identidad política a futuro: recorrer el país, hablar con la gente en las plazas y dejarse entrevistar en las emisoras locales.
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A ese panorama se le sumó una campaña de imagen cuidadosamente construida. Un día, el periodista Germán Santamaría se cruzó en un parque con el entonces candidato y terminó ayudando a montar su campaña visual. Buscó al publicista Carlos Duque, recordado por el famoso afiche rojo de Galán, y juntos se reunieron con la familia Uribe en su finca a las afueras de Medellín. Ambos sabían que, si el proceso de paz con las FARC que lideraba Pastrana fracasaba, Uribe tenía chances reales de llegar a la Casa de Nariño. Ese desayuno fue el telón de fondo de una sesión de fotos que definió la estética de la campaña: la del expresidente con la mirada fija en un punto del horizonte “hacia el futuro” y la mano en el corazón. Al lema “mano firme, corazón grande”, que el candidato repetía en cada aparición pública, lo acompañó esa imagen. Tanto la silueta de la fotografía como el eslogan sobreviven hasta hoy en los afiches del Centro Democrático.
Años después, en 2021, Duque dijo que, aunque como publicista no se arrepiente de haber sido el autor de la “espectacular campaña” de Uribe, como ciudadano “reconozco que me equivoqué votando por él”.
Uribe ganó en primera vuelta el 26 de mayo de 2002 con el 53 % de los votos (5.862.655). Se posesionó 73 días después, y su llegada al poder tuvo el tono que marcaría sus ocho años de gobierno. Ese día, la guerrilla lanzó 14 rockets que explotaron a pocos metros de la Casa de Nariño y del Congreso, justo cuando el nuevo jefe de Estado leía su primer discurso bajo el manto presidencial. El objetivo sobrevivió a lo que terminó siendo un ataque letal para 27 personas que vivían en el barrio El Cartucho. “Nuestro concepto de seguridad democrática demanda aplicarnos a buscar la protección eficaz de los ciudadanos con independencia de su credo político o nivel de riqueza. La nación entera clama por reposo y seguridad. Ningún crimen puede tener directa o ladina justificación”, dijo Uribe ese 7 de agosto.
El tema de la “seguridad democrática” fue el corazón de su tiempo como cabeza del Ejecutivo. Como él mismo ha explicado, las dos palabras eran fundamentales: después de las dictaduras en América Latina, la seguridad se asociaba fácilmente con autoritarismo, y la idea era marcar distancia de esa conexión. En la práctica, la seguridad democrática implicó, entre otras cosas, una expansión significativa de las fuerzas armadas, una estrategia de no negociación con las guerrillas y una exaltación constante del Ejército y la Policía como los grandes héroes nacionales. Ese último punto lo mantiene hasta hoy. En los foros del Centro Democrático con precandidatos en diferentes regiones del país—suspendidos tras el atentado sicarial contra el senador Miguel Uribe el pasado 7 de junio— suele pedir aplausos para la Fuerza Pública, darles las gracias y la palabra. Y es que hasta este 28 de julio, Uribe Vélez estaba recorriendo las regiones mientras decantaba a quién de los entonces cinco precandidatos darle el guiño para aspirar a reemplazar a Petro en la Casa de Nariño.
Una de sus primeras grandes derrotas militares ocurrió en mayo de 2003, cuando, en medio de un plan para liberar al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa —liderado, entre otros, por la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez—, las FARC asesinaron al mandatario regional junto a otros ocho secuestrados, presuntamente por orden de alias El Paisa. Cinco años después, ya en su segundo mandato, su gobierno lo dio de baja. “Teníamos una política en el gobierno: si las noticias eran malas, yo mismo las daba por televisión; si eran buenas, casi siempre pedía a los ministros, generales u otros colaboradores que las dieran. Ese día, el encargado fue el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos”. Con el tiempo, ambos ministros llegarían a lo más alto del poder: Ramírez como vicepresidenta de Iván Duque, presidente electo en 2018 con el respaldo de Uribe, y Santos como sucesor del propio mandatario y luego uno de sus principales enemigos políticos, tras decidir concretar el proceso de paz con la guerrilla en La Habana.
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Desde que finalizó, el gobierno Uribe sigue recibiendo señalamientos por los llamados falsos positivos: miles de jóvenes asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en combate. El escándalo fue consecuencia de la política de resultados militares que, bajo la presión de mostrar cifras de bajas, derivó en ejecuciones extrajudiciales, especialmente de jóvenes de zonas pobres que, bajo promesas de trabajo, eran reclutados, asesinados y luego vestidos con camuflados. Aunque Uribe ha negado haber dado instrucciones para esos crímenes, sectores de la izquierda y organizaciones de derechos humanos insisten en que el ambiente institucional de la época los facilitó. De hecho, el entonces congresista Gustavo Petro se volvió una de las voces más visibles de estas denuncias, al igual que en el caso de la parapolítica.
