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Reformar el mercado laboral colombiano no es un asunto sencillo. Ya lo anunciaba la misión de empleo (que se adelantó en el Gobierno pasado) cuando dijo que reparar sus problemas más profundos necesitaría no solo una, sino varias reformas que podrían tomar años.
Un buen comienzo, recomiendan los expertos, sería sentar las bases sobre las cuales empezar a construir, tal vez arrancando por los problemas más urgentes. Para Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, parte de los temas prioritarios se concentran en la informalidad y el desempleo.
En esta materia, las más recientes cifras entregadas por el DANE muestran que la informalidad sigue reinando en el país, pues casi seis de cada 10 trabajadores laboran bajo esta modalidad; a la vez que conseguir trabajo sigue siendo un tema complejo, pues la tasa de desempleo se ubica en 10 %, lo que se traduce en que 2,54 millones de personas están desempleadas y más de 14 millones están por fuera de la fuerza laboral.
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Sin embargo, la laboral no es una reforma que tenga estos temas como protagonistas. Según la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, la propuesta del Gobierno no pretende generar empleo, sino más bien mejorar la estabilidad de los trabajadores (de allí que incluya la denominada estabilidad reforzada), su remuneración (con mayores recargos en jornadas nocturnas, festivos y dominicales), así como licencias, el favorecimiento de la lucha sindical y el derecho a la huelga.
Es por lo anterior que expertos como el abogado laboralista Víctor Julio Díaz, quien es socio fundador de la firma Díaz Daza & Solano SAS, coincida con la idea de que esta es una reforma inoportuna e inconveniente, pues “las normas que regulan el trabajo deben ser discutidas teniendo en cuenta el momento histórico, político y social del momento. Colombia aún no ha salido de la crisis del covid-19, la cual destruyó empleos que todavía no se han recuperado”, detalla, al agregar que el panorama macroeconómico del país (con la inflación disparada, las altas tasas y otros elementos) complejiza el que las empresas puedan asumir estas nuevas cargas relacionadas con la contratación formal.
“La reforma debió estar dirigida a crear y fomentar el empleo, no en establecer más cargas laborales que se podrían conseguir en un momento político y económico distinto”, añade.
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Y es que hace unas semanas un análisis del Banco de la República informó que si se aprueba la reforma, tal y como la presentó el Gobierno Nacional, se podrían eliminar unos 454.000 empleos formales. Vale aclarar que acá que el mismo documento precisa que para su estudio no se tuvo en cuenta algunas variables que podrían afectar la cifra, debido a que la ponencia radicada hizo varios cambios, como proponer que la jornada nocturna se inicie a las 7:00 p.m. y que la aplicación de los recargos a los dominicales y festivos, así como las licencias por paternidad, sean progresivos.
Desde el Observatorio Laboral de la U. Javeriana se estima que, por el encarecimiento de la contratación formal, se podrían presentar varios escenarios. El primero es que las grandes empresas asuman estos incrementos, pero trasladando el alza al precio de sus productos y servicios (lo que sería una presión adicional a la inflación); el segundo, que tocaría a las micro, pequeñas y medianas empresas, es que los nuevos costos no puedan ser asumidos, lo que conduciría a recortes en el gasto de la contratación (despidos); un tercer escenario es que allí los empleos continúen, solo que ahora desde la informalidad (porque es más barata); y el cuarto escenario es que la empresa tome la decisión de cerrar (lo que ahogaría la capacidad productiva del país).
Es por lo anterior que Morad hace un llamado a tener cautela con los costos adicionales, de allí que la propuesta que se hace desde algunos sectores de la academia es a que estos incrementos no se hagan de forma deliberada, sino que se determinen con base en la disminución del desempleo y la informalidad, pensando en que son señales que muestran qué tan preparado está el mercado laboral para asumir las nuevas cargas.
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Ahora bien, no asumir de frente el tema de la informalidad es una apuesta arriesgada, pues sin una base mayor de contribución en seguridad social, el alcance y éxito de la reforma pensional (que también está radicada en el Congreso) comienzan a verse limitados (y un escenario similar se tiene en el campo de la salud).
