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En un documento de 10 páginas, que entre algunos sectores ya despertó dudas por ciertos apartados, el Gobierno del presidente Gustavo Petro consignó la ruta jurídica con la que cualquier ciudadano colombiano sin importar su edad podría ejecutar “la corrección del componente sexo en el registro civil de nacimiento”.
El Espectador accedió al borrador de decreto que establece esos procedimientos y, según consta en varios de sus apartados, se establecen “variables” para identificar el género de las personas en sus documentos de identidad.
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En efecto, en uno de los incisos del segundo artículo se especifica que las personas que decidan acudir a este proceso podrán optar por “Femenino (F); Masculino (M); No Binario (NB); Trans o Travesti (T)”.
De acuerdo con la memoria jurídica del borrador de decreto, cuya elaboración la viene liderando el Ministerio de Justicia (en cabeza ahora de Ángela María Buitrago), lo que se busca es establecer un proceso claro para que las personas que busquen hacer este ajuste en sus identidades puedan acudir a él mientras el Congreso, según varias decisiones de la Corte Constitucional, deje de esquivar su responsabilidad en la materia y legisle sobre estos asuntos.
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“El Número Único de Identificación Personal (NUIP) no se modificará con la corrección del componente sexo en el Registro Civil, salvo en los casos de las cédulas de menos de diez dígitos, caso en el cual se podrá asignar un nuevo Número Único de Identificación Personal (NUIP) de diez (10) dígitos, en virtud a que el cupo numérico de las cédulas expedidas con anterioridad al año 2000, se asignaban de acuerdo con el sexo”, quedó especificado en otro de los apartados.
Uno de los asuntos en los que se deja claro que la intención de darle vida jurídica a este borrador de decreto –que tuvo una primera versión en abril pasado y que al final no llegó a ver su luz legal– es garantizar los derechos de libre desarrollo de la personalidad, a la autodeterminación y a la dignidad humana, los cuales, por supuesto, también deben ser garantizados para menores de edad.
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Y es en ese contexto que se busca establecer un mecanismo para que quienes tengan menos de 18 años y no acudan a pedir “la corrección del componente sexo” con algún acudiente sean igualmente atendidos y su requerimiento legalmente procesado. Esto, de acuerdo con los documentos en poder de este diario, permite asegurar que sus derechos sean respetados por el Estado.
“En los casos donde los menores de edad realicen la solicitud de corrección del componente sexo sin acompañamiento de representante legal, el Notario o la Notaria o la autoridad competente, deberá tramitar la solicitud y oficiar a la Defensoría de Familia o quien haga sus veces, conforme a lo establecido en el numeral 12 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006, para que suscriba la escritura pública correspondiente en representación del menor de edad”, se estableció en uno de los parágrafos del borrador de decreto.
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Y, para no dejar espacio a posibles controversias, se planteó esta salvaguarda: “En caso de que la persona solicitante sea menor de edad, y hasta tanto se adopte una ley de la República en la que se diseñe las herramientas de reconocimiento, desarrollo y protección efectiva de la identidad de género para menores de edad, que incluya el mecanismo notarial y expedito para la modificación del componente sexo del estado civil, quienes ejercen la función notarial no podrán rechazar la solicitud de corrección para una persona menor de edad, y deberán tramitarla bajo el procedimiento contemplado en el presente decreto, con observancia de los criterios de garantía de derechos fundamentales señalados por la jurisprudencia constitucional sobre la materia”.
¿Qué documentación se solicitaría si este documento queda en firme? De acuerdo con información oficial, se pediría “copia simple” del registro civil y del documento de identidad de quien solicite el procedimiento, declaración escrita manifestando “expresamente” que quiere hacerlo y el documento de identidad de las personas que “ejerzan representación legal” –y los soportes que lo certifiquen– en dado caso que esto aplique.
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“No se podrá exigir ninguna documentación o prueba adicional a las enunciadas”, se especificó para, entre otras cosas, evitar cualquier tipo de discriminación.
Si estos requisitos se cumplen, según el procedimiento que se quiere establecer, las notarías y el personal con funciones registrales tendrán cinco días hábiles para tramitarlo y ajustar el registro civil. Tras ello, el solicitante definirá si pide también ajuste en otro tipo de documentación y si, además, incluiría modificaciones a sus nombres.
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“Adicionalmente, este decreto busca que las personas con identidades de género diversas accedan a la exoneración de la tarifa asociada a los actos y trámites notariales derivados de la diligencia de corrección del componente sexo por una sola vez”, se aclaró sobre los costos en las memorias justificativas que –al igual que este nuevo borrador de decreto– están abiertos para comentarios públicos.
Y –ya en el documento que está en consulta– se aclaró: “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con apoyo del Departamento Nacional de Planeación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, adelantarán las acciones necesarias que deriven de la implementación de los nuevos marcadores de género en el Registro Civil de Nacimiento y el esquema de identificación ciudadana, con el fin de garantizar que las entidades del Sistema Estadístico Nacional y otros sistemas de información prioritarios administren adecuadamente las bases de datos públicas, estandaricen el uso de las variables relativas al sexo asignado al nacer y a la identidad de género para evitar incongruencias que afecten los derechos fundamentales de las personas que corrijan el componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento”.
En todo caso, si este documento sí ve la luz jurídica y termina con las firmas del Gobierno estampadas, se da un plazo de hasta seis meses para implementar lo que se busca con este procedimiento.
Entre tanto, pese a que varias entidades y organizaciones como la Registraduría o Colombia Diversa han hecho sugerencias de ajustes –pero ratifican su respaldo a la iniciativa–, existen algunas que plantean dudas de fondo que están en análisis.
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El Espectador también accedió a una serie de observaciones que remitió Colpensiones, en las cuales plantea asuntos como qué edad se aplicaría para el otorgamiento de una mesada pensional.
“¿Cómo se aplicará la edad de retiro en el Sistema General de Pensiones para las personas no binarias?, teniendo en cuenta que actualmente para las mujeres son 57 años y hombres 62 años”, es una de las inquietudes planteadas.
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Además, según la entidad, en el borrador de decreto se especificó que “el cambio del componente sexo y opcionalmente del componente nombre en los documentos de identidad” no altera la “personalidad jurídica” de quien acuda a estos procesos, lo cual abre otra duda no menor.
“En este entendido, ¿se consideraría que el cambio en el registro civil y en el documento de identidad, no generaría modificaciones de los derechos a los cuales accedería la persona, sino que se continuaría con el sexo o género de nacimiento?”, preguntó Colpensiones.
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Por ahora, mientras estas y otras dudas son subsanadas y se determinan los pasos finales para que este borrador de decreto tenga vida jurídica, el ajuste de género en los documentos de identidad es un procedimiento que se puede realizar actualmente.
Pero hasta tanto no haya una ruta normativa más clara y el Congreso –pese a los sectores retardatarios que han intentado cercenar desde el Capitolio los derechos adquiridos en materia de identidad– decida por fin legislar de fondo, esta ruta que quiere establecer el Gobierno del presidente Petro es un inicio para clarificar este proceso.
Este es el borrador de decreto completo:
Esta es la memoria justificativa del decreto:
Estos son los comentaros de Colpensiones:
Estos son los comentarios de la Registraduría:
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