Desde entonces y hasta hoy, distintas organizaciones han exigido justicia. Una de ellas, MAFAPO —Madres de los Falsos Positivos—, escribió este domingo, la noche anterior al fallo por su proceso con Cepeda: “En un país donde los poderosos hacen tantas maniobras para ocultar la verdad, que condenen a Uribe por lo que sea, es un triunfo para todas sus víctimas. Mañana podría ser el primer día de justicia en décadas. No es por nuestros hijos, pero sí por uno de los crímenes de un hombre que sembró muerte. Uribe podría ir preso. Y nosotras, las madres de MAFAPO, estaremos esperando”.
Una característica en la que coinciden quienes lo conocen de cerca y han trabajado con él ha sido su disciplina. “No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar”, dijo también en su discurso presidencial de 2002. Según él, cumplió su promesa. Pues con excepción de los actos de obligatorio protocolo —como la recepción de jefes de Estado o personalidades importantes—, en la Casa de Nariño no hubo encuentros de carácter social, y los días de descanso se reducían al mínimo. Esa característica se la atribuyen tanto sus cercanos como él mismo a su padre, Alberto Uribe Sierra, ganadero y terrateniente que en su finca lo ponía a él y a sus hermanos a trabajar a la par de los jornaleros.
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Así como en campaña recorrió el país, durante su gobierno mantuvo esa presencia constante en las regiones. Los sábados salía con su equipo a ciudades y municipios para escuchar a autoridades locales y comunidades. Durante horas se discutían los problemas de cada lugar y se buscaban soluciones. Fue la lógica del llamado Estado de opinión, la marca de su administración. El apoyo que tuvo de cara a esa fallida aspiración reeleccionista se sustentó en eso: un gobierno en contacto permanente con la ciudadanía a través de los consejos comunitarios y de los mecanismos de participación.
Más allá de la herencia de disciplina, la figura de su padre también marcó a Álvaro Uribe por su muerte violenta. Alberto Uribe Sierra fue asesinado por las FARC en la finca Guacharacas, en Antioquia, durante un intento de secuestro en el que también resultó herido Santiago Uribe, hermano del expresidente. Uribe Vélez tenía entonces 30 años y para muchos esa pérdida se convirtió en el motor de una postura implacable frente a la guerrilla y el origen de un deseo de venganza que atravesaría su vida política. Él mismo ha reconocido el impacto que tuvo ese episodio.
“Amaba a mi padre y lo extraño todos los días. La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable”, escribió el exmandatario. Aunque niega que su carrera haya estado motivada por un afán de venganza, admite que entiende por qué algunos lo ven así: “En ocasiones se me ha descrito como una especie de Bruce Wayne suramericano […] Dispuesto a hacer pactos con el diablo y a tolerar todo tipo de abusos con el fin de llevar a cabo mi ‘misión’ sin importar el precio […]. Debo admitir que esta interpretación, si bien es falsa, no es del todo irracional si se tiene en cuenta el pasado de Colombia”.
En 2006, Uribe logró otra primera vez: fue reelegido con 7´363.421 de votos. Sin embargo, no fue un triunfo exento de política. Dos años después, estalló el escándalo de la yidispolítica, en el que la Corte Suprema de Justicia determinó que la representante Yidis Medina vendió su voto para apoyar acto legislativo 02 de 2004 que le dio vida a la reelección. De todas maneras, cuando se acercaba las elecciones de 2010, Uribe ya empezaba a trazar el camino para una segunda reelección. No obstante, la Corte Constitucional, con ponencia del exmagistrado Humberto Sierra, le puso freno a sus aspiraciones. El alto tribunal fue enfático que “el resultado de una segunda reelección presidencial, desvirtuaría el principio de alternación”.
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Durante su segundo gobierno, Uribe volvió a llamar a alguien de su pasado para que fuera su ministro del Interior: Fabio Valencia Cossio. Años atrás, en las elecciones a la Gobernación de Antioquia, Valencia —entonces político conservador— denunció un posible fraude que habría favorecido a Uribe, lo que terminó en un cruce de acusaciones y un puño de por medio. A pesar de ese episodio, ambos volvieron a encontrarse en el poder más de una década después. “No me arrepiento porque me encontré con un hombre que de verdad siente a Colombia, es un gran líder y hoy me siento totalmente identificado con su política”, dijo después Valencia sobre el exjefe de Estado.
La vida política antes y después de la Casa de Nariño
Antes de romper con el partido en su campaña presidencial, Álvaro Uribe había sido liberal toda su vida. Se vinculó a las juventudes liberales mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Antioquia, se opuso a los paros liderados por sus compañeros universitarios y defendió la candidatura de Alfonso López Michelsen. El liberalismo también le venía de casa: su madre, Laura Vélez, fue concejal de Salgar por ese partido y llegó a presidir el Concejo. Uribe contaba que desde los cinco años la acompañaba, literalmente de la mano, cuando ella hacía activismo a favor del derecho al voto de las mujeres.
Además de su gusto por la política, Uribe también le debe a su madre parte de sus habilidades de memoria y oratoria. Dice que ella lo observaba como a un general en formación y lo animaba con la lectura de sus poemas favoritos y de líderes como Rafael Uribe Uribe, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo. Con el tiempo, llegó a memorizar varios de sus discursos y versos y pasaba horas recitándolos.