A todo lo anterior Carlos Mario Sandoval, quien es socio líder de People Advisory Services, agrega que no hay estudios macroeconómicos que argumenten que la propuesta de reforma presentada por el Gobierno es la más conveniente para el país; al contrario, al encarecer los costos de la contratación, pareciera ser contraria a los datos que se conocen sobre el tejido empresarial colombiano. “Hace unos días Confecámaras informó que solo el 33,5 % de las empresas en el país sobreviven tras cinco años, es decir, personas que invierten con sus ahorros o préstamos. Adicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá informó que el año pasado el 25 % de las empresas no renovaron su registro mercantil ya que cerraron o porque no contaban con los recursos para la renovación de dicho registro. En otras palabras, ya estamos viviendo una circunstancia económica preocupante, aún sin la reforma laboral”, detalla.
Sin embargo, esto no quiere decir que Colombia no necesite una reforma laboral, y más si se tiene en cuenta que su actual marco normativo tiene más de 60 años. En eso coinciden los expertos, y en el hecho de que esta es una oportunidad que no se debería desaprovechar; solo que sus enfoques y prioridades deberían ser reevaluados.
Por ejemplo, para Andrés García Suaza, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, un enfoque acertado sería el de favorecer la conexión entre la oferta (las capacidades y conocimientos que tienen los trabajadores) con las demandas del mercado laboral. Actualmente, se evidencia una brecha en esta materia, porque las universidades y otros entes de formación continúan graduando profesionales para labores que no está requiriendo el mercado, mientras que las que sí, escasean.
También destaca la necesidad de que la reforma vea al empresariado colombiano como lo que es, uno que está mayormente conformado por micro, pequeñas y medianas empresas (el 95,3 % de las empresas en el país son micro). En esto también coinciden otros analistas, para quienes la reforma da a entender que está enfocada en grandes empresas. “La reforma está olvidando los problemas estructurales de generación de empleo y formalización”, reitera García.
Pero no todo es cuestionable en esta reforma, claramente. Por ejemplo, el director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, Stefano Farné resalta que el Gobierno quiera poner límites al contrato a término fijo (pues esta figura se ha empleado para labores que en la práctica son de un contrato a término indefinido), así como unas reglas más definidas para las empresas que prestan servicios temporales. No obstante, también coincide en que esta es una ley que aumentará los costos de contratación.
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“Nos estamos desgastando en discutir a qué hora debería empezar la jornada laboral nocturna, y el recargo en los días dominicales. La pregunta es: ¿en serio eso es lo que necesitamos? ¿Así vamos a arreglar el mercado laboral? Considero que el debate está mal enfocado. Nos estamos encasillando en una discusión que no va más allá y que está dejando por fuera temas realmente relevantes”, precisa Farné.
Víctor Julio Díaz también ve de forma positiva el que la reforma apueste a la formalización de los trabajadores de plataformas de reparto, y que además haya demostrado flexibilidad para establecer un contrato especial, lo que les brinda mayores garantías para que puedan manejar su tiempo de manera autónoma.
También hay que resaltar las apuestas que tiene la reforma en materia de trabajo agropecuario, convenios laborales para las víctimas del conflicto armado y las intenciones de regular la transición tecnológica en empresas en las que la automatización puede implicar una destrucción de plazas laborales. En esto último propone reconversión laboral, reubicaciones y, en última instancia, terminaciones de contrato con la previa autorización del Ministerio del Trabajo.
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Desde diversos sectores económicos también se ve como positivo el que el Gobierno le apueste a una regulación que formalice el trabajo de la población migrante, ya que la reforma propone que el estatus migratorio de una persona no sea impedimento para la exigencia de garantías laborales y de seguridad social. Esto, de cierta forma, permite que se nivele la cancha de contratación para con los nacionales, además de un empuje para la productividad y un engrosamiento de las bases contributivas de los sistemas de prestaciones sociales.
En suma, el panorama del mercado laboral colombiano demuestra que se requiere una reforma profunda para atender sus problemas más enraizados. El problema es que son tantos que es un verdadero reto saber por dónde empezar. La propuesta del gobierno de Gustavo Petro defiende la idea de que las transformaciones que se deben hacer en esta materia deben partir de las bases de un trabajo digno. Otras miradas no desconocen esta necesidad, pero consideran que sería más apropiado empezar por atacar ese monstruo de dos cabezas llamado desempleo e informalidad, especialmente este segundo.
Si se quiere ver, lo realmente positivo es que se haya abierto un gran debate en esta materia, teniendo la posibilidad (en el Congreso) de sacar adelante una reforma que redunde en el bienestar laborales de millones de trabajadores en el país.
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