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Mientras la campaña presidencial vuelve a girar alrededor de encuestas, peleas políticas y promesas repetidas, en Honda (Tolima) ocurrió una conversación distinta sobre Colombia. Durante tres días, y bajo la convocatoria de la Fundación Acordemos y El Espectador, gobernadores, magistrados, empresarios, líderes sociales, militares retirados y académicos discutieron cómo el abandono territorial terminó alimentando economías ilegales, debilitando la democracia y alejando a millones de personas de las decisiones que se toman desde Bogotá. Pero el encuentro no se quedó únicamente en el diagnóstico. También dejó una idea de fondo: quizás las respuestas que el país lleva décadas buscando no están únicamente en el centro político, sino en regiones que han aprendido a resistir, organizarse y sobrevivir incluso cuando el Estado llega tarde o simplemente no llega.
Las conclusiones quedaron condensadas en un documento que mezcla advertencias, propuestas y una idea que debería importarles a todas las corrientes políticas. Allí aparecen regiones donde grupos armados condicionan elecciones y contratación; territorios cansados de promesas incumplidas; y economías ilegales que terminaron reemplazando funciones estatales. Pero también aparecen comunidades, cooperativas y líderes que llevan años intentando sacar adelante sus territorios con recursos mínimos y poca ayuda institucional. Tal vez esa sea una de las conclusiones más importantes de Honda: Colombia no solo necesita entender mejor sus regiones para enfrentar la crisis. También necesita empezar a mirarlas como parte de la salida. El Espectador presenta ese mapa de problemas, pero también de posibles salidas, para entender por qué buena parte del futuro del país podría estarse jugando lejos de Bogotá.
Este es el documento completo:
Colombia está perdiendo territorios
En Honda hubo una frase que atravesó toda la conversación y que terminó convertida en advertencia electoral: Colombia está perdiendo regiones enteras. El deterioro de la seguridad ya no se mide en homicidios, sino en la capacidad de grupos ilegales para imponer reglas, controlar economías y decidir quién hace política. Los grupos armados no solo presionan votantes: determinan candidaturas, financian campañas y condicionan contratos. El fenómeno dejó de ser excepcional y el problema territorial amenaza el centro de la institucionalidad colombiana. La advertencia para la campaña presidencial fue directa: ignorar esa realidad tendría costos democráticos enormes.
Frente a ese panorama, en el encuentro se consolidó una idea transversal: el problema territorial no puede seguir enfrentándose únicamente con despliegues militares o estrategias diseñadas desde Bogotá. Varios participantes insistieron en que recuperar regiones implica construir presencia estatal sostenida, fortalecer gobiernos locales y devolverles capacidad de decisión a las comunidades. También se habló de reformar la organización electoral, fortalecer liderazgos y garantizar que el Estado llegue acompañado de infraestructura, justicia y oportunidades económicas. La advertencia fue clara: mientras los territorios sigan viendo al Estado como una presencia intermitente y lejana, los grupos armados seguirán ocupando espacios.
El problema ya no es solo seguridad: es también de economía
Una conclusión repetida en Honda fue que Colombia sigue interpretando el conflicto territorial como un problema exclusivamente militar, enfoque que resulta insuficiente frente a estructuras criminales que funcionan como ecosistemas económicos. La coca, el contrabando, la minería ilegal y el tráfico de combustibles dejaron de operar como economías aisladas y se integraron con cadenas legales, redes políticas y mercados regionales, reemplazando funciones estatales y organizando la vida cotidiana. Hubo críticas a las respuestas hipercentralizadas y policiales que tratan los territorios como escenarios idénticos, ignorando que cada región tiene economías ilegales distintas.
La conclusión que empezó a repetirse durante las conversaciones fue que Colombia necesita dejar de combatir economías ilegales únicamente desde la lógica de la persecución armada. Durante el encuentro, se habló de fortalecer capacidades estatales para entender cómo funcionan realmente esas redes económicas en cada territorio y seguir el flujo del dinero detrás del narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. También se planteó construir alternativas productivas sostenibles para comunidades rurales y privilegiar inversión pública orientada a fortalecer economías legales. Varios asistentes insistieron en que las estrategias exitosas serán aquellas que logren reemplazar incentivos ilegales por oportunidades reales de desarrollo y no únicamente operaciones temporales de contención militar en regiones históricamente abandonadas.
La política colombiana vive cómoda con la periferia abandonada
Durante el encuentro en Honda emergió una conclusión difícil de digerir: buena parte del sistema político colombiano aprendió a convivir con el abandono territorial. El problema no es únicamente falta de presencia estatal, sino un modelo político que nunca encontró incentivos reales para transformar sus periferias, convirtiendo ese abandono en una condición funcional para dinámicas electorales y burocráticas. Varios participantes cuestionaron décadas de reformas que intentaron corregir problemas territoriales mediante cambios normativos nacionales sin tocar la arquitectura política que sostiene la desigualdad regional. También alertaron sobre la pérdida progresiva de confianza ciudadana: en regiones controladas por actores armados, muchas comunidades dejaron de creer que votar cambia algo.
