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El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón de Jesús Jesurún Franco, busca ante el Consejo de Estado tumbar una multa de $18.000 millones que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso en 2020 por liderar, junto a otros miembros de la dirigencia deportiva, un cartel de reventa de boletas durante las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El expediente se está moviendo a tal punto que la Sección Primera del alto tribunal se dispone a fallar sobre este millonario expediente en el que, además de Jesurún también está involucrado Álvaro González Alzate, ejecutivo de la federación que lleva tres décadas en el negocio del fútbol profesional.
El proceso llegó al Consejo de Estado en noviembre de 2022, cuando los dirigentes deportivos presentaron una apelación a lo ordenado por la SIC. El recurso entró al despacho del magistrado Pedro Pablo Munevar en enero de 2023 y, en octubre de ese año, el consejero aceptó el recurso. Fuentes cercanas al expediente señalan que en este momento el alto tribunal está en la recta final para emitir una sentencia. Además de la solicitud de Jesurún para tumbar la multa, la alta corte también analiza el fallo de primera instancia, emitido en 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dejó en firme la sanción de la SIC que encontró los pormenores y protagonistas del mencionado cartel de reventa de boletas de fútbol.
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En la apelación de 24 páginas que presentaron los sancionados Jesurún y González hace un breve resumen sobre lo que ha sido el caso que puso bajo la lupa a la dirigencia del fútbol colombiano. En agosto de 2017, hinchas de la Selección nacional alertaron sobre irregularidades en la venta de 6.000 boletas para el partido Colombia vs. Brasil de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Tras una investigación de la SIC, la entidad demostró que las entradas nunca estuvieron disponibles y fueron revendidas a precios exorbitantes, luego de una alianza entre las empresas TicketShop, TicketYa y la Federación, encabezada por Jesurún y Luis Bedoya, testigo estrella en el caso de Fifagate.
En primera instancia, el Tribunal señaló que tanto Jesurún, González Alzate y Andrés Tamayo Iannini, asesor jurídico de la Federación, “participaron en los actos de favorecimiento para la adjudicación del contrato (que terminaron en la reventa de boletas). Fueron parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya información terminó siendo conocida por Ticket Ya y Ticket Shop”, explicó el Tribunal en noviembre de 2022. En su recurso de apelación, los directivos del fútbol reiteran los argumentos que presentaron en primera instancia para tumbar la sanción de la SIC, entre ellos, uno muy particular: que la teoría de la SIC sobre su participación en el carrusel es “una visión fantástica”.
Además, señalaron que no participaron en el cartel de reventa, ya que, en resumidas cuentas, no tuvieron que ver con el manejo de las boletas. “De semejante falacia se quiere conformar una especie de conspiración entre las citadas empresas para desviar y vender las boletas a precios especulativos sin importar que en la motivación de la sentencia le impute al demandante la falsa manifestación de que la Federación suscribió el contrato de cuentas en participación. Por ello es totalmente falsa esa afirmación que hace parte de la motivación de la sentencia impugnada”, dice el abogado Pablo Julio Cáceres Corrales, representante de la dirigencia deportiva.
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También agregó que la decisión de adjudicar ese contrato a Ticket Shop fue una decisión tomada por la mayoría de la dirección ejecutiva de la Federación y que está se basó en el estudio de todas las propuestas formuladas, entre ellas, las de Primera Fila, TicketShop, Comercializadora de Franquicias SA, Tuboleta, Colboletos, Ossa y Asociados SA y TuTicket. “La Federación tenía la autonomía de elegir. La sentencia (del Tribunal) sostiene que la escogencia de Ticket Shop es contraria a los estatutos legales de protección de la libre competencia y al consumidor, porque su oferta no era la mejor. Por ello, el fallo desconoce uno de los principios de la ley colombiana: la autonomía de la voluntad en la propiedad privada”, se lee en la apelación.
Sin embargo, lo que dice la investigación es que la venta fue irregular, incluso, hinchas se quejaron porque la boletería se agotó en menos de 10 minutos y quedaron en manos de revendedores. A raíz de las quejas de los usuarios, la SIC descubrió el entramado ilegal y, posteriormente, logró que los directivos de Ticketshop, César Carreño e Iván Arce, aceptaran las irregularidades y se convirtieran en delatores del cartel de reventa de boletas. De acuerdo a sus declaraciones, el personaje central de la trama resultó ser Rodrigo Rendón Cano, expresidente del Real Cartagena, quien lideró las actuaciones de Ticket Ya junto a sus amigos.
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Según los delatores, Rendón, quien falleció en 2019, manifestó que tenía asegurado el contrato de la boletería, incluso antes de que se hiciera público el proceso de contratación. Una de las aristas de este expediente es que los empresarios de las boletas actualmente son procesados penalmente por su participación en el cartel de reventa de boletas, mientras que las investigaciones penales contra Jesurún y González Alzate no avanzaron durante la administración de Francisco Barbosa. En febrero de 2024, la revista Cambio señaló que durante ese cuatrienio, el ente investigador cerró un proceso contra Luis Bedoya, expresidente de la Federación, por presunto lavado de activos.
Por ahora, el único frente judicial que tienen pendiente Jesurún y González Alzate, dos pesos pesados del negocio del fútbol, está en el despacho del magistrado Pedro Pablo Munevar, quien será el encargado de presentarle a sus colegas un proyecto de fallo para resolver si los sancionados por la Superintendencia tienen que, sí o sí, pagar la millonaria suma de $18.000 millones y quedar en los expedientes judiciales como dos de las cabezas que participaron de un cartel de reventa de boletas en el fútbol colombiano.
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Por David Escobar Moreno
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