En 1984 fue elegido concejal de Medellín y entre 1986 y 1994, ocupó una curul en el Senado con el aval de esa colectividad, donde defendió proyectos como la Ley 100, que buscaba reformar el sistema de seguridad social. Por esa época conoció a José Obdulio Gaviria, quien más adelante se convertiría en su asesor presidencial y fundaría el centro de pensamiento “Primero Colombia”, dedicado a estudiar y defender el legado de Uribe.
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“José Obdulio llegó a la sede del Directorio Liberal de Antioquia, Sector Democrático, muy a comienzos de 1986, con un grupo de intelectuales de izquierda, contrarios a la violencia, que habían formado parte del Movimiento Firmes. Acudieron a ofrecerme apoyo en la candidatura disidente al Senado. Estaban encabezados por el patricio Gerardo Molina”, contó Uribe en 2013, cuando Gaviria fue incluido en la lista al Congreso del Centro Democrático.
Después de comenzar su carrera administrativa de la mano de Diego Calle como jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, pasó por el Ministerio de Trabajo, en 1977, donde trabajó con Angelino Garzón. En 2014, durante un debate de control político al que lo citó el senador Iván Cepeda por sus supuestos vínculos paramilitares, Uribe contó que en esa cartera lideró el decreto de libertades sindicales. También recuerda haber intervenido en defensa de los pensionados mineros del Chocó, que —según su relato— fueron “estafados por una operación de una transnacional con capital nacional”.
A la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil llegó en 1980 por pedido del entonces presidente Julio César Turbay, tras el asesinato del anterior director, Fernando Uribe Senior. “Me dijo que necesitaba que yo le garantizara que se cumpliría su palabra de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro”, recordó Uribe. Ese compromiso se cumplió dos años después, el 30 de julio de 1982, cuando Turbay aterrizó en el nuevo aeropuerto, una semana antes de dejar el poder. “Le dije al presidente: hágame el honor de que uno de sus últimos decretos sea aceptarme la renuncia. He procurado cumplir”, añadió Uribe.
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Esos años en el cargo estuvieron marcados por el pleno auge del narcotráfico y, desde la Aeronáutica, Uribe impulsó el decreto 2303 de 1981, que establecía que cualquier trámite relacionado con licencias, rutas o registros de aeronaves debía contar con el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Brigada Militar con jurisdicción en la zona. La medida ha sido uno de los principales argumentos del expresidente para defender su gestión en ese sector frente a las acusaciones que han circulado por años.
Uno de los episodios que con más frecuencia ha sido citado por sus críticos para alimentar la narrativa de un supuesto vínculo con Pablo Escobar ocurrió en 1983, tras un ataque de las FARC a la hacienda Guacharacas. En medio de la emergencia, recurrieron a la Cruz Roja para tratar de evacuar a su hermano herido, y el único helicóptero disponible habría estado relacionado con Escobar. Uribe ha negado de manera reiterada cualquier cercanía con el capo del cartel de Medellín, y ha afirmado que el helicóptero estaba registrado a nombre de una empresa legalmente constituida.
En 1982, Álvaro Uribe fue nombrado alcalde de Medellín por el entonces presidente Belisario Betancur, pero solo estuvo cinco meses en el cargo. Aunque circularon versiones que atribuían su salida a supuestos vínculos con el narcotráfico, Uribe ha sostenido que se debió a su oposición al retiro del gerente de EPM, Diego Calle. Tras su renuncia, Betancur le ofreció otro cargo que no aceptó por no ser de elección popular y, en su lugar, fue designado ad honorem como presidente de la Comisión de Paz de Antioquia.
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A la Gobernación de Antioquia llegó en 1995 con 258.284 votos, solo cinco mil votos más que su contrincante, Alfonso Nuñez Lapeira. Y con ese cargo, otro de los señalamientos que lo han acompañan aún: el fortalecimiento de las Convivir, el cual, según sus opositores, desembocó en un aumento de la actividad paramilitar. Uribe ha defendido su actuación sosteniendo que, como gobernador, su papel se limitó a otorgar personerías jurídicas, sin facultad para autorizar operaciones ni ejercer vigilancia, y ha negado vínculos familiares con la Convivir El Cóndor, que operaba en la zona de la hacienda Guacharacas.
Tras dejar la Presidencia en 2010, Álvaro Uribe no se retiró de la política y, cuatro años después, regresó al Congreso como senador, liderando la lista cerrada de su naciente partido. Su retorno fue interpretado como un intento por frenar el Acuerdo de Paz que su sucesor, Juan Manuel Santos, impulsó con las FARC y que Uribe consideró una traición. Desde allí lideró la oposición a ese proceso y al gobierno de quien fue su ministro. En 2018 fue el senador más votado del país -con cerca de 870,000 votos-, y en agosto de 2020 presentó su renuncia como parte de una estrategia política y judicial frente al proceso que aún enfrenta con Iván Cepeda y que lo convirtió en condenado.
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Por Daniela Cristancho
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