Buena parte de las propuestas discutidas en Honda giraron alrededor de reformar la relación entre representación política y territorio. Algunos asistentes insistieron en revisar el sistema de circunscripciones para fortalecer vínculos entre electores y representantes regionales, mientras otros defendieron cambios en la financiación de campañas para reducir la dependencia de poderes económicos y estructuras ilegales. Eso sí, hubo consenso sobre fortalecer capacidades de municipios y gobiernos locales para que las regiones no dependan completamente de decisiones tomadas desde el centro político. La idea de fondo fue repetida varias veces: mientras el sistema político siga encontrando rentable administrar territorios precarios, Colombia continuará atrapada en un modelo donde el abandono regional produce réditos electorales permanentes.
El Estado sigue pensando el territorio desde Bogotá
Otra de las críticas repetidas en Honda apuntó contra el centralismo con el que históricamente se diseña la política pública colombiana. Alcaldes, líderes territoriales y expertos coincidieron en que el país intenta resolver problemas profundamente locales desde escritorios en Bogotá, produciendo normas y programas nacionales sin entender las diferencias entre territorios con economías, culturas y conflictos distintos. Varios asistentes señalaron que Colombia construyó una obsesión normativa: crear leyes antes que implementar las existentes. Líderes comunitarios cuestionaron programas que imponen soluciones ajenas a las dinámicas locales, debilitando procesos como el Acuerdo de Paz o la sustitución de cultivos ilícitos.
Las discusiones terminaron apuntando hacia una clave: las políticas públicas necesitan empezar a construirse desde las realidades locales y no desde soluciones homogéneas diseñadas para todo el país. También hubo llamados a reducir la obsesión normativa y concentrar más esfuerzos en implementación efectiva. La apuesta que empezó a tomar fuerza fue avanzar hacia formas de gobernanza donde las comunidades, autoridades locales y sectores productivos tengan mayor capacidad de decisión. En otras palabras: dejar de administrar territorios desde escritorios centrales y empezar a gobernarlos desde sus propias necesidades concretas.
La descentralización también puede fracasar
Aunque durante años la descentralización fue presentada como una solución automática para cerrar brechas regionales, en Honda surgió una advertencia distinta: transferir más recursos no garantiza mejores territorios. Varios participantes insistieron en que el problema colombiano no puede reducirse a una discusión aritmética sobre cuánto dinero reciben alcaldías y gobernaciones. En regiones con débil capacidad institucional, captura política o presencia armada, más recursos pueden terminar fortaleciendo clientelismo, corrupción y economías ilegales. La discusión fue particularmente dura frente a algunos proyectos de redistribución presupuestal y frente a instituciones como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), señaladas como ejemplos de autonomía sin suficientes resultados visibles para las comunidades que deberían proteger.
En lugar de insistir únicamente en transferir más recursos, en Honda empezó a abrirse paso una propuesta distinta: fortalecer capacidades locales antes de ampliar competencias y presupuestos. También surgió con fuerza la idea de impulsar esquemas de asociatividad entre municipios y construir regiones funcionales capaces de prestar servicios conjuntamente. Más que descentralización automática, lo que se planteó fue una lógica de convergencia regional donde Estado, empresas, comunidades y autoridades territoriales compartan responsabilidades alrededor de proyectos comunes de largo plazo y desarrollo territorial sostenible.
La paz territorial sigue siendo prioridad
El Acuerdo de Paz con las Farc atravesó las discusiones en Honda, sobre todo por ser un proyecto territorial inconcluso. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) despertaron expectativas enormes en regiones históricamente abandonadas, pero produjeron frustración por retrasos, baja ejecución y desarticulación institucional. Líderes comunitarios describieron poblaciones cansadas de reuniones y promesas que nunca se convierten en transformaciones visibles. Muchas alcaldías nunca sintieron los programas como propios, sino como políticas impuestas desde Bogotá. Las críticas apuntaron a una fatiga acumulada durante casi una década de implementación fragmentada, cambios de prioridades y ausencia de continuidad estatal.
Aunque durante el encuentro hubo críticas fuertes a la implementación del Acuerdo, también apareció un consenso amplio alrededor de una idea: abandonar la lógica territorial del acuerdo sería un error todavía más grave. Varios asistentes insistieron en que programas como los PDET necesitan menos burocracia y más resultados visibles para las comunidades. También se habló de fortalecer capacidades técnicas locales y priorizar proyectos pequeños pero concretos que reconstruyan confianza institucional. La apuesta que empezó a consolidarse fue avanzar hacia intervenciones menos fragmentadas y más conectadas con necesidades reales de cada región. Para varios participantes, la paz territorial solo tendrá futuro si deja de sentirse como una promesa aplazada indefinidamente.
El Estado financia indirectamente a grupos armados
Uno de los diagnósticos más duros en Honda giró alrededor de la contratación pública en regiones con presencia de grupos ilegales. Varios asistentes afirmaron que entre el 7 y el 10 % del valor de ciertos contratos termina en pagos extorsivos a organizaciones armadas, convirtiendo al Estado en financiador indirecto de las estructuras criminales que limitan la gobernabilidad local. Para algunos participantes, el problema dejó de ser marginal y hoy hace parte de la economía cotidiana de muchas regiones. La advertencia fue especialmente fuerte porque, según explicaron varios asistentes, no existen mecanismos suficientes para detectar, medir o controlar sistemáticamente esa transferencia ilegal de recursos públicos.
Por eso, aparecieron propuestas que apuntaron a construir mecanismos mucho más agresivos de control sobre contratación pública en regiones con presencia armada. Algunos participantes plantearon sistemas especiales de trazabilidad para contratos, mientras otros defendieron esquemas de auditoría comunitaria con protección efectiva para líderes y veedores locales. Más allá de nuevas leyes, buena parte de la discusión giró alrededor de un problema práctico: entender cómo circula realmente el dinero público en territorios atravesados por economías ilegales. La conclusión fue contundente: mientras el Estado no controle esos circuitos financieros, seguirá debilitando su propia gobernabilidad territorial.
El Sisben y el asistencialismo están atrapando a las regiones
Uno de los momentos más comentados en Honda fue la crítica al Sisbén y al asistencialismo estatal. La conclusión central fue que Colombia construyó un sistema que premia la pobreza declarada y castiga la mejora económica. La frase más repetida lo resumió de manera brutal: El Sisbén, como está diseñado, hace que “esconder el televisor” sea la decisión racional. En algunos municipios rurales, el Estado invierte más en subsidios que en proyectos capaces de transformar economías locales. Las comunidades y varios asistentes insistieron, no necesitan solo ayudas económicas, sino vías, mercados, conectividad y asistencia técnica.
En medio de esa discusión, se asomaron ideas como solución. Varios participantes defendieron la necesidad de mantener ayudas sociales, pero acompañadas de estrategias orientadas a fortalecer productividad rural, infraestructura y capacidades locales. También se discutió la urgencia de revisar el diseño del Sisbén para evitar que siga funcionando como incentivo perverso alrededor de la pobreza declarada. La apuesta que apareció repetidamente fue construir políticas que permitan a las comunidades rurales producir, conectarse con mercados y generar ingresos sostenibles. Según varios asistentes, el verdadero desafío no sería repartir más subsidios, sino lograr que las regiones dejen de depender exclusivamente de ellos
Las regiones ya buscan soluciones sin esperar al Estado
En medio de los diagnósticos sobre violencia y abandono, en el encuentro en Honda apareció otro país: las comunidades rurales y organizaciones locales que llevan décadas construyendo soluciones sin esperar al Estado. Surgieron ejemplos de cooperativas impulsadas por juntas comunales, procesos productivos liderados por mujeres y jóvenes, e iniciativas de reincorporación que crecieron en territorios donde las comunidades aprendieron a organizarse frente a la ausencia institucional. El encuentro también dejó una crítica: mientras el debate público gira alrededor de crisis, las experiencias exitosas permanecen invisibles para el Estado y los grandes centros políticos.
En este contexto, uno de los mensajes más optimistas que dejó el encuentro fue que muchas regiones llevan años construyendo respuestas propias frente al abandono. Por ejemplo, jóvenes del Chocó que organizaron un campeonato regional de comunidades indígenas con 17 municipios representados, con recursos propios y sin ningún apoyo institucional; o la Ciudadela de Paz en Manaure (Cesar), diseñada por la Universidad Nacional y construida por firmantes de paz. Varios participantes insistieron en que el país necesita identificar, financiar y replicar esas experiencias exitosas en lugar de seguir concentrando toda la discusión en diagnósticos nacionales. La idea final fue clara: las soluciones más duraderas probablemente no surgirán desde las grandes ciudades, sino desde las propias regiones y comunidades.
Cambiemos la palabra descentralización, hablemos de convergencia
Hacia el cierre del encuentro empezó a consolidarse una idea: Colombia necesita dejar de hablar únicamente de descentralización. Para varios participantes, el problema territorial no puede resolverse simplemente trasladando competencias o recursos desde Bogotá hacia alcaldías y gobernaciones. La advertencia fue que, en regiones atravesadas por economías ilegales, instituciones débiles y captura política, más dinero no necesariamente significa más desarrollo o mejor democracia. Se habló también de territorios donde las comunidades terminan atrapadas entre programas inconexos, entidades nacionales que no coordinan entre sí y gobiernos locales sin herramientas suficientes para responder.
Por eso apareció con fuerza otro concepto: convergencia regional. La expresión intenta describir una lógica distinta, donde comunidades, autoridades locales, empresarios, universidades e instituciones nacionales construyan objetivos compartidos alrededor de proyectos territoriales sostenibles y con capacidad real de transformar regiones históricamente abandonadas por el Estado colombiano. Más que crear nuevas instituciones o producir nuevas leyes, la apuesta planteada en Honda apunta a coordinar capacidades que ya existen. La conclusión fue contundente: el desafío territorial colombiano ya no es únicamente distribuir recursos, sino lograr que el país empiece, de una vez por todas, a trabajar en la misma dirección.
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