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Este fin de semana, Sergio Luis Castro se convirtió en el líder social número 66 en lo que va corrido de 2023 en ser asesinado, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). La violencia contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos en Colombia es una de las principales problemáticas sistemáticas que se siguen presentando desde que en 2016 se firmó el Acuerdo de paz entre la otrora guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. Especialmente entre 2022 y lo que va de este año, la violencia letal contra estas personas ha sido la más alta desde la firma del acuerdo, según las cifras de la Defensoría del Pueblo.
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La fundación Paz y Reconciliación (PARES) lanza hoy un informe en el que da cuenta de cómo aumentó la violencia contra los distintos líderes sociales en 2022 hasta la fecha, las dinámicas y contextos en que ocurre y los actores armados que la propician, dentro de los cuales se incluye a la Fuerza Pública. De acuerdo con lo recopilado por PARES, este aumento en la violencia se dio en medio de una convulsionada lucha por la Presidencia de la República, cuyo ganador fue Gustavo Petro.
El eje central del gobierno de Gustavo Petro, dicho por él mismo, es la “paz total”, iniciativa con la que pretende terminar el conflicto armado en Colombia. Con esta propuesta, respaldada por la puesta en marcha del Plan de Emergencia para la Protección a Líderes y Lideresas Sociales, Personas Defensoras de DDHH y Firmantes de Paz, se esperaba que la violencia contra estas personas, pero a nueve meses de la llegada al poder de Petro, las acciones violentas no merman. De acuerdo con el informe de PARES, 2022 cerró como uno de los años más violentos en materia de asesinatos contra líderes y lideresas sociales. El documento presenta cifras del Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), que dan cuenta de que el año pasado hubo 180 víctimas mortales, “constituyéndose en el segundo año más violento para ejercer el liderazgo social desde la firma del acuerdo de paz, solo detrás del año 2020 donde se presentaron un total de 223 casos”.
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De acuerdo con el informe de la fundación, el alto número de homicidios contra líderes y lideresas sociales en 2022 está relacionado con “la continuidad de unas políticas de seguridad ineficientes en los territorios para la protección de los líderes y lideresas, y la falta de mitigación de factores de reproducción de la violencia política”. También, el documento resalta que hubo un aumento significativo en algunos meses del año pasado, los cuales coincidieron con hechos como el paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en febrero de 2022 y el paro armado del Clan del Golfo en mayo de ese mismo año, motivado por la extradición a Estados Unidos de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.
En los primeros tres meses de 2023, hubo una aparente disminución en la violencia contra líderes y lideresas sociales en el país. Sin embargo, en abril de este año el asesinato de 20 líderes y lideresas elevó la cifra a un pico que no se veía dese octubre de 2022, según muestra el documento. “Abril implicó un aumento de los casos en cerca del 50% con respecto a los meses de enero y febrero, y de un poco más del 25% con respecto al mes de marzo. Esta alza terminó equiparando las cifras presentadas en el año 2022, en las que se presentaron un total de 60 hasta el mes de abril. A corte de esta misma fecha, el presente año registró un total de 58 afectaciones por este fenómeno”, señala el informe de PARES.
Distribución territorial de la violencia contra líderes y lideresas
La violencia contra estas personas, de acuerdo con lo que encontró la fundación en su investigación, se presentó en 29 de los 32 departamentos del país, sobresaliendo en zonas como Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. Según indica el documento, “estos seis departamentos fueron epicentro del 60% de toda la violencia contra estos defensores de derechos humanos a nivel nacional”. De estos seis lugares, el que mayores cifras registró, dice PARES, fue Cauca, con un total de 26 homicidios distribuidos en 16 municipios, concentrándose especialmente en Santander de Quilichao y Buenos Aires. Después le sigue Nariño, con 19 homicidios de líderes y lideresas sociales, cometidos en 11 municipios distintos.
Las víctimas y sus agendas
El informe de la fundación resalta que los liderazgos más afectados entre 2022 y lo que va de 2023 han sido los comunales y los indígenas. “Entre estos dos se compone el 56% del total de casos que se presentaron el año pasado”, dice el documento, que también sostiene que “una de las razones por las cuales los líderes comunales sufren más este flagelo se debe al rol fundamental en el direccionamiento de espacios consolidados como las JAC” y que “muchas veces el papel de incidencia de estos líderes es visto como contrario a los intereses de los grupos armados”.
Por otra parte, señalan que en los liderazgos indígenas, quienes “más se vieron afectados por esta dramática situación fueron el pueblo Awá, quienes constantemente durante el año pasado denunciaron prácticas de exterminio contra su comunidad e hicieron insistentes llamados a la institucionalidad para su protección”. PARES resalta que aunque el pueblo Awá ha sido el centro de varios escenarios estigmatizantes, “esta situación se ha acentuado en los últimos años, como lo advierte la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo 045 de 2019, donde se dedica especial atención a la situación de riesgo de esta población”.
Responsables y presuntos perpetradores
La fundación señala que hasta el momento solo existe una presunta responsabilidad en 52 de 239 casos registrados en 2022. El informe también hace énfasis en que en la violencia y los homicidios contra líderes y lideresas sociales es complejo de determinar cuál actor perpetró los hechos. “De unos años para acá la modalidad que se ha impuesto es el sicariato, en otras palabras, que personas encapuchadas llegan al lugar en el que se encuentra la víctima, disparan con armas cortas y huyen de la escena del crimen. Esto ha generado dos cosas: por un lado, que sea más difícil determinar la responsabilidad de un actor armado en lo ocurrido; por el otro, que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación apunten a encontrar a los autores materiales del hecho, pero no investiguen a los autores intelectuales”, afirma PARES.
¿En qué va el plan de emergencia de Petro?
La llegada de Gustavo Petro al mayor cargo político de Colombia, dice el informe, ayudó a que se diera un giro en la política de paz y seguridad, y dispuso desde el primer momento un plan de choque para la protección de líderes y lideresas sociales en los distintos territorios. Dice la fundación que el actual gobierno “contempló una visión más integral de los escenarios de protección de los líderes y lideresas sociales, incorporando instancias del Acuerdo de Paz, componentes de protección colectiva, así como acciones de impacto simbólico concernientes a la desestigmatización y la transformación de imaginarios”, lo que permitió “la formulación de una política de protección con un enfoque de género, étnico, etario y territorial para el entendimiento de los protocolos de seguridad a partir de las dinámicas en los territorios”.
Por otra parte, de acuerdo con el documento de PARES, el gobierno Petro retomó mecanismos e instancias que se crearon con el Acuerdo de Paz de 2016, como la Comisión Nacional de Garantías para la seguridad (CNGS), el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio del Trabajo (SISEP) y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP). Estas entidades, además, fueron articuladas con varias carteras como la del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
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A pesar de todo esto, reconoce el informe, “desde la fecha de posesión del gobierno Petro hasta el momento se han presentado un total de 128 homicidios. Es decir que los índices de violencia contra esta población se han mantenido y no presentan mayores variaciones en la tendencia”. También, indica que en lo que va del 2023 se han presentado un total de 58 acciones letales contra líderes y lideresas sociales.
A un poco más de la mitad del primer año de Gobierno, dice el informe, ya se puede hacer una evaluación sobre la efectividad de las acciones que ha tomado el Ejecutivo para la protección de los líderes y las lideresas sociales en el país y de la misma manera replantearlas. Según el documento, un reto que tiene la actual administración es “ver el problema de violencia contra líderes y lideresas sociales no solo desde un componente de seguridad física o con medidas reactivas, sino también desde un componente simbólico de des-estigmatización”. Las acciones para el reconocimiento a la labor de estas personas y enfocadas a superar la estigmatización, dice PARES, no se llevaron materializaron ni en los primeros 100 días de Gobierno ni en el tiempo posterior.
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