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Colombia es, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país más letal de América para los defensores de derechos humanos. Setenta de los 126 asesinatos en América Latina que reportó esta entidad en 2023 ocurrieron en Colombia. La situación, que ha alcanzado cifras récord, la viene alertando hace décadas la CIDH porque hasta esa instancia internacional han llegado casos que demuestran lo peligroso y letal que resulta defender los derechos humanos en el país. Muestra de ello es el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que hace 23 años demandó al Estado colombiano, pero solo obtuvo respuesta oficial el 18 de marzo.
Desde su sede en Costa Rica, el alto tribunal internacional falló en contra de Colombia y responsabilizó a sus autoridades por violar los derechos a la vida, la integridad personal y la vida privada de los miembros del colectivo de abogados, así como de sus familias e hijos. Asimismo, encontró que el Estado violó otros derechos como el de la libertad de pensamiento y de expresión, la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra y a las garantías judiciales, entre otros. La historia del CAJAR que estudió la Corte IDH comenzó en la década de los 90, cuando sus abogados investigaban crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y otras graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado.
Lo que denunciaron los abogados fue una oleada de persecución, amenazas y hostigamientos para frenar sus procesos y las pesquisas que adelantaban, especialmente las relacionadas con los vínculos ilegales entre el Ejército y los grupos paramilitares. La situación fue aún más crítica durante el inicio del siglo, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) empezó a monitorear sus actividades, intervino ilegalmente sus correos, teléfonos fijos y celulares, y perfiló a sus integrantes para crear carpetas de inteligencia con sus nombres. Las víctimas no solo fueron los miembros de colectivo, sino que sus hijos, incluso menores de edad, también fueron blanco de estas amenazas.
Por las acciones del Estado contra el CAJAR, varios abogados tuvieron que exiliarse entre 2002 y 2010 para intentar salvaguardar su vida y la de sus familias. En medio de la tormenta de amenazas, exilios y perfilamiento ilegal, sus casos continuaron y sacaron adelante expedientes de ejecuciones extrajudiciales, o casos como los de las masacres de Uvos (1991) y Caloto (1992), en los que lograron llevar a la justicia a militares que habrían participado en los crímenes con grupos paramilitares; también el de la masacre de Mapiripán, en la que todavía hay altos mandos militares vinculados a estos hechos, como el general (r) Rito Alejo del Río, que derivaron en tortura, secuestro, desplazamiento y asesinato de más de 49 personas.
La Corte IDH determinó que lo que vivió el CAJAR fue completamente ilegal y que dependencias estatales llevaron a cabo actividades arbitrarias de inteligencia en contra de los abogados. “Las autoridades recopilaron y conservaron información, incluidos datos personales, a partir de lo cual elaboraron archivos y ‘hojas de vida’ que contenían anotaciones y registros de distinta naturaleza respecto a las víctimas, a quienes, hasta la fecha, no se les ha garantizado el acceso a los archivos de inteligencia, vedándoles la posibilidad de reclamar la actualización, rectificación o eliminación de los datos, según corresponda”, explicó el tribunal internacional en la sentencia que divulgó el 18 de marzo.
La Corte IDH fue más allá y confirmó que lo que el Estado colombiano cometió en contra del CAJAR “creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a organizaciones paramilitares información personal de estas últimas, obtenida con motivo de las labores de inteligencia desarrolladas”. Por estas graves violaciones de derechos humanos, el tribunal ordenó medidas de reparación como, por ejemplo, que el Estado deberá pedir disculpas públicas por lo ocurrido y realizar un documental que cuente la historia de los abogados víctimas y sus familias. Además, deberá reformular sus políticas de inteligencia y entregarles a los abogados los archivos creados en su contra de forma ilegal.
Una de las víctimas reconocidas por la Corte IDH es Jomary Ortegón, quien es hoy la vicepresidenta del CAJAR. En diálogo con El Espectador, la abogada explicó la importancia de esta sentencia y del precedente que sienta para otros casos en la región. “Esta es la primera vez que la Corte responsabiliza a un Estado por la violación del derecho a defender los derechos. Así, el tribunal reconoce que realizamos una labor valiosa y legítima, y enfatiza en que el Estado tiene la obligación de respetar, prevenir y proteger las garantías de no repetición frente a las agresiones que se desarrollan en contra de nuestra labor”, señaló Ortegón, quien además resaltó la importancia de que la Corte haya tenido en cuenta un enfoque de género en su decisión.
“Las principales organizaciones de derechos humanos están lideradas por mujeres, por ello es importante que se reconozca que se requiere un enfoque diferencial al atender las situaciones de riesgo. En el caso de estas, las agresiones suelen estar dirigidas a sus familias e hijos, y esto tiene una concepción patriarcal y envía el mensaje de que las mujeres no deben estar defendiendo los derechos humanos, sino que deben estar dedicadas a las labores del hogar y no en tareas con contenidos políticos, porque los derechos humanos tienen un alto contenido político de visibilización y empoderamiento”, agregó la abogada, quien además llamó la atención de una situación particular en el país.
Según Ortegón, Colombia, pese a ser uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos en el mundo, “no tiene un registro estatal de agresión. Esto no solo es un limitante para desarrollar políticas criminales adecuadas, sino para poder desarrollar una política de garantías coherente con la situación. Lo mínimo que debería tener el Estado es un sistema de registro de las agresiones”. La sentencia de la Corte IDH marca un punto histórico en este largo proceso judicial y llega a buen tiempo: no solo el país es el más letal para abogados en América, sino que miembros del CAJAR siguen siendo blanco de amenazas. Uno de los últimos rastros de esa persecución lo ha sufrido Yessika Hoyos, presidenta del colectivo.
La abogada, que representaba a víctimas en procesos contra militares y policías ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), tuvo que dejar varios de sus expedientes, pues ha sido víctima de amenazas. El más reciente ataque lo sufrió en enero de 2024, cuando recibió en su celular un mensaje con una amenaza de muerte relacionada con su labor como defensora de derechos humanos. Además, en 2022, personas sin identificar ingresaron ilegalmente a su casa y las investigaciones para identificar a los responsables nunca avanzaron. Por eso mismo, Ortegón concluye: “En ese contexto, uno podría decir que la situación de las personas defensoras en los territorios sigue siendo absolutamente grave”.
Con reportería de Luisa Fernanda Moscoso.
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