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Esta semana el sistema Transmilenio (TM), junto a la secretaría de Seguridad y la Policía puso en marcha un plan de descongestión en el túnel del Ricaurte, cuyo principal movimiento fue retirar a los vendedores informales que a diario comercian toda clase de artículos que hacían de este lugar todo un bazar. Así lo fue hasta el lunes, día en que empezaron las intervenciones retirando a más de 110 vendedores y vendedoras de este túnel, lo que provocó dos días consecutivos de protestas y una tropa de la UNDMO enfrentando a estas personas al interior del túnel. Algunos se encadenaron a las barandas y la tensión escaló hora tras hora, hasta que se acordó abrir una mesa de diálogo que se celebró este 31 de octubre.
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Mientras se llevaba a cabo la reunión, por el túnel del Ricaurte no se estacionó ningún vendedor. Algunos ciudadanos celebraron la puesta en marcha del plan, pero otras personas como Olga Aurora Rodríguez, de 46 años, lleva 4 años trabajando en el túnel, pero ya completa 17 años ganándose la vida vendiendo helados y bebidas, lamenta que las cosas se den de esta manera. Para ella estos tres días de no laborar en el túnel representó un golpe duro, además de sentir una fuerte discriminación.
A los vendedores les avisaron desde el domingo que iniciarían unos operativos, a pesar de que desde la aprobación del Plan de Desarrollo de Carlos Fernando Galán, se sabía que el Distrito tomaría acciones directas en Transmilenio. Así sucedió, y el lunes comenzó el “desalojo”; el martes a Olga la montaron en el primer bus que pasó, argumentando que no podía permanecer en el túnel. “No esperaron a que pasara el Transmilenio que me servía para ir a mi barrio. Velo por un hijo de 29 años discapacitado de por vida. Estos días he tenido que rebuscarla en los buses que van a Soacha, pero la gente no ayuda, solo algunos. Yo me la guerreo para pagar el arriendo, este es el único trabajo que tengo”, contó a este diario.
El miércoles la situación se caldeó en el túnel y algunos vendedores terminaron apaleados en medio de la reacción de la UNDMO a su protesta. Entre ellos, Armando Suárez, líder que está representando a los vendedores informales en la mesa de diálogo con el Distrito, conformada por representantes de Transmilenio y el IPES, secretarías de Gobierno y entidades como Personería y Defensoría del pueblo. Esta mesa terminó en una prolongación más de la respuesta que ansían los vendedores.
“Para nosotros cada día es importante y tenemos muchos colegas esperando. Nos dicen que el martes nos darán una respuesta sobre las alternativas, muchos quieren salir a bloquear porque la necesidad es grande”, señaló Suárez.
Transmilenio añadió en un comunicado: “En trabajo articulado con el IPES, entidad encargada de la atención a esta población, hemos divulgado las diferentes ofertas y opciones que el Distrito tiene a disposición de los vendedores informales. Adicionalmente, es importante recordar que el Artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que “obstaculizar o impedir la movilidad o el flujo de usuarios en estos sistemas” es un comportamiento contrario a la convivencia y acarrea una multa tipo 1″, puntualizó.
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Al final del túnel
En Ricaurte el flujo de personas puede llegar a los 75.000 diarios, en Jiménez la cifra es similar. Aunque el plan es criticado por sectores de oposición a la administración Galán, que ven en esto una segregación a la población de vendedores informales, según Transmilenio el plan se aplica ahora porque existe un riesgo “inminente” en esta temporada de fin de año. Así lo explicó Natalia Tinjacá, directora técnica de seguridad de Transmilenio, que ratificó que la estrategia va firme, al menos iniciando en los túneles de Ricaurte, en donde trabajan cerca de 110 vendedores(as) y Jiménez, con poco más de 20. En ambos, en esta época de octubre a diciembre, hay un alto flujo de personas que vienen y van con compras que vienen de San Andresito o San Victorino.
“Los túneles en el sistema tienen mucho mayor riesgo para los usuarios que se transportan en Transmilenio. Esto porque hay alto flujo de usuarios, hay poco aire y aglomeraciones, son espacios confinados de alto riesgo. Lo que queremos es garantizar el flujo. Estamos aplicando con gran fuerza y decisión nuestro manual de usuario. También estamos moviendo los locales fijos que están en estas zonas”, dijo a El Espectador. Añade que dentro de la seguridad de este túnel se han atendido episodios como vendedores de alimentos con pipetas de gas y menores de edad.
Quena Ribadeneira es una de las concejalas de la oposición que cuestionó la postura de la administración: “Queda claro que los vendedores informales para Galán son un estorbo, no hay voluntad de diálogo. Aunque Transmilenio argumenta que es un procedimiento para evitar riesgos, la realidad es que fue un operativo para retirar vendedores sin cumplir con los requisitos del Decreto 098 de 2004. El 90 % de los vendedores de la estación Ricaurte ni siquiera tienen caracterización. Entonces, ¿cuáles fueron las ofertas institucionales ofrecidas?”.
El IPES, entidad que debe abrir la oferta para esta población, indicó: “El IPES mantiene su compromiso de apoyar a los vendedores informales por medio de rutas de formalización y alternativas seguras. Desde el Instituto se ha enfatizado en la importancia de crear condiciones dignas para los comerciantes, ofreciendo alternativas de reubicación en espacios autorizados y promoviendo el diálogo como principal herramienta de resolución de conflictos.”.
Para los vendedores esto suena a “pañitos de agua tibia”. “Los que llevamos años en esto, ya nos cansamos de presentarnos en el IPES y nunca encontrar respuestas válidas estando registrados y solo ofrecen cursos o puestos en plazas de mercados de poco afluencia y pagado arriendo”, nos dijo un vendedor.
Alejandro Rivera, exdirector del IPES apunta que, si bien el manual de Transmilenio prohíbe las condiciones de venta informal en las estacione “los vendedores están cobijados por la Corte Constitucional. Hay un proceso para estos desalojos en los que se les brinda alternativas. Aquí hay que aplicar el diálogo y aplicar la política pública que está para los vendedores informales para los siguientes años. Uno entiende que hay inseguridad pero los vendedores no son ladrones, son personas que han salido a buscar su sustento y les alcanza apenas para vivir, por eso están protegidos por la corte”, explicó a este diario.
El siguiente paso de intervención será la estación de la Jiménez en donde además de restringir el paso a artículos de gran tamaño y la permanencia de vendedores en los túneles, se van a retirar los negocios colaterales al túnel de manera permanente. Sobre si esto se hará en otros portales en donde haya presencia de vendedores, la directora señaló: “Quisiéramos tener toda la capacidad para hacerlo, pero por ahora lo haremos en estas dos estaciones”.
En todo el sistema Transmilenio se estima que trabajan 4.000 personas, y si sumamos a sus familias, suman 12.000 personas que de alguna manera viven de la venta informal en el transporte. No obstante, el IPES tiene registrados 98.000 en el Registro de Vendedores Informales (RIVI). Y los ánimos ya están caldeados por lo que ocurre en Ricaurte. Los líderes calman la paciencia del gremio pero nuevas protestas se barajan en este tire y afloje entre vendedores informales y un Distrito que no dará vuelta atrás en su empeño por desocupar los túneles y espacios de Transmilenio.
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Por Juan Camilo Parra
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