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El futuro de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunto fraude procesal y soborno a testigos conocedores de las entrañas del paramilitarismo, depende de una persona: Laura Estella Barrera, jueza 41 de Conocimiento de Bogotá. Este martes, desde las 8:30 a.m., decidirá si el expediente queda archivado y empolvado en alguna bodega, como lo ha pedido la Fiscalía desde 2021 a través de dos solicitudes de preclusión. Barrera podría tomar la decisión contraria y señalar que hay méritos suficientes para seguir investigando a Uribe. En ese caso, sería probable que, a regañadientes, la Fiscalía termine llamando a juicio por primera vez en la historia a un expresidente.
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Los caminos son múltiples y cada uno podría tomarle meses a la justicia para resolver, como pasó con la última solicitud de preclusión, que le fue negada hace un año al fiscal Gabriel Jaimes. Pero si esta vez se decreta preclusión, sería la primera victoria jurídica para el expresidente (aunque las víctimas pueden apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá). Y si no hay preclusión, la Fiscalía designará a un nuevo fiscal, quien de nuevo estudiará todo el material probatorio y repetiría la historia: pedir otra preclusión (la tercera en la era de Francisco Barbosa). Sin embargo, también podría radicar el escrito de acusación y llevar a juicio a Uribe Vélez para que todas las contradicciones y dudas del proceso sean resueltas por un juez.
Lo cierto es que Álvaro Uribe está formalmente imputado por los delitos de fraude procesal y soborno. La teoría del caso que se mantiene vigente es que, a través de emisarios, como el abogado Diego Cadena (que ya está en juicio por uno de esos episodios), presionó a exparamilitares para que hablaran a su favor en procesos judiciales. En total, la Corte Suprema, que arrancó la investigación en su contra y perdió el expediente cuando Uribe renunció al Senado, en agosto de 2020, identificó seis hechos en los que el expresidente habría cometido delitos.
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Varios de ellos están relacionados con presiones de personas cercanas al expresidente, como el abogado Diego Cadena, a testigos que estaban en cárceles del país. Otros tienen que ver con cartas que exparamilitares habrían enviado a la Corte, a favor de Uribe Vélez, pero que, al parecer, no habrían escrito ellos, sino terceros para favorecer al exsenador. Aunque cada uno tuvo patrones diferentes, hay un factor común entre ellos: el alto tribunal encontró que en la mayoría de los hechos, quienes pidieron los testimonios para favorecer al expresidente ofrecieron favores o ayudas para conseguir las declaraciones.
La Fiscalía asegura que ya agotó la investigación y que no tiene cómo irse a juicio con una hipótesis que pueda probar la responsabilidad del expresidente. Esta semana sabremos por qué camino transitará el caso Uribe y, para entender qué está pasando en el caso, El Espectador le explica qué han dicho las partes de este caso y los principales argumentos, de parte y parte, para que el expediente de la historia siga en el limbo.
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¿Qué ha dicho la Fiscalía en el caso Uribe?
El fiscal que sustentó la segunda preclusión fue Javier Fernando Cárdenas, delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Fue elegido por la Fiscalía, luego de que Gabriel Jaimes Durán, su colega y jefe, fracasara en demostrarle a la justicia que el caso se debía cerrar. Cárdenas recopiló el trabajo de su predecesor y continuó con la tarea investigativa para llenar los vacíos que la jueza que negó la solicitud de preclusión le había reprochado a Jaimes Durán. En cuestión de meses, el nuevo fiscal practicó 14 testimonios nuevos, siete inspecciones a documentos, escuchó al presidente Uribe y estudió el voluminoso expediente de la Corte Suprema de Justicia. El 1.° de agosto de 2022, cuatro meses después de la negativa a la preclusión, Cárdenas repitió la historia.
El fiscal presentó la segunda petición formal para cerrar el caso y, durante nueve días, sustentó ante la jueza 41 de conocimiento, Laura Barrera, por qué debe archivar el expediente. Cárdenas lo dijo claro: “Es imposible jurídicamente demostrar que Uribe sea determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular”. En términos jurídicos, lo que el fiscal argumentó es que en este caso existe atipicidad objetiva, un término legal que, en palabras sencillas, significa que no existe ningún delito. Durante su intervención ante la jueza Barrera, que incluyó llamados de atención por problemas en la presentación, Cárdenas repitió varios argumentos ya hechos por Jaimes y reiteró, una y otra vez, que no hay nada ilegal para investigar.
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En concreto, según la Fiscalía el expresidente Uribe nunca buscó a testigos para que cambiaran su versión ni tampoco ofreció beneficios para que se retractaran. Lo único que hizo, explicó Cárdenas, fue pedir que dijeran la verdad. Sobre las pruebas que reposan en el expediente que mostrarían que el abogado del expresidente, Diego Cadena, ofreció dádivas para que exparamilitares cambiaran sus testimonios a favor de Uribe Vélez, el fiscal señaló que no hay pruebas para asegurar que esos sobornos ocurrieron ni mucho menos que el expresidente sabía de ellos. En contraste, el abogado Cadena está en juicio, supuestamente, por ofrecer esos beneficios.
Según la Fiscalía, en las pruebas que practicó la Corte Suprema también hubo errores. Uno de los más importantes es que, según afirmó Cárdenas, uno de los principales testigos, Juan Guillermo Monsalve, nunca fue miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo que su relato en la investigación no tenía ningún sustento. Para el fiscal, al no haber pertenecido a la organización criminal, no era un testigo fiable en contra del expresidente de supuestos vínculos con paramilitares. Al no ser un testigo, no se configura el delito de soborno en actuación penal. Javier Cárdenas concluyó su intervención explicando que agotó “todos los medios de conocimiento” y a la jueza Barrera le confirmó que no tenía elementos para llevar a juicio al expresidente.
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¿Qué dicen las víctimas en el caso Uribe?
El senador Iván Cepeda es representado por el abogado Reinaldo Villalba, quien ha considerado las dos solicitudes de preclusión como “temerarias”. Para él, ambas peticiones, en lugar de cerrar el proceso, buscan demostrar la inocencia de Uribe Vélez. Esto sería injusto para Villalba, dado que la Corte Suprema de Justicia, que investigaba al expresidente antes de su renuncia al Congreso, dio por concluida la investigación y tenía tal material probatorio que, bajo su consideración, era necesario mantenerlo preso en su casa. según Villalba, el fiscal Cárdenas “ocultó a los ojos del despacho que se produjeron ofrecimientos e instigación para que los testigos faltaran a la verdad”.
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Durante su intervención en la última audiencia, Villalba consideró que la Fiscalía debía avanzar con el escrito de acusación y llevar a juicio a Uribe, pues Cárdenas no cumplió con los lineamientos para respaldar su solicitud de dar por cerrado el caso. Además, argumentó que el trabajo del fiscal Cárdenas habría sido insuficiente a propósito. “Evidentes fueron los precarios y superficiales cuestionarios que la Fiscalía, en el trámite de las dos preclusiones, realizó a los testigos. Sin contrastar sus dichos, sin advertir sus incoherencias y contradicciones, asumiendo una actitud complaciente y consentidora con los interrogados, emitiendo preguntas dirigidas a obtener las respuestas deseadas”, explicó Villalba.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel del Río, que defiende los intereses de Deyanira Gómez, víctima reconocida y exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, coincidió con la postura de la defensa del senador Cepeda. “Esta solicitud de preclusión parecía más un juicio que otra cosa. El debate natural que se hizo en esta instancia fue solo un desgaste. Estamos convencidos de que la Fiscalía ha actuado como defensora del imputado y no como representante de las víctimas, que sería el papel natural por parte de la Fiscalía”. Las víctimas consideran que el fiscal Cárdenas, como ya lo había hecho Gabriel Jaimes, omitió mencionar pruebas y contradicciones de los testigos.
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En consecuencia, para ellas, no queda duda de que esos vacíos en los testimonios y en esta historia judicial se deben resolver en juicio. Por último, el exfiscal Eduardo Montealegre explicó que, si él fuese el jefe del búnker en este momento, de ninguna manera hubiese apoyado la preclusión: “Las evidencias de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe y toda la prueba que tiene la Fiscalía es contundente para demostrar la existencia de presuntos sobornos y fraude procesal. Nosotros no hemos tenido ningunas garantías como víctimas. Por el contrario, a pesar de las montañas de evidencias que existen contra Álvaro Uribe, no nos hemos visto representados en la Fiscalía. Por disposición constitucional, la Fiscalía es teóricamente representante de las víctimas en el proceso penal”, concluyó.
¿Qué dice la defensa del expresidente Uribe?
Desde que comenzó esta novela judicial, la defensa de Uribe Vélez ha estado a cargo de dos pesos pesados del derecho penal: los abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana Villalba. Ambos juristas intervinieron ante la jueza Laura Barrera para apoyar la petición de la Fiscalía de cerrar la investigación en contra del expresidente. Fueron los últimos en intervenir, después de que la Procuraduría también pidiera el cierre del caso. Los penalistas insistieron en la premisa que ya habían defendido cuando la Fiscalía pidió por primera vez la preclusión del expediente: que a Uribe Vélez se le violó su derecho a defenderse y que todo lo que hizo fue para que los testigos dijeran la verdad.
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Granados Peña le dijo a la jueza Barrera que la Corte Suprema, cuando abrió la investigación contra el expresidente (2018), no le permitió a su cliente defenderse como era debido. Puso en evidencia que, a pesar de que se lo pidieron al alto tribunal, siempre le negaron el acceso a material probatorio y que, aunque le pidieron que les explicara si Uribe tenía una investigación en su contra, la Corte nunca contestó. “Se le ocultó deliberadamente una investigación en su contra, pese a intentar ejercer proactivamente una defensa, todo dirigido a aplicarle las máximas del modelo estalinista del modelo penal del enemigo”, señaló el abogado, que insistió en la teoría de la Fiscalía: no hay pruebas para investigar a Uribe.
Al igual que el fiscal Cárdenas, la defensa del expresidente sostuvo que Uribe solo buscó que los testigos en su contra contaran la verdad y jamás ofreció ninguna dádiva a cambio de que cambiaran sus versiones. Y, como otra coincidencia con la Fiscalía, Granados señaló que, como no existía evidencia de que el testigo Monsalve hubiera pertenecido a las AUC, todo lo que él dijera debía tomarse con reserva de inventario. La defensa de Uribe agregó que muchos de los testigos en su contra se contradijeron en sus versiones y recordó que el expresidente buscó, a través de su cuenta de Twitter, a personas que lo ayudaran a esclarecer la verdad.
Por su parte, Jaime Lombana insistió en la principal teoría de la Fiscalía: que en este caso no hay delitos qué investigar. Y, después de citar a filósofos y expertos del derecho penal, aseguró que a Uribe se le ha querido llevar a “la hoguera judicial” sin ninguna prueba. Jaime Granados concluyó así la intervención de su defensa: “En el caso que nos ocupa resulta evidente cómo se ha recurrido por parte de los acusadores particulares que fungen como alegadas víctimas al método de estigmatizar al ciudadano investigado, como lo llaman de manera clara, elocuente: el imputado, ¡presentándolo como culpable de los más horrendos crímenes!, los cuales, además, como bien lo saben ellos, desbordan el marco fáctico de la imputación”